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Economía

El gasto en pensiones sube a 9.535 millones en enero con un alza histórica

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El gasto mensual en pensiones contributivas de la Seguridad Social ha alcanzado los 9.535,52 millones de euros en enero, lo que supone un incremento interanual del 7,08 %, marcando así la mayor subida al menos desde 2009, primer año del que se dispone de comparativa.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, diciembre es el sexto mes consecutivo en que la nómina de pensiones aumenta más del 4 %, después de varios años con encarecimientos más moderados.

El alza del gasto en pensiones es consecuencia del incremento natural del número de pensionistas así como de su revalorización general del 1,6 %, que alcanza el 3 % en el caso de las pensiones mínimas y las no contributivas, así como del alza del 56 % al 60 % de la base reguladora de la pensión de viudedad.

En este mes, la pensión media de jubilación ha sido de 1.129,66 euros, lo que supone una subida del 5,1 % respecto a enero de 2018, mientras que la de viudedad se ha situado en 707,4 euros, tras elevarse un 8,6 % respecto al año anterior.

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En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, se ha situado en 983,46 euros mensuales, tras un ascenso interanual del 5,72 %.

En su conjunto, en enero se abonaron 9,69 millones de pensiones contributivas, un 1,29 % más que hace un año, y el 61,88 % de ellas fueron prestaciones por jubilación (6.000.191) y el resto de viudedad (2.361.540), así como de incapacidad permanente (954.031), orfandad (337.866) y a favor de familiares (42.242).

En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (con datos de diciembre) es de 1.348,84 euros (lo que supone un incremento del 1,26 %, el mayor para este mes de los últimos tres años).

Por género, las mujeres son las que acaparan la mayor parte de las prestaciones por viudedad (92,2 %) y a favor de un familiar (69,4 %), mientras que los hombres son mayoritarios entre los pensionistas por incapacidad permanente (63,9 %), jubilación (61,8 %) y orfandad (52,5 %). En conjunto, los hombres acaparan el 48,4 % de las prestaciones y las mujeres el 51,6 % restante.

La edad media del pensionista español es de 72 años, con un promedio de 74 años entre las mujeres y de 70 años entre los hombres.

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Por comunidades autónomas, las pensiones medias más altas, todas por encima de los mil euros mensuales, se han cobrado en Vascongadas (1.223,15 euros), Asturias (1.161,21), Madrid (1.157,8), Cantabria (1.036,63), Navarra (1.130,52), Aragón (1.036,81 euros) y Cataluña (1.019,38).

Las más bajas, por contra, se han abonado en Extremadura (818,99 euros), Galicia (833,31), Murcia (864,78), Andalucía (881,62), Canarias (902,45), Valencia (906,07), Castilla-La Mancha (907,51), Baleares (909,96), La Rioja (960,30) y Castilla y León (970,93).

Las pensiones medias en Ceuta y Melilla han sido de 992,44 y 925,83 euros mensuales, respectivamente.

Donde más pensionistas hay es en Cataluña (con un 17,8 % del total y un aumento interanual del 1,1 %) y Andalucía (con el 16,1 % del total y un incremento del 1,4 % respecto a enero de 2018).

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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