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Economía

Deliveroo y Glovo dicen que hay “riders” que facturan hasta 100.000 euros

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La defensa de la empresa Deliveroo en el juicio por la denuncia interpuesta por Inspección de Trabajo ha defendido esta mañana ante Juzgado de lo Social número 29 de Madrid que los «riders» no tienen «ningún tipo de dependencia» con la compañía y ha denunciado «presión política» sobre el caso.

La vista oral continuará esta tarde con los testigos. La Tesorería General de la Seguridad Social se enfrenta a Deliveroo por dar una «falsa apariencia» de autónomos por cuenta propia para «encubrir» una relación laboral ordinaria. Están afectados un total de 500 repartidores en la región.

En primer lugar, han expuesto sus argumentos los demandantes, comenzando por el letrado de la Tesorería General, que se ha basado en que los «riders» no tienen una organización propia como trabajadores autonomos ya que no tienen ningún tipo de relación con los clientes.

Así, ha considerado que se trata de una prestación «personalísima» en la que se estipila la prohibición de la delegación de su trabajo, algo que ha considerado como signos «distintivos» de la ajeneidad en el trabajo.

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En este sentido, el abogado representante de UGT, Bernardo García, ha señalado la importancia que tiene la formación de los «riders» por parte de la empresa, algo que determina, según su argumento, que los trabajadores no tienen «capacidad alguna» de ofrecer al mercado ese servicio, ya que es la propia empresa la que fija precios y tarifas.

Asimismo, ha destacado que lo importante a la hora de realizar su trabajo es la disponibilidad que, según su criterio, es uno de los rasgos que se da para que se consideren como trabajadores por cuenta ajena.

Por otro lado, el letrado de CCOO, Enrique Lillo, ha afirmado que es «radicalmente incierto» lo que se ha venido defendiendo por parte de la empresa y ha señalado que la propia direccion de Deliveroo «reconoce» que los repartidores trabajan «de forma común y uniforme».

En cuanto a la forma de pago, Lillo ha afirmado que el pago no se realiza directamente al repartidor, sino que el cliente paga a la plataforma, por lo que es la empresa la que recibe los ingresos.

Por ello, el letrado ha aludido al principio de «ajeneidad en los frutos», ya que ha asegurado que si fueran autonómos, los trabajadores recibirían los ingresos, y que la novedad de esta categoría de trabajo es simplemente la aplicación web.

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Por otro lado, las plataformas digitales Deliveroo y Glovo han negado hoy que sus repartidores sufran condiciones precarias y han asegurado que algunos de ellos facturan entre ambas plataformas hasta 100.000 euros. Así lo ha defendido el abogado de Deliveroo, Román Gil, durante su intervención.

«Hay un elevado número de «riders» con notable éxito económico», ha resaltado el letrado ante el juez, una «realidad» en la que se encontraban cerca de 40 de estos repartidores, según su testimonio.

Gil ha explicado que Glovo ha aportado voluntariamente cifras sobre lo que facturan repartidores que dan servicio a ambas aplicaciones, y ha dado detalles de casos concretos.

De acuerdo con estas fuentes, uno de estos «riders» facturó 56.000 euros a una empresa y 45.000 a otra; otro facturó 50.000 y 34.000 euros, respectivamente; y un tercero registró ingresos por 66.000 y 11.000 euros procedentes de estas plataformas, aunque no ha precisado el periodo exacto.

Tanto Deliveroo como Glovo estiman que sus repartidores entregan pedidos para la plataforma durante unas 20-25 horas por semana de media, con unos ingresos brutos de entre 800 y 1.000 euros al mes.

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«La plataforma no da instrucciones»

El abogado ha comenzado haciendo referencia a las sentencias del Tribunal Supremo sobre la empresa Glovo en las que se muestra que los repartidores no tienen asignada ninguna zona determinada, así como tampoco días y franjas horarias.

Además, ha afirmado que se ha reconocido que los trabajadores pueden rechazar pedidos, no tienen que comunicar sus días de vacaciones y cobran por pedido realizado.

Por ello, ha considerado que los «riders» tienen capacidad propia y que no existe ningún tipo de dependencia de la empresa, ya que los trabajadores se hacen cargo de sus propios gastos y no tienen horario determinado.

En este sentido, el letrado de la defensa ha hablado de la «presión política» que está recibiendo este caso que siembran «una sombra de sospecha obvia sobre la posible parcialidad», en relación a la actuación de la Inspección de Trabajo.

El abogado de la empresa, tras una larga exposición, ha mantenido que la plataforma «no da instrucciones» y que los patrones «reales» de prestación de servicio oscila «considerablemente» de un trabajador a otro.

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Así, ha asegurado que el análisis «real» de cómo se prestan los servicios muestran es «ajeno a todo lo que se entiende comunmente como laboralidad», ya que los repartidores toman decisiones «de verdad».

A ello, el letrado ha abogado que no se obliga a trabajar en ciertas franjas horarios, sino que se puntúan «positivamente» alguna de ellas como las que comprenden del viernes al domingo de 9 a 11.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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