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Economía

¡El gobierno comunista de Pedro Sánchez lo ha conseguido! España no puede pagar las pensiones si Europa no envía dinero

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Pagar la nómina de pensiones se ha convertido este año en un ejercicio de equilibrismo que permita mantener los mínimos soportes que aún sostienen las maltrechas finanzas de la Seguridad Social, que además en 2020 tendrá que hacer frente al pago de las ayudas aprobadas durante estas semanas de confinamiento para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en la economía del país. La AIReF sitúa el déficit en el 5% para todo 2020 en el mejor escenario. Se estima un déficit del sistema de la Seguridad Social del 3,4%, dejando el déficit del SEPE en un 1,5%, ya que el SEPE es el que se encarga de las cotizaciones de desempleados. De este modo, el Gobierno se verá empujado a pedir ayuda a la Unión Europea para poder pagar las pensiones en los próximos meses y en 2021. El desbordamiento del déficit de la Seguridad Social en torno a los 60.000 millones de euros y la caída de las cotizaciones hace que la capacidad financiera del Sistema sea nula sin contribuciones del exterior. Unas inyecciones extra que, tras los dos préstamos concedidos por el Estado con este motivo supone una acumulación de deuda de la Seguridad Social de 99.350 millones de euros.

“De confirmarse estas estimaciones, el déficit contributivo anual, que no se ve afectado por las transferencias del Estado, se situaría en su nivel máximo histórico tanto en términos absolutos -en el entorno de los 30.000 millones de euros- como en términos de PIB, lo que exigirá, además de transferencias del Estado, nuevas operaciones financieras -préstamos con cargo a endeudamiento- y, veremos, si recortes de pensiones, algo descartado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, explica Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement Spain Willis en Towers Watson.

Ello, explica el experto, supone que España tendrá que solicitar ayuda financiera a la UE y, teniendo en cuenta la magnitud del déficit del Estado y el alto nivel de endeudamiento, la propia UE pondrá ciertas condiciones, más o menos exigentes, para poder acceder a ella. Cuando ha ocurrido esto en anteriores ocasiones (Grecia, Irlanda y Portugal), la UE ha exigido una reducción del sistema de protección social, principalmente de las pensiones, porque es la partida que más gasto absorbe.

“Este año es posible que no llegue a haber recortes porque podamos seguir manejando la situación. Sin embargo, el próximo año es casi seguro que si la situación no mejora mucho haya que hacer algún recorte“, asegura el profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Enrique Devesa. Así, calibra que se podría recortar una parte de las pagas extras de las pensiones, aunque no en el mismo porcentaje en todas las pensiones ya que sería más elevado en las pensiones altas y nulo o muy pequeño en las pensión más bajas. “Es muy difícil hablar de un porcentaje, porque habrá que esperar a ver la presión de los mercados y de la UE”, concluye.

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Otro de los puntos de análisis apremia a esperar a ver el saldo de la pandemia para adoptar medidas. “Sería un error tomar decisiones mirando al déficit de la Seguridad Social este año, o mientras estemos en mitad de una pandemia. Además, seguramente este año acabemos en deflación y por lo tanto la revalorización de las pensiones será mínima, por no decir cero”, argumenta el subdirector de Fedea y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la UCM, José Ignacio Conde-Ruiz. “Creo que es mejor para todos, que en lugar de hacer fuertes recortes ahora, como por ejemplo hicieron en Grecia y Portugal en la crisis de 2008 eliminando las pagas extras, se hagan las reformas que esta demandando nuestro sistema de pensiones desde hace muchos años. Estas reformas, afectarían muy poco a los actuales jubilados, ya sin margen para adaptarse a los cambios, y afectarían a los trabajadores que se jubilen en el futuro”, señala el profesor.

“Será necesario, en primer lugar, excluir todos los gastos que no sean estrictamente contributivos de la caja de la Seguridad Social, pasándolos a los Presupuestos Generales y acometer una subida proporcional de los impuestos generales”, apunta el economista Javier Santacruz asegurando que una vez que esto se haga, se verá la necesidad de recorte de pensiones.

(El Matinal)

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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