El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el caso conocido como el de ‘3 por ciento’, ha citado a declarar el próximo 10 de septiembre como investigado al exgerente de TV3 Oriol Carbó por haber participado presuntamente en la trama de financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, después de que el empresario Joan Manuel Parra, responsable de Hispart, reconociera que el partido catalán supuestamente utilizó un sistema de facturación falsa a través de una productora de programas de TV3 para financiar actos de la campaña electoral de 2010, en las que Artur Mas optaba por primera vez a la Presidencia de la Generalitat.

Parra fue llamado a declarar como testigo en la Audiencia Nacional a finales del pasado mes de julio para que ratificara un escrito presentado en el Juzgado de lo Penal número 23 de Barcelona, donde será juzgado en septiembre por los mismos hechos, en el que admitía haber cobrado 750.000 euros por parte de Triacom Audiovisual por los servicios prestados a CDC en actos electorales.

Tras esta comparecencia, en el que se reveló el ‘modus operandi’ de la presunta financiación irregular de CDC, el fiscal José Grinda solicitó al juez De la Mata que citase a declarar como investigado a Carbó, así como que requiriera determinada documentación a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en relación con la productora. Ambas peticiones han sido acordadas por el magistrado, según consta en dicho auto.

FINANCIACIÓN ENCUBIERTA

En la resolución, el juez De la Mata argumenta que los hechos encajan en la investigación a altos cargos de CDC, que habrían puesto en marcha “una estructura para financiar ilegalmente a este partido político, de forma encubierta”. Explica que los responsables del partido habrían pactado con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, la forma de alterar “todo tipo de concursos públicos” para que los empresarios que realizaban donaciones a las fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Forum Barcelona) resultaran beneficiarios de la misma.

En este caso concreto, el juez afirma que el “patrón” seguido es el “habitual” y que existen indicios para considerar que Triacom, y en particular su responsable, Oriol Carbó, “siguió las instrucciones específicas” del exsecretario de Gobierno de la Generalitat Germà Gordó para que abonara al empresario de Hispart “la deuda que el partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC) había contraído con esta empresa, especializada en producción audiovisual, por la organización y producción de la campaña electoral del CDC de 2010”.

REUNIONES PARA CONCRETAR LAS FACTURAS

Asimismo, el magistrado detalla que tras las indicaciones de Gordó, el responsable de Hispart se entrevistó con Carbó para que éste, también “debidamente informado e instruido”, le indicara cómo debía preparar las facturas que se debían girar a Triacom Audiovisual, así como su periodicidad, pues convinieron que la cantidad estimada se abonaría en un plazo de seis meses.

Gordó y Parra mantenían reuniones o conversaciones “justo antes” de que se emitiese cada factura para concretar el concepto, que estaría siempre relacionado con colaboraciones de la Hispart en producciones de Triacom para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), “obviamente inexistente”, destaca la resolución. Según indicó Parra en su declaración, la facturación estaba relacionada con programas como ‘Fish and Chips’ y ‘El gran Dictat’, emitidos en TV3.