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Economía

Los taxistas buscan colapsar Madrid para exigir una regulación más dura de las VTC

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Los taxistas inician este lunes a partir de las 6.00 una huelga indefinida para “parar Madrid” con el objetivo de que la Comunidad lance una normativa de forma “inmediata” para regular el sector VTC en la región ante la proliferación de licencias.

La huelga tiene lugar dos días antes de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Ifema y se produce tras el referéndum dirigido a los profesionales sobre si eran partidarios de la medida. Un 95 por ciento de los casi 8.500 taxistas que participaron en la consulta se pronunciaron a favor del paro indefinido.

El inicio de la huelga tendrá una especial incidencia en toda la ciudad, pero sobre todo en las estaciones de transporte (como Atocha y Chamartín) y en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Aparte, dado que el sector tiene un “compromiso social” con la ciudadanía, de forma voluntaria ha acordado servicios mínimos compuestos por unos 100 vehículos eurotaxi, que tendrán un distintivo “especial”, para aquellos usuarios que necesiten desplazarse para tratamientos de diálisis, pruebas oncológicas o para trayectos de personas con movilidad reducida.

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El miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, ha indicado a Europa Press que dichos servicios mínimos serán gratuitos.

Además, se prevé realizar asambleas informativas y concentraciones diarias entre las 12.00 y las 14.00 en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional.

Garrido espera llegar a un acuerdo

Coincidiendo con las primera horas del paro, está prevista una reunión a las 9.30 entre el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y las principales asociaciones del sector para ofrecerles una “reforma exprés” de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, que irá encaminada en la defensa de sus derechos.

El dirigente regional ha recordado que el Gobierno se reunió el martes con las asociaciones, donde les ofreció “diálogo y empezar a construir un planteamiento” en su defensa. A partir de ahora, Garrido quiere abrir camino para “empezar a legislar” porque, a su parecer, los taxistas están sufriendo “una situación francamente injusta”. Por ello, ha manifestado su creencia de que puede llegarse a un acuerdo con las patronales del sector del taxi.

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Las asociaciones, a la espera de conocer la propuesta

Sobre esta encuentro, Fúnez ha señalado que llevan reclamando a la Comunidad de Madrid desde el 28 de septiembre que tiene que regular el sector de la VTC, que ya llega a los casi 6.600 vehículos en la región.

Detalla a su vez que el pasado 16 de noviembre mandaron una carta a Comunidad y Ayuntamiento solicitando pasos en ese sentido, ante lo cual desde el Gobierno regional no se dio respuesta que sí encontraron en el Consistorio, que en diciembre ya avanzó que prepara una ordenanza específica sobre la cuestión.

El 21 de noviembre se volvió a mandar una carta a la Comunidad de Madrid que hizo, a juicio de este portavoz de la Federación del Taxi, “caso omiso”. Ya el 8 de enero, un día antes de una manifestación en Madrid, hubo un encuentro entre ambas partes donde se acordó la reunión de un grupo de trabajo para abordar sus exigencias y la eventual regulación, que estaría a la espera de la aprobación del Proyecto de Ley del Congreso sobre la VTC.

No obstante, tras otra reunión el 15 de enero y una vez que el sector aprobó por “abrumadora mayoría” la convocatoria de huelga indefinida, la Comunidad presenta ahora una propuesta de una reforma ‘exprés’. “Estamos a la espera de ver cómo es esa propuesta”, ha remachado Fúnez.

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El presidente de la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, ha señalado que ve con “esperanzas” el movimiento de la Comunidad de Madrid de proponer una reforma de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, aunque este gesto no es suficiente para desconvocar la huelga.

No obstante, también ha reclamado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que “cumpla” con el sector para que “no deje pasar este tren” y se posicione también junto a los taxistas, que son los verdaderos prestadores del servicio público.

Asamblea de los taxistas de Barcelona

Los taxistas de Barcelona decidirán esta mañana en una asamblea las acciones de protesta que van a llevar a cabo con el fin de presionar al Govern para que acepte su exigencia de que aumente el tiempo de precontratación de 15 minutos de los VTC, los vehículos de alquiler con conductor.

Los taxistas del Área Metropolitana de Barcelona mantiene desde el viernes una huelga indefinida y bloquean con centenares de taxis el tramo central de la Gran Vía de la capital catalana, entre la calle Entença y la plaza Tetuán, aunque se puede circular por los laterales de la avenida y por las calles transversales.

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Por su parte, tal y como ya hicieron el pasado sábado, los conductores de los vehículos VTC se han concentrado desde esta madrugada en la Avenida Diagonal, y hacia las 8.00 ocupaban dos carriles de esta arteria barcelonesa entre la plaza Francesc Macià y la de Pio XII, en sentido salida de la ciudad, aunque también se puede circular por otros dos carriles.

El sector de la VTC, en el que se incluyen plataformas como Uber o Cabify, reclama tener voz en las negociaciones entre el Govern y el sector del taxi, ya que afecta directamente a sus condiciones de trabajo.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, el portavoz de Unauto, Josep Maria Goñi, ha dicho no secundar esta acción: “Yo no comparto estas herramientas, nunca lo hemos hecho”.

En ese sentido, ha dicho que la acción no parte de la patronal de los VTC sino de “los asalariados, que por su parte y vía Whatsapp se han organizado” para defender sus puestos de trabajo.

La ocupación de esta vía afecta a la circulación de las líneas 6, 7, 33, 34, 63 y 67, que no efectúan parada entre la plaza Francesc Macià y Palau Reial en sentido Llobregat, ha informado TMB.

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En atención a estas reclamaciones, el Govern se reunirá este lunes con la patronal de las VTC, Unauto, y mañana con el colectivo de taxistas, después de la cita semanal del ejecutivo catalán.

Antes, el consejero de Territorio de la Generalitat ha convocado esta mañana a los operadores de transporte público de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) para asegurar la movilidad de los ciudadanos mientras dure la huelga indefinida del sector del taxi en Barcelona.

La huelga de taxistas se está extendiendo por Cataluña y esta mañana está previsto que conductores de las comarcas de Gerona, del El Maresme y El Vallés se dirijan en marcha lenta hacia Barcelona, lo que podría colapsar los accesos a la capital catalana.

Ayer domingo, en un comunicado, la asociación más representativa del sector del taxi de Barcelona, Élite Taxi, alertó de que este lunes puede elevarse “el tono” de las protestas.

“Venimos advirtiendo a la administración de que la tensión irá en aumento, y que muy posiblemente empezaremos a ver situaciones, escenarios y acciones que se escapan a nuestro control”, asegura la nota.

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“No podemos descartar un escenario donde se produzcan acciones diferentes por toda la ciudad y al mismo tiempo. En el momento que esto pueda empezar a suceder, advertiremos a las administraciones que la situación se nos ha ido por completo de las manos, algo de lo que ya venimos advirtiendo”, alerta esta asociación.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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