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Tres años de cárcel para el exdirigente de UGT Fernández Villa por apropiación de fondos

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El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa ha sido condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 24.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida con fondos del sindicato minero.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo condena además al exdirigente sindical y político a indemnizar al SOMA-UGT, que dirigió durante más de tres décadas, con 431.330 euros en concepto de daños y perjuicios.

El juicio contra Fernández Villa quedó visto para sentencia el pasado 25 de julio y la Fiscalía mantuvo su petición de cinco años de cárcel, mientras que la acusación particular ejercida por el sindicato elevó su solicitud de condena a seis años y la defensa interesó la libre absolución del acusado.

El fallo relata que Fernández Villa, de 75 años, dirigió el sindicato minero con una «posición jerárquica sobre el resto de miembros y trabajadores», que «no ponían en duda ni discutían sus decisiones o simples deseos, aprobando incluso su gestión, algunos, tal vez, por desconocimiento».

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Con esa posición, logró apropiarse a lo largo de los años, entre 1989 y 2012, de diferentes cantidades por un total de 434.158 euros en perjuicio del sindicato.

Así, «hizo suyo y destinó el dinero del sindicato para sus propios gastos, utilizando los recursos ajenos en su provecho y beneficio exclusivo, extendiéndose esa conducta durante años y llevándose a cabo de diversas maneras y formas y por diferentes cantidades cada vez», motivos por lo que su conducta ha sido calificada de delito continuado.

El fallo considera probado que Fernández Villa logró apropiarse entre 1989 y 2001 de más de 234.000 euros procedentes de las dietas que la empresa Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por la asistencia al comité intercentros, y que el exlíder sindical cobraba para quedarse con los importes.

Además, entre 2001 y 2012, Fernández Villa cobró de las cuentas del sindicato distintas cantidades al margen del kilometraje y de las dietas que le correspondían por el desarrollo de sus funciones de secretario general, por un importe total de 417.394 euros.

Entre los gastos abonados desde las cuentas del sindicato, la sentencia detalla comidas en restaurantes, puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos, maletas, delicatesen, perfumes, ropa, libros o discos de música y películas.

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Además, tras haber terminado de pagar un coche Mitsubishi, siguió percibiendo las cuotas que le eran transferidas por el sindicato, por un importe total de 16.764 euros, «con el fin de compensarse de la disminución de sus ingresos» al cesar en los cargos que había ejercido en el Parlamento asturiano y en el Senado.

Durante la vista oral, que tuvo que ser suspendida por el ingreso hospitalario de Fernández Villa, la defensa insistió en la vulneración de derechos porque su delicado estado de salud y su deterioro cognitivo le impedían afrontar un proceso con garantías.

No obstante, la sentencia recuerda que el informe médico-forense concluyó que «no padece un notable deterioro mental, de sus funciones cognitivas, volitivas e intelictivas», algo que, según el tribunal, quedó evidenciado durante el juicio, donde respondió «convenientemente y conforme a sus intereses y línea de defensa».

En esta misma causa, también fue condenado el ex secretario general del Infide, dependiente del SOMA-UGT, Pedro Castillejo, a dos años de prisión y al pago de una indemnización a la Fundación de 114.954 euros por haber desviado esa cantidad de dinero a su patrimonio personal.

Fernández Villa, que entre otros cargos políticos también fue senador del PSOE y diputado en el Parlamento asturiano, también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el origen de los 1,4 millones que regularizó en la última amnistía fiscal.

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El ex líder sindical es uno de los investigados en la Operación Hulla, que ha puesto el foco en el supuesto desvío de fondos en la construcción de un geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad asturiana de Felechosa.

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2 Comentarios

1 Comentario

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    Ramiro

    07/07/2019 at 14:23

    Al miembro de “La manada” le piden 4 años de cárcel por robar, en grado de tentativa, unas gafas de sol, valoradas en poco dinero, supongo que cien o doscientos euros…
    A este pajarraco le imponen solo 3 años de prisión POR ROBAR MEDIO CASI MEDIO MILLÓN DE EUROS…
    ¿Ustedes creen que nuestra administración de justicia ES JUSTA…?
    Está visto que si quieres dedicarte a robar, lo mejor que puedes hacer es hacerlo a lo grande, PREVIA AFILIACIÓN A UN PARTIDO Político O A UN SINDICATO -o a ambos-, que entonces seguro que saldrás de rositas…

  2. Avatar

    Ramiro

    23/09/2018 at 12:25

    1. Al miembro de “La manada” le piden 4 años de cárcel por robar, en grado de tentativa, unas gafas de sol, valoradas en poco dinero, supongo que cien o doscientos euros…
    2. A este pajarraco le imponen solo 3 años de prisión POR ROBAR MEDIO CASI MEDIO MILLÓN DE EUROS…
    ¿Ustedes creen que nuestra administración de justicia ES JUSTA…?
    Está visto que si quieres dedicarte a robar, lo mejor que puedes hacer es hacerlo a lo grande, PREVIA AFILIACIÓN A UN PARTIDO Político O A UN SINDICATO -o a ambos-, que entonces seguro que saldrás de rositas…

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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