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España

Un país llamado burdel

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LTY.- Según información aparecida últimamente en la prensa, alrededor del 50% de los presos extranjeros que hay actualmente en las cárceles españolas se encuentran en situación irregular en nuestro país. Luego, si las matemáticas son una ciencia tan exacta como dicen los que han estudiado, el 50% restante lo conforman inmigrantes legalizados.

De este dato surge una realidad reveladora acerca de la criminalidad extranjera en España, que desmonta un mito comúnmente aceptado como oro de ley, y es que la ilegalidad de los extranjeros no es un factor determinante en su tendencia, inclinación o voluntad de delinquir: la inmigración legal genera tanta criminalidad como la ilegal. La delincuencia inmigrante no está ligada a la ilegalidad ni la legalidad de manera preferente: los inmigrantes deliquen independientemente de su situación legal o ilegal. Queda de esta manera destruida la teoría según la cual la inmigración que delinque es mayoritariamente la ilegal (por las condiciones de marginalidad y precariedad, imposibilidad de trabajar por falta de “papeles”, etc.), enfoque que no pretende otra cosa que disculpar los altísimos índices de criminalidad de la inmigración en España.

No pensemos por tanto que expulsando únicamente a los inmigrantes ilegales que delinquen (si es que se hiciera, que nada indica que se vaya a hacer) se terminaría el problema de la delincuencia extranjera: sólo acabaríamos con parte de ella. Sería como matar al tonto y dejar la tonta preñada. Quien tiene malos instintos, quien es persona de mal vivir, no verá su comportamiento modificados para bien, hacia el acatamiento de la ley y el respeto de sus semejantes, por el simple hecho de disponer de un permiso de residendia al día. Tan feroz es una hiena del zoológico de Barcelona con todos sus papeles en regla, e incluso vacunada y desparasitada, como una hiena indocumentada y llena de garrapatas del Serengueti. Ambas deben ser tratadas como corresponde: hay que sacarlas de la circulación, apartarlas de sus potenciales víctimas, dejarlas en estado de impotencia.

Algunos inmigrantes ilegales cometen delitos para permanecer en España. Mientras dura la instrucción del caso siguen en la calle si el delito no es de una extrema gravedad, es decir si no hay un muerto de por medio, pues aunque se pille a alguien con un arsenal de guerra en su poder, lo máximo que le puede pasar es que lo obliguen a presentarse en el juzgado cada 15 días. Cuando hay una condena, si la pena es inferior a 6 años, no ingresan en prisión, se les expulsa. En realidad, esto significa que se les entrega un papel sellado en el cual se les notifica a los interesados que deben hacer abandono del país en un plazo perentorio, orden que nadie acata ni hace acatar. Por lo tanto estos siguen en España, pues nadie los agarra por el cuello y los ponen en un avión con un billete de regreso a sus lugares de origen.

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Mientras, otros inmigrantes legales utilizan su permiso de residencia como un seguro contra la expulsión en caso de cometer algún delito. El delito es concebido así como una vía válida y efectiva hacia la permanencia indefinida o definitiva, y el permiso de residencia como una patente de corso para delinquir sin temor a la expulsión. Tanto el delito por una parte, como el permiso de residencia por la otra, son utilizados, desde distintas situaciones de estancia legal e ilegal, como formas de impedir la expulsión y como garantía de impunidad. Hagan lo que hagan seguirán alojados en el hotel España con los gastos pagados. Estas maniobras se han desarrollado hasta ahora con éxito al amparo de la benignidad y las contradicciones de nuestras leyes (y la extendida permisividad de sus ejecutantes) y de la tolerancia generalizada de una sociedad que sigue sin reaccionar.

Estra burla contínua a la sociedad española abusada en su generosidad y asaltada en su buena fe por esta legión de indeseables internacionales debe cesar de inmediato. La entrada en España debe ser previamente autorizada y la permanencia merecida. Este es el sensato principio que debe regir nuestra política inmigratoria. Aunque a estas alturas del partido, con 8 millones de extranjeros en nuestro país convertido en coladero, da casí vergüenza andar proponiendo medidas que ya están totalmente rebasadas por la realidad. Hay que encarar la situación de frente y decir claro y alto lo que ya no se puede callar: urgen expulsiones masivas inmediatas. Es una cuestión de vida o muerte para la nación española. Vamos tarde.

Hasta los burdeles se reservan el derecho de admisión y echan sin contemplaciones a los indeseables y los camorristas a la calle. ¿Será España menos que un burdel? ¿Tal vez una letrina a cielo abierto?

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Avatar

    Ramiro

    07/07/2019 at 13:38

    En España MÁS DE LA MITAD DE LOS PRESOS SON EXTRANJEROS.
    Pero “solo” un 20% de la población es extranjera.
    Luego, ALGO MAL ESTAMOS HACIENDO, que viene aquí lo peor de cada casa (con alguna excepción, por supuesto).

  2. Avatar

    Ramiro

    19/10/2018 at 10:31

    En España MÁS DE LA MITAD DE LOS PRESOS SON EXTRANJEROS.
    Pero “solo” un 20% de la población es extranjera.
    Luego, ALGO MAL ESTAMOS HACIENDO, que viene aquí lo peor de cada casa (con alguna excepción, por supuesto).

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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