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Tribunales

La Audiencia de Navarra mantiene la libertad provisional para los miembros de La Manada

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Dos de los integrantes de La Manada, el pasado 26 de diciembre
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La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decidido mantener en libertad provisional a los cinco integrantes de La Manada al desestimar la prisión provisional que habían solicitado las partes acusatorias, la Fiscalía, la acusación particular que representa a las víctimas y las acusaciones populares, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento.

A pesar de que el pasado 5 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra había confirmado la condena a 9 años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento, la Sección Segunda ha considerado que no era motivo suficiente para cambiar la situación de los acusados por los abusos ejercidos sobre una joven madrileña en la primera noche de los Sanfermines de 2016. Según la Sala, y basándose en el Tribunal Constitucional, la existencia de una condena «resulta todavía inhábil para enervar la presunción de inocencia del acusado, a la espera del desenlace del recurso de casación interpuesto por él», es decir, consideran «provisional» la condena de los cinco miembros de La Manada a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo, a quien han recurrido en casación todas las partes.

Por el contrario, la Sala resalta en su auto que «durante el tiempo transcurrido desde que los encausados fueron excarcelados han cumplido, puntualmente, las condiciones que les fueron impuestas».

Consideran que no han variado los motivos que les hicieron ponerlos en libertad el pasado 22 de junio. Sobre el episodio en el que Ángel Boza robó unas gafas de sol en un centro comercial de Sevilla el pasado mes de agosto, la Sala considera que se trata de «dos delitos leves», robo y lesiones, «hechos que afectan a bienes jurídicos muy diferentes y más livianos que los que han determinado su condena por un delito de abusos sexuales».

Sobre el cambio de condición de Alfonso Cabezuelo, que ha sido expulsado provisionalmente de su situación de militar, al contrario de lo que opinan las acusaciones, el tribunal no cree que incremente su riesgo de fuga, más bien al contrario porque «de momento supone que no recibe ingreso alguno. Tal carencia no incrementa el riesgo de fuga, sino que, en cierta forma lo limita».

Esta decisión se ha tomado por dos votos, los de los magistrados Ricardo González y Raquel Fernandino, contra la opinión del presidente de la sala, José Francisco Cobo, que abogaba por la prisión provisional y sin fianza para los cinco encausados. Por ello ha emitido un voto particular.

En él, al contrario de lo que opinan los otros dos magistrados, Cobo considera que «la confirmación del señalado pronunciamiento condenatorio, teniendo cuenta la gravedad de la pena impuesta, consolida y refuerza, los factores que deben ser evaluados, para apreciar que la medida cautelar personal, es necesaria para procurar el fin legítimo asignado a la prisión provisional, concretado en la evitación de la sustracción a la acción de la justicia».

Así pues, a pesar de este voto particular, los cinco miembros de La Manada podrán continuar en libertad a condición de presentarse tres veces por semana en los juzgados de Sevilla, sin poder salir de España ni pisar la Comunidad de Madrid, donde vive la víctima.

Esta decisión es provisional hasta que el Tribunal Supremo decida sobre los recursos presentados por todas las partes.

 

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Tribunales

El Estado no podrá recuperar las competencias en materia penitenciaria en Cataluña

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El Estado no podrá recuperar fácilmente las competencias en materia penitenciaria en Cataluña. Sobre el papel es posible hacerlo, pero, como suele pasar, en la práctica será inviable que el estado pueda recuperar las competencias en materia penitenciaria que fueron transferidas a Cataluña en 1983. Y es que, solo hay dos vías para recorrer ese camino: o se reforma el Estatut de Catalunya, lo que requeriría el voto a favor de una mayoría de dos tercios del Parlament, algo que roza lo quimérico; o se reforma la Constitución, un paso que también se antoja muy complicado.

Algunas fuentes admiten que la legislación “no está pensada para protegerse del desleal”, pero es que, en este caso, es cierto, dicen, “hemos puesto al zorro, a vigilar a las gallinas”. La competencia ejecutiva en materia penitenciaria está puesta en manos de la Generalitat, y una vez que los políticos presos están en cárceles catalanas, no hay nada que hacer porque el estado no tiene ningún motivo para reclamarles, primero, porque no lo han pedido los afectados, y segundo, porque no ha habido requerimiento alguno del tribunal para ello.

La única posibilidad para hacerlo, piensan algunos, es que, si se vuelve a recurrir al 155 se puedan tutelar esas competencias por el tiempo en el que esté en vigor su aplicación.

Así pues, hay que asumir que será la Generalitat la que conceda el tercer grado a los políticos presos en cuanto le sea posible, máxime cuando el Tribunal Supremo se ha negado a explicitar en la sentencia, como pidió la fiscalía, la posibilidad de que no tuvieran acceso a ello hasta que los condenados cumplieran al menos la mitad de la pena que se les ha impuesto. Eso sí, al estar todo judicializado, el fiscal podrá recurrir ese paso, primero ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, es decir, ante el Supremo.

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Tribunales

Cayetana Álvarez de Toledo: “Me cuesta disimular mi decepción con algunos aspectos de la sentencia”

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido entrevistada este martes en ‘Herrera en COPE’ tras conocerse el fallo del procés. A su juicio, la sentencia representa la “derrota del totalitarismo” y demuestra que “no hay impunidad en España”.

“Estamos en una grandísima democracia y esta gente debería pedir perdón a la sociedad española y a sí mismos y a sus familias y plantearse si valía la pena todo esto: destrozar familias, romper una comunidad política, causar destrozos y devastación económica. Tienen que hacer una profunda reflexión que su entorno no está haciendo”, ha señalado.

Pese a ello, Álvarez de Toledo ha manifestado su disgusto con el fallo. “Me cuesta disimular mi decepción con algunos aspectos de la sentencia”, ha señalado. “Me resulta sorprendente que un golpe a la Constitución pase por una ensoñación para presionar y negociar”, ha justificado. Pese a ello, ha dicho que “esta decepción personal es compatible con la absoluta defensa del Estado de Derecho”.

La popular también ha dicho que tiene “dudas sobre la idoneidad de haber publicado esta sentencia en camapaña electoral”, pese a que era la fecha tope, pues de lo contrario el Supremo debería dejar en libertad a los ‘Jordis’ o ampliar su estancia en prisión provisional, lo que resultaría más difícil de justificar. “No creo que haya sido la mejor idea. Se podría haber postergado un mes”, ha dicho.

Sobre la posibilidad de que Vox capitalice las críticas al fallo, la popular ha dicho que el partido de Abascal “va a lo suyo. Harán sus valoraciones, pero yo no entro a valorar lo que haga para definir mi posición”.

La dirigente ha señalado que “lo que estamos viendo en Cataluña es un espectáculo intolerable. No son solo escuadrones en la calle, sino que esto está siendo jaleado por la autoridad política de la comunidad”. En este sentido, Álvarez de Toledo ha dicho que “el Estado tiene que poner todos los medios al alcance para frenar esto”, lo que implica “romper cualquier acuerdo político con quienes están jaleando la violencia”. Álvarez de Toledo ha dicho que si a Sánchez “le conviene electoralmente y coincide con el interés general”, actuará.

En cuanto a sus propuestas para Cataluña, la diputada ha hablado de “la aplicación de la ley siempre, proyecto político que dé incentivos a los constitucionalistas que se sienten desamparados desde hace 40 años, y unión constitucionalista verdadera, no solamente de boquilla o en momentos de crisis”. Para la popular, el PSC es “cómplice blanqueador del nacionalismo en Cataluña” y Pedro Sánchez es presidente en funciones gracias “a dos partidos cuyos líderes han sido condenados por subvertir el orden público”.

A su juicio, Casado es el candidato ideal para lograr estos, “pero tenemos que gobernar”. “Quizás se produzca la paradoja de que la persona que quiso convocar las elecciones sea la principal derrotada, ha dicho sobre los comicios del 10-N.

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España

Llarena dicta una nueva euroorden de detención y entrega contra Puigdemont

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El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, por los delitos de sedición y malversación.

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del “procés” por sedición, el juez instructor de la causa Pablo Llarena ha decidido activar el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó en su día extraditar por rebelión durante la instrucción del caso.

El juez ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía, que remitió un escrito al magistrado en este sentido el pasado jueves ante la inminencia de la sentencia.

De esta forma, Llarena solicita “la busca y captura e ingreso en prisión” de Puigdemont a través de una orden nacional, europea e internacional de detención y entrega contra él, que nunca se ha llegado a sentar en el banquillo de los acusados al huir del país en octubre de 2017.

En el mismo auto, Llarena deja sin efecto la suspensión como diputados que decretó contra Puigdemont y el exconseller Toni Comín, también huido en Bélgica, sustentada en que estaban procesados en firme por rebelión.

La decisión del tribunal del “procés” de condenar a nueve líderes independentistas por sedición y no rebelión tiene, según Llarena, “una indudable incidencia respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados”, por lo que acuerda remitir a la Mesa del Parlament el levantamiento de la suspensión de estos dos procesados.

Precisamente, el juez argumenta su nueva petición de entrega de Puigdemont en las condenas impuestas por el Supremo, que pueden conllevar a su juicio que los “prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea”.

“Los indicios racionales de criminalidad” que pesaban contra Puigdemont en la instrucción “no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado”, dice Llarena.

Según el juez instructor, la sentencia “parte de los hechos” que él imputó a los procesados en su auto de procesamiento, “lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras (sobre el que ha recaído mayor pena) y al procesado en rebeldía Carles Puigdemont”.

Además, según Llarena, la sentencia “pone término” a las discrepancias entre los delitos de rebelión, sedición o desobediencia” (ésta asumida únicamente por las defensas) y decanta la balanza en la sedición, delito junto al de malversación por el que reclama a Puigdemont.

Recuerda Llarena que en la Unión Europea rige “el principio de confianza” en el funcionamiento de los tribunales de otros países y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado “que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito”.

Llarena retiró hace meses la euroorden que pesaba contra Puigdemont y otros exconsejeros catalanes después de que el tribunal regional de Schleswig-Holstein (Alemania) rechazase entregar al expresident por rebelión y solo admitió por malversación, una línea roja para Llarena, que lo rechazó de plano.

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