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Tribunales

Sánchez prescinde en Justicia de Dolores Delgado, la fiscal marcada por Villarejo

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La actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, no continuará al frente del departamento, según han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Delgado no se suma así a la lista de otros ministros confirmados este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos, Reyes Maroto o Luis Planas.

Dolores Delgado dejó una prestigiosa carrera fiscal en la Audiencia Nacional para hacerse cargo de la cartera de Justicia en una aventura política que queda marcada por la sombra del excomisario Villarejo, el “procés” y el fiasco en la renovación del Poder Judicial que llegó a acariciar con los dedos.

Delgado ha pasado 19 meses en el Gobierno de Pedro Sánchez, al que llegó como uno de los flamantes fichajes independientes y del que sale con el estigma de aquella comida compartida en 2009 con el excomisario José Villarejo de la que se publicaron algunos audios cuando llevaba pocos meses en el cargo.

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“Cualquiera que haya sido tocado por Villarejo está manchado” y “cuando más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política, mejor”, manifestó tras conocerse en septiembre de 2018 la grabación de aquella comida el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ahora vicepresidente del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Delgado resistió -Sánchez ya había dejado caer a Màxim Huerta y Carmen Montón- y continuó al frente del Ministerio, pero sin poder sacar adelante sus proyectos más ambiciosos.

En los cajones quedaron la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, que se redujo simbólicamente a la exhumación de Franco; la recuperación de la justicia universal y el cambio de tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.

Delgado (Madrid, 1962) dio el salto a la política de la mano de Sánchez tras 25 años de reputada carrera de fiscal, especializada primero en narcotráfico y más tarde en terrorismo yihadista.

Su llegada fue bien recibida por jueces y fiscales, colectivos que acababan de hacer una huelga al último ministro del PP, Rafael Catalá, en la que ella misma había participado.

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Pero pronto vio la imposibilidad de atender todas las demandas de sus antiguos compañeros, que volvieron a convocar un paro en su etapa.

Reivindicaciones profesionales y legislativas, como la supresión del polémico artículo 324 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el que limita los tiempos para investigar causas penales, quedan pendientes para la legislatura que ahora arranca. También acabó enfrentada con los abogados por el pago del turno de oficio.

Tampoco atendió la petición de los jueces de cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), convencido el PSOE -y también Podemos-, de que debe ser el Parlamento quien los nombre, ya que es ahí donde reside la soberanía popular.

Aunque los socialistas lograron fraguar con el PP un pacto para renovar ese órgano, que pasaba por nombrar presidente del Supremo y del CGPJ a Manuel Marchena, el acuerdo saltó por los aires en el último instante por un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de controlar la Sala de lo Penal del Supremo por “detrás”.

Ahora, esa renovación (para la que se antoja imprescindible el acuerdo de socialistas y populares porque necesita el sí de tres quintas partes de la Cámara) parece imposible, toda vez que el PP defiende ahora que deben ser los jueces quienes elijan directamente a quienes dirijan el Poder Judicial.

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Pero la etapa de Delgado en el ministerio no se entiende sin el episodio Villarejo. Primero fue la publicación de una anotación del excomisario sobre una supuesta reunión con ella, entonces fiscal, para tratar una extradición. Y cuando la Fiscalía desmintió su participación en ese caso, se filtró la grabación de la comida.

Un almuerzo de 2009 al que asistió con su amigo Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional, y varios comisarios y que de inmediato la situó en el ojo del huracán.

Delgado se declaró víctima de una conspiración y el contenido de la grabación no ha tenido recorrido judicial, pero sí hizo correr ríos de tinta, desveló comentarios ofensivos contra compañeros de la Audiencia (“maricón”, en el caso de Fernando Grande-Marlaska) y centró en ella durante meses los ataques de la oposición.

De hecho, Delgado fue reprobada dos veces en el Congreso y una en el Senado, todas ellas a iniciativa del PP, que, mientras negociaba con ella la renovación del CGPJ, la convertía en la diana de sus críticas.

Sobre todo por el “procés”. Primero al acusarla de no defender correctamente al juez Pablo Llarena ante la demanda que los independentistas presentaron contra él en Bélgica y luego por la posición de la Abogacía del Estado ante el juicio, que optó por acusar a los procesados de sedición y no de rebelión, como defendió la Fiscalía.

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La sentencia del Supremo finalmente dio la razón a la Abogacía del Estado, pero la institución vivió momentos turbulentos y fue cesado el responsable del área penal, Edmundo Bal, que defendía el cargo de rebelión y que fue elegido poco después diputado de Ciudadanos.

A pesar de críticas y polémicas, Sánchez mantuvo su confianza en ella y la situó en el quinto puesto en las listas del PSOE por Madrid tanto en las elecciones de abril como en las del pasado 10 de noviembre. Ahora, queda fuera del Gobierno de coalición.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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