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Economía

Los ministros Duque y Celaá, Marcos De Quinto, Espinosa, y Tejerina y Rodríguez, los diputados con mayor patrimonio

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Los ministros socialistas Pedro Duque, Isabel Celaá y María Luisa Carcedo, las exministras del PP Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez, el también ‘popular’ Adolfo Suárez Illana, el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, el diputado de Ciudadanos (Cs) y exdirectivo de Coca Cola Marcos De Quinto y el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, son algunos de los diputados del Congreso que declaran mayor patrimonio y rentas.

Así, Duque ingresó 40.562,10 euros en 2018 por sus meses de ministro de Ciencia y otros 2.246,07 euros anteriores como profesor universitario, más 33.519.42 euros de rendimientos de cuentas y capital mobiliario, 4.000 euros por el alquiler de una vivienda y 545,25 euros en dividendos de acciones. Pagó 21.000 euros de IRPF.

UN ASTRONAUTA CON UN MILLÓN DE EUROS EN PRODUCTOS FINANCIEROS

Pero, además, Duque posee dos casas en propiedad en Alicante y otra en Madrid, además de un coche y una barca, más de 313.000 euros en cuentas corrientes e inversiones de casi un millón de euros en productos financieros (incluyendo su participación de 390.977,16 euros en Copenhage Gestores Inmuebles, la sociedad patrimonial creada con su esposa y con la que compró su vivienda de Jávea (Alicante).

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De su lado, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, recibió 28.187,12 euros como ministra de Educación y 13.195,346 de pensión de jubilación, así como 2.505,30 euros en dividendos de acciones. También tiene tres viviendas, dos terrenos rústicos, más de 140.000 euros en el banco y 540.000 euros en fondos de inversión y acciones. Pagó 13.000 euros por IRPF en 2018 y debe 153.000 euros prestados.

La de Sanidad, María Luisa Carcedo, declara ingresos de 14.807,80 euros por su labor como ministra y otros 17.175,83 por su etapa anterior como Alto Comisionado en la Lucha contra la Pobreza Infantil. En 2018 pagó más de 21.000 euros de IRPF. Además tiene más de 31.000 euros en cuentas corrientes e inversiones superiores a los 145.000 euros en Liberbank Cart Moderada, así como 400.000 euros en un plan de previsión asegurado, un seguro de vida y un fondo de inversión.

Otros miembros del Gobierno presentan saldos notables en sus cuentas. Margarita Robles (Defensa) tiene más de 400.000 euros, cantidad similar a la de su colega de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque en su caso por la venta de su vivienda habitual. Algo menos tiene ahorrado la socialista palenciana Luz Martínez Seijo, 360.000 euros.

GANANCIAS DE REGISTRADORA

La exministra de Vivienda Beatriz Corredor ingresó en 2018 casi 200.000 euros como registradora de la propiedad, más 4.500 euros como profesora de dos universidades y otros 16.000 euros por alquileres. La diputada socialista, que pagó más de 130.000 euros de IRPF, tiene dos viviendas y un apartamento, un garaje y un solar, así como 140.000 euros en cuentas y tres vehículos. Debe casi 120.000 euros de cuatro hipotecas.

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El ministro de Cultura, José Guirao, recibió 73.200 euros de salario en 2018, tiene una vivienda en Madrid, dos terrenos de secano y monte de un valor superior a 320.000 euros, parte de varias viviendas e inmuebles rústicos en Almería y Murcia heredadas e inversiones superiores a los 440.000 euros. Además, declara un cuadro Wendy White valorado en 11.150 euros y una fotografía de Elle Koll, de 6.500.

En el PP, la exministra Isabel García Tejerina destaca con 20.000 euros cobrados en Agricultura y otros 20.000 abonados por el PP, más otros 120.000 euros por dividendos de acciones, rentas de una planta fotovoltaica y una explotación agraria. Tejerina, que pagó 65.000 euros por IRPF, contrató un préstamo hipotecario de 900.000 euros en mayo que aún debe, así como otro personal del que adeuda 140.000. Posee parte de varias viviendas en Palencia y Valladolid y participaciones en un par de sociedades con pisos y locales. En depósitos y cuentas suma 435.000 euros, más 81.000 euros en un plan de pensiones.

Por su parte, la presidenta del PP navarro y diputada por Madrid, Ana Beltrán, ingresó 150.000 euros por vender el 25% de una casa en Madrid, tiene parte de varias viviendas en Navarra, Huesca, Málaga y Zaragoza, así como el 25% de cuatro naves industriales en Zaragoza. El saldo de su cuenta es de 547.000 euros y tiene dos créditos por casi 500.000 euros. En 2018 pagó por IRPF unos 29.000 euros.

La exministra y expresidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, que en 2018 ingresó más de 200.000 euros y pagó 75.513 euros de IRPF, posee un capital mobiliario de 833.000 euros, más un plan de pensiones a renta variable de 289.312 euros y cinco viviendas en Madrid (todas ellas compartiendo propiedad).

PISOS EN TRES PAÍSES

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La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, declara 50.966 euros por su trabajo de periodista en 2018 y otros 15.000 por el alquiler de un apartamento en Francia y en su cuenta corriente tiene 397.244 euros. Pagó 15.000 euros por IRPF, no tiene préstamos y dispone de varias propiedades: un piso en Madrid y otro en Francia comprados en 2011, así como la mitad de un apartamento en Argentina y de una finca rústica en Toledo.

La diputada por Sevilla Teresa Jiménez Becerril percibió 104.214 euros como eurodiputada y más de 9.000 euros de dividendo por un hotel. Tiene pisos en Madrid, Cádiz, Bruselas e Italia, un local comercial en Sevilla y la mitad de un hotel en Huelva heredado. Su saldo bancario supera los 321.000 euros y solo debe casi 6.000 euros por el piso que compró en Bruselas. Pagó 40.000 euros de IRPF.

Por su parte, Adolfo Suárez Illana, secretario en la Mesa del Congreso, ganó algo más de 200.000 euros por su actividad profesional, otros 45.000 euros por dividendos de sus acciones y cerca de 500.000 en finiquitos de sus servicios profesionales en Ontier y Elecnor. Pagó de IRPF unos 74.000 euros. Tiene la mitad de una vivienda en Madrid y parte de unos terrenos rústicos en Ávila heredados. Su cuenta acumula 71.259 euros –100.000 menos que hace seis meses–, dispone de cuatro vehículos y debe 67.000 euros.

EL CATÁLOGO DE ESPINOSA

Como en junio, Iván Espinosa de los Monteros, es quien más declara en Vox, con rentas de 94.700 euros: 48.400 euros por actividad profesional, 35.000 del alquiler de un inmueble, 13.000 euros de intereses de un préstamo y otros 50 euros por la colaboración con un medio de comunicación, más 1,12 millones en acciones de sociedades inmobiliarias. Posee una casa y una oficina en Madrid y, a nombre de sociedades, una vivienda en Cantabria y dos oficinas en Madrid. Por contra, debe 657.000 euros.

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La secretaria general del grupo, Macarena Olona, cobró 121.700 euros como abogada, a los que se suman 61.000 euros de ganancia por transmisión de participaciones y 12.000 euros por alquiler de una vivienda. Olona, ahora de baja de maternidad, tiene 98.000 euros en su cuenta y paga dos préstamos que suman 133.000 euros.

En Ciudadanos repite como diputado ‘más rico’ el exvicepresidente mundial de Coca Cola, Marcos de Quinto, con 48,3 millones de euros entre derechos de cobro de la multinacional (23,8 millones), acciones (12,6 millones), planes de pensiones (8,6 millones) y cuentas (3,3 millones). En 2018 ingresó 5,6 millones.

Y se estrena en la lista el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que ingresó 25.998 euros en 2018 por su trabajo de arquitecto, otros 320.000 de ganancias por transmisiones de elementos afectos a su actividad y otros 12.000 euros por el alquiler de tres viviendas y un local. Dispone de cinco pisos en Teruel y Valencia y parte de otras tres viviendas, así como 250.000 euros en cuentas. Pagó más de 71.000 euros de IRPF y adeuda medio millón en préstamos.

En Unidas Podemos, destaca la diputada por Baleares Antonia Jover, que tiene 157.502 euros en depósitos bancarios y tres viviendas. Diplomada en Empresariales, Jover cobró 29.528 euros en 2018 de una cadena hotelera y 2.389 de paro, más 209.918 euros de ganancia patrimonial por la venta de un inmueble.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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