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Economía

La base de cotización de un millón de funcionarios supera los 2.300 euros

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¿Cuánto aportan los trabajadores a la Seguridad Social en España? ¿Cuál es el perfil de cotizante medio según lo que contribuyen al sistema de pensiones? La respuesta a esta y otras preguntas puede encontrarse en una nueva estadística del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que analiza el detalle de las bases medias de cotización del Régimen General de asalariados en el que están inscritos más de 15 millones de trabajadores por cuenta ajena.

Esta nueva estadística no tiene en cuenta las cotizaciones de los sistemas especiales agrario y de empleados del hogar y también excluye las cotizaciones por contingencias profesionales. Se centra así en las cotizaciones por contingencias comunes, que son con las que se financian las pensiones y las prestaciones de incapacidad temporal y permanente. Asimismo estas bases son las que se usan para establecer la base reguladora que servirá para fijar la cuantía de las pensiones y resto de prestaciones.

Por tanto, determinan la base de cotización con la “remuneración total” del trabajador, para lo que tiene en cuenta “todas sus percepciones económicas, sean en dinero o en especie”. Después, hallan la base media dividiendo el importe total de las bases de cotización por contingencias comunes entre el número de cotizantes (personas físicas). Sobre estas bases medias de contingencias comunes se aplica un porcentaje del 28,3% (4,7% a cargo del trabajador y 23,60% aportado por la empresa) y la cuantía resultante es la que se aporta al sistema. Así, cuanto mayor sea la base de cotización mayor es la aportación del trabajador y mayores prestaciones devenga.

El último dato que muestra esta estadística es de junio de 2019, cuando la base media de cotización era de 1.823 euros mensuales. Esta cantidad es un 4,28% mayor que un año antes, lo que refleja un avance de las percepciones salariales equivalente a este porcentaje. Esto significa que, de esta base media, 516 euros al mes va a parar a la Seguridad Social.

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Estas cifras indican también que las bases medias de cotización más altas y, por tanto, los mayores sueldos los cobran los trabajadores de suministro de energía, con una base media de cotización de 3.441 euros al mes; los de actividades financieras y seguros (3.156 euros); los de información y comunicaciones (2.516 euros mensuales) y los de las industrias extractivas (2.437). Si bien, sumando todos estos sectores, no llegan ni a los 900.000 cotizantes. Por ello, esta estadística analiza también en un apartado específico cuáles son las aportaciones de los asalariados que trabajan en los diez sectores de la economía que más empleo generan.

Según esto, las mayores bases medias de las principales ramas de actividad las tienen los 1,1 millones de empleados públicos de gestión y regulación de todas las administraciones (estatal, autonómica y local), así como los profesionales públicos de la justicia y seguridad y Defensa (policías y militares), que cotizan una media de 2.307 euros mensuales. Este grupo no recoge a los empleados públicos de la sanidad y la educación, que están incluidos junto a sus colegas del sector privado.

Con bases medias superiores a los 2.000 euros mensuales están los trabajadores de la industria manufacturera (2.142 euros); los profesionales de actividades técnicas y científicas (2.091 euros); y los del sector sanitario (2.043 euros al mes).

Brecha retributiva

En estos dos últimos sectores se da la circunstancia de que a pesar de estar muy feminizados (hay más mujeres que hombres) las brechas retributivas en favor de los trabajadores masculinos son las mayores. Concretamente, la base media de cotización de los hombres de profesiones científico técnicas es 512 euros mayor que la de las mujeres del sector. Y en el caso de los sanitarios –donde están cotizando 349.866 hombres y 1,2 millones de mujeres– la diferencia es de 437 euros más para ellos. Desde Trabajo observan “una evolución al alza de las bases medias de cotización, pero con una base media superior a los 300 euros en los varones”.

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En el lado opuesto de este grupo de diez principales sectores se encuentran los 1,6 millones de empleados de la hostelería, con la base media de cotización más baja de todas: 1.143 euros al mes; y los 2,5 millones de trabajadores del comercio y reparación de vehículos, que cotizan una media de 1.596 euros mensuales. En estos últimos sectores la contratación temporal y a tiempo parcial tira a la baja de las bases medias de cotización. De hecho, la cotización promedia de los que tienen contrato fijo es de 2.104 euros al mes frente a los 1.314 de los temporales. Y lo mismo ocurre con las bases de las jornadas completas (2.104 euros al mes) y la jornada parcial (939 euros).

La Cotización baja tras cumplir los 60 años

Históricamente, las bases de cotización de los trabajadores crecen a medida que aumenta su edad y su carrera. Sin embargo, en las dos úlitmas décadas se está produciendo con mayor intensidad la expulsión del mercado laboral de los trabajadores de mayor edad. Estos trabajadores o bien pasan unos años en el desempleo y se jubilan anticipadamente en cuanto pueden; cotizan de forma individual a la Seguridad Social; o aceptan trabajos de peores condiciones. La nueva estadística de Trabajo solo recoge a este último caso que, junto a las jubilaciones parciales hacen que, en contra de lo esperado, la base media baje a partir de los 60 años. Al cumplir esa edad, la base media baja de 2.115 a 2.007 euros al mes.

Fuente: Cinco Días

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Avatar

    Hildegarda Bingen

    10/12/2019 at 00:24

    Bueno, este artículo es de risa. Si todos los datos son como los relativos a los funcionarios, este artículo no tiene ninguna credibilidad. Soy funcionaria desde el 30 de noviembre de 1985, auxiliar administrativo, haciendo funciones la mayor parte del tiempo de administrativo y durante más de dos años de gestión, pero con el sueldo de auxiliar. Mi base de cotización no tiene nada que ver con esa media de 2.307 € que se señala en este artículo. Los policías (que tanta subida salarial reclaman) están haciendo labores administrativas en una oficina, igual que un auxiliar administrativo o un administrativo, sin embargo perciben el sueldo de un policía nacional. Hay toneladas de policías nacionales que están en una oficina, haciendo lo mismo que un administrativo, pero con un sueldo y unas condiciones muy distintas a las de un funcionario administrativo. Además, pueden pasar a segunda actividad con 57 años o menos y seguir cobrando como si estuvieran trabajando. Así que, eso de decir que la base de cotización media de los funcionarios es de 2.307 € es engañosa o directamente falsa.

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    Hildegarda Bingen

    10/12/2019 at 00:24

    Bueno, este artículo es de risa. Si todos los datos son como los relativos a los funcionarios, este artículo no tiene ninguna credibilidad. Soy funcionaria desde el 30 de noviembre de 1985, auxiliar administrativo, haciendo funciones la mayor parte del tiempo de administrativo y durante más de dos años de gestión, pero con el sueldo de auxiliar. Mi base de cotización no tiene nada que ver con esa media de 2.307 € que se señala en este artículo. Los policías (que tanta subida salarial reclaman) están haciendo labores administrativas en una oficina, igual que un auxiliar administrativo o un administrativo, sin embargo perciben el sueldo de un policía nacional. Hay toneladas de policías nacionales que están en una oficina, haciendo lo mismo que un administrativo, pero con un sueldo y unas condiciones muy distintas a las de un funcionario administrativo. Además, pueden pasar a segunda actividad con 57 años o menos y seguir cobrando como si estuvieran trabajando. Así que, eso de decir que la base de cotización media de los funcionarios es de 2.307 € es engañosa o directamente falsa.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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