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Economía

Guaidó acusa a Maduro de intentar transferir hasta 1.200 millones de dólares a Uruguay

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El líder opositor venezolano Juan Guaidó denunció ayer que el gobierno de Nicolás Maduro intenta mover entre 1.000 millones y 1.200 millones de dólares a Uruguay, en medio de la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país petrolero y sus pocas opciones para operar en el mercado financiero internacional.

El Congreso opositor acordó en enero solicitar a naciones del mundo que congelen las cuentas de la República, aprovechando que Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa y de la región desconocen el segundo mandato de Maduro.

El venezolano Banco Nacional de Desarrollo (Bandes) cuenta con una sucursal en el país sureño y Guaidó solicitó a Montevideo detener esa transferencia de fondos hacia esa institución, porque considera que es una vía para “robarse” el dinero.

Al gobierno de Maduro se le hace cada vez más cuesta arriba movilizar recursos en el sistema financiero internacional, una vez que los bancos globales prefieren no ser intermediarios de las transacciones debido a las sanciones financieras que impuso Estados Unidos.

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Los fondos que supuestamente se intentarían mover hacia Uruguay estarían en cuentas que administra el equipo de Maduro en bancos europeos, entre ellas la institución Novo Banco, dijo el diputado Carlos Paparoni en su cuenta de Twitter.

Agregó que le informaron a Guaidó sobre las cuentas donde están “los activos de Venezuela en Portugal” y señaló que solicitaron “al Novo Banco y al gobierno (portugués) la protección de los activos de Venezuela en ese país”.

El Bandes y Novo Banco no respondieron a solicitudes de comentarios.

La transacción es planificada después de que más de una docena de naciones de Europa reconocieron al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino el lunes.

En medio de la crisis política, el gobierno de Uruguay ha preferido llamar a un diálogo entre la oposición y Maduro, a quien todavía consideran presidente legítimo, acompañado en esta posición por México.

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El equipo de Guaidó, tras asumir la presidencia bajo un mecanismo previsto en la Constitución de ese país, intenta tomar control de una filial de la petrolera venezolana en Estados Unidos y detener la venta de oro en el extranjero, según algunos de sus miembros.

Una firma de Emiratos Árabes Unidos, que adquirió unas tres toneladas de oro al Banco Central de Venezuela en enero, dijo la semana pasada que no planificaba más compras hasta que la situación del país caribeño se “estabilizara”.

 

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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