La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido mantener la investigación judicial, tras admitir varios recursos, sobre la actuación de la Guardia Civil para evitar la celebración del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017 en un instituto de San Juan de Vilatorrada (Barcelona).

La Sala -formada por tres magistrados y que se han dividido, hay un voto particular- ha decidido aceptar «todas las diligencias interesadas por las partes apelantes», entre las que se encuentra además de los afectados por la actuación de la policía, el Ministerio Fiscal, «dirigidas a identificar los autores y partícipes» de las cargas policiales del 1-O en este instituto, que era sede electoral del referéndum ilegal.

En el auto, los dos magistrados que lo firman consideran «que se produjo un exceso en la actuación policial con causación de lesiones que seguramente no se hubieran producido de actuar de otra forma» y adelantan de forma provisional que «hubo excesos policiales en algunos casos concretos (en el) uso de las porras o defensa golpeando a ciudadanos también sin mediar agresión física previa, y sin finalidad aparente».

En este sentido, la Sala Quinta sugiere que los agentes de la Guardia Civil podrían haber dejado votar a los presentes en el instituto, para evitar las presuntas agresiones, que ahora se están juzgando. «De continuar esa votación, el resultado de la misma no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores, por ser antijurídica de acuerdo con el ordenamiento jurídico constitucional español, lo que desde luego era sabido por la fuerza actuante», señalan los dos jueces.

Voto particular

Uno de los tres magistrados de la Sala ha efectuado un voto particular al considerar que sus compañeros han efectuado, en su escrito, «valoraciones» sobre la actuación de los agentes policiales que «no se acompasan con este momento procesal ni con el concreto estado de la instrucción».

De esta manera, la Audiencia de Barcelona enmienda la actuación del Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa (Barcelona), que el pasado 28 de junio desestimó los recursos formulados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones y mantiene la investigación sobre la actuación policial, admitiendo las «diligencias interesadas» por las partes de la acusación que tienen como objetivo identificar a los agentes que realizaron las cargas aquel 1-O o a sus superiores.