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Economía

El número de trabajadores afectados por un ERE se dispara un 32% en los nueve primeros meses del año

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El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas ha crecido un 32% en los nueve primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2018, hasta sumar 54.201 afectados, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En estos primeros nueve meses del año han destacado los EREs de extinción en compañías del tamaño de Banco Santander, Caixabank y Vodafone, que en conjunto han afectado a más de 6.000 empleados, y las suspensiones de contrato en la factoría de Ford en la localidad valenciana de Almussafes.

Según el Ministerio de Trabajo, las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo han aumentado un 0,5% entre enero y septiembre, hasta un total de 1.517, en tanto que los expedientes se redujeron un 8,3%, hasta 2.084 procedimientos.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se ha disparado un 40,4% en tasa interanual, hasta sumar 20.403 trabajadores.

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Las suspensiones de contrato han afectado a 32.159 trabajadores, un 35,4% más, mientras que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 40%, hasta los 1.639 trabajadores. Del total de procedimientos registrados hasta septiembre, el 87,8% contaban con acuerdo entre las partes, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Por sectores, industria y servicios concentraron el mayor número de afectados por ERE en los nueve primeros meses, con 31.321 y 20.690 trabajadores, respectivamente, con un repunte del 42,5% en el primer caso y del 20,2% en el caso de los servicios.

La construcción, por su parte, ha registrado 1.643 trabajadores afectados por regulaciones de empleo, un 41% más, en tanto que en la agricultura se vieron inmersos en un ERE un total de 547 trabajadores, un 17,7% menos que hasta septiembre del año pasado.

Comunidad Valenciana, la más afectada

Por comunidades autónomas, la que registró un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en el periodo enero-septiembre fue la Comunidad Valenciana, con 16.700 trabajadores implicados, cifra que multiplica por más de cuatro la del mismo periodo de 2018.

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Casi todos los trabajadores afectados en esta región se han visto inmersos en un ERE de suspensión de contrato (14.652). En ello han tenido mucho que ver los EREs temporales de suspensión de contratos que se han aplicado a lo largo de este año en la factoría de Ford en Almussafes.

Tras Comunidad Valenciana han destacado Madrid, con 7.549 afectados (-23,4%); Cataluña, con 7.083 (+37,9%), y Galicia, con 3.619 afectados (+90,9%). El número de trabajadores afectados por ERE ha bajado hasta septiembre en cinco comunidades y subió en doce y en Ceuta y Melilla.

Los mayores descensos se los anotaron Navarra (-79,8%) y La Rioja (-31,4%), mientras que los mayores ascensos correspondieron a Comunidad Valenciana (+334%), Cantabria (+110,3%) y Galicia (+90,9%).

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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