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La Guardia Civil eleva a 4 millones de euros el gasto de «dinero público» para lograr la independencia

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La Guardia Civil eleva ya a más de 4 millones de euros el gasto de «fondos públicos» de la Generalitat de Cataluña en su camino para lograr la independencia, según uno de los últimos informes, al que ha tenido acceso Europa Press. El instituto armado añade, a los 3,26 millones empleados en el 1-O, otros 760.000 euros destinados a programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado.

Según este informe, entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el «procés», la Generalitat ha contratado -desde 2014 hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución- el desarrollo de dos programas informáticos con el objetivo de obtener datos del IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social de los ciudadanos y de poder recaudar impuestos masivos excediendo sus competencias.

La última de estas herramientas informáticas costó un total de 241.382,30 euros, la llamada «back office SAP TRM», que formaría parte del sistema informático de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Este programa permitía, según el informe policial, llevar a cabo el «objetivo principal» de obtener el control sobre una importante cantidad de ingresos tributarios -IRPF y cotizaciones sociales- que permitiese financiar las necesidades básicas de la Generalitat de Cataluña hasta que la Agencia Tributaria Catalana fuese plenamente operativa, en el supuesto de una Cataluña independiente.

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Interpretación «abusiva» de la ley tributaria

Para ello, los investigadores exponen que la Generalitat realizó una interpretación «abusiva» de la Ley General Tributaria, que permite utilizar un asesor fiscal como intermediario para presentar las declaraciones y liquidaciones del impuesto ante Hacienda. Utilizando esta posibilidad, la ATC se presentaba como actor intermedio entre los contribuyentes catalanes y la Agencia Tributaria estatal.

De esta forma lograban implementar una medida que les permitiera canalizar estos fondos a través de un ente que tuvieran bajo su control directo, la Agencia Tributaria Catalana, y presentaban a ésta como una medida destinada a facilitar los trámites tributarios y la eficiencia de estos para de este modo «evitar despertar las sospechas de las autoridades centrales».

Para ello, a principios de septiembre, la Generalitat inauguró 32 oficinas de la ATC y anunció que disponía de una «herramienta informática mucho más potente para afrontar la gestión de impuestos de carácter masivo». Aumentaron también el personal, aunque el objetivo era llegar a tener 5.000 trabajadores una vez que lograran las plenas competencias en materia fiscal y para ello, querían contar con los profesionales de la Agencia Tributaria española en Cataluña, cerca de 4.000. Una cifra en la que también incluían al personal de aduanas y el Catastro.

El Gobierno de Rajoy ordenó desactivar el programa

Este desarrollo informático fue encargado a la empresa IBM, a quien la Generalitat tuvo que pedir, una vez que se aplicó el 155 de la Constitución, que cerrase y desactivase la aplicación definitivamente ya que el Gobierno de Mariano Rajoy no consideró competente a la Administración Tributaria de Cataluña (ATC) para gestionar el IRPF y las cotizaciones sociales. El coste de desactivar el programa fue de 16.162,20 euros.

Pero este no fue el primer y único intento de la Generalitat de hacerse con los datos tributarios de los contribuyentes y de lograr una herramienta que les permitiera recaudar ellos mismos todos los impuestos cuya exclusividad es del Estado.

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Ya en 2014, la Generalitat catalana, con la administración de Artur Mas, contrató el desarrollo de otra aplicación informática llamada «Gestor de Entradas», para que las personas que voluntariamente lo desearan pudieran entregar a la Agencia Tributaria Catalana una copia de la declaración del IRPF con posterioridad a haberla presentado en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

Con ello, pretendían alimentar las bases de datos de la ATC con la información relativa al IRPF, a pesar de que los responsables de la Generalitat no tenían ningún tipo de competencia en relación con ese impuesto.

Esta aplicación sólo estuvo operativa en 2014 y se realizaron tareas de mantenimiento hasta 2016, año en que fue dada de baja en el inventario del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), entre otras razones, por el escaso uso que le dieron los ciudadanos que tributan en Cataluña.

La puesta en marcha de esta herramienta daba soporte, según el informe de Guardia Civil, a una campaña promovida por la Asamblea Nacional de Cataluña llamada «Declara en Cataluña» en la que se mencionaba que la Hacienda catalana era una estructura de Estado imprescindible en el camino hacia la independencia.

Medio millón por una herramienta que no usaron los contribuyentes

El coste de esta herramienta, descartada dos años después de crearse, fue de 511.720,95 euros. Según los investigadores fue creada para obtener «de manera unilateral la mayor cantidad posible de información relativa a un impuesto, el IRPF, cuya competencia correspondía en exclusiva la administración estatal».

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Por ello, en sus conclusiones, consideran que «los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña pudieron haber hecho un mal uso de los fondos públicos, arrogándose competencias de las que carecían» y añaden que «la cuantía total destinada a las actividades recogidas en este informe ascendió a un total de 759.390,58 euros».

En esa cantidad incluyen también el 45 por ciento del coste de los viajes al extranjero de los dirigentes de la Generalitat para buscar financiación para la República que pensaban implementar y que asciende a 6.287,33 euros. El porcentaje restante no está registrado ya que están a la espera de recibir los datos que aún no ha aportado la Generalitat. A ellos se suman los 241.382,30 euros de los programas informáticos para recaudar impuestos masivos del Gobierno de Puigdemont y los 511.720,95, del Gestor de Entradas desarrollado por el de Artur Mas para lograr los datos fiscales de los contribuyentes.

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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