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Cartas del Director

La euskaldunización de Navarra

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María Chivite
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Pedro Sánchez ha conseguido añadir Navarra a su poder territorial, pero el precio ha sido muy alto. Ha permitido que gobierne María Chivite, del PSN, con el apoyo de EH Bildu, lo que a más de uno habrá removido sus convicciones democráticas más profundas. La abstención del partido de Otegi en la investidura que se vota hoy no sólo es determinante para que los socialistas navarros, con apenas 11 diputados de un total de 50, gobiernen, sino que supone la legitimación política de una formación heredera de ETA que no ha tenido el menor gesto de arrepentimiento y celebra la libertad de sus terroristas ante el escarnio de sus víctimas, como hemos visto en Oñate. Sánchez ha permitido que los abertzales ocupen un papel clave en la estabilidad de la comunidad foral, en contra de unos resultados que dieron como fuerza ganadora a Navarra Suma –coalición formada entre UPN, PP y Cs–, con 19 escaños y más de 124.336 votos, frente a los 70.143 obtenidos por los socialistas, que fueron la segunda fuerza.

El escenario que queda tras el pacto con los nacionalistas vascos representados por Geroa Bai –cuya fuerza principal es el PNV– y EH Bildu es la ruptura de una comunidad leal a la Constitución que ha sabido mantener su identidad foral por encima de la supuesta primacía vasca y de su expansión cultural en todo el territorio. Javier Esparza, número uno de Navarra Suma, no pudo ser más elocuente en el primer debate de investidura al preguntarle a Chivite: «¿De verdad merece la pena ser presidenta gracias a los votos de EH Bildu?». No respondió, claro. No podía hacerlo, si no mentía.

Un gobierno en Navarra con el apoyo del nacionalismo vasco es la condición para que Pedro Sánchez pueda, a su vez, contar con el voto del PNV y la abstención del partido de Otegi en su investidura para La Moncloa. Es una permuta inmoral con la que, además, asume el riesgo de que el gobierno navarro dependerá de los siete votos de la izquierda abertzale. Pero la realidad es otra. Los navarros optaron por la constitución, en 1979, de su propio parlamento y, desde 1982, de la Comunidad Foral. Navarra se negó a formar parte del Consejo General Vasco, órgano preautonómico en el que debían estar integrado todos los «territorios vascos», incluso presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que falló a su favor, para que quitaran del escudo oficial del País Vasco el de Navarra.

No es, por lo tanto, un tema menor que el nacionalismo vasco se haya convertido en la fuerza central en la comunidad foral, siendo minoritario en escaños. Entre sus empeños está el de dividir a Navarra en dos comunidades, la euskalduna, en el norte, y la española, en el sur, desnaturalizando un hecho mucho más determinante: la comunidad foral ha sido leal a la Constitución. El riesgo ahora es que entre en el juego impuesto por el independentismo catalán y los extraños compañeros de viaje que de manera tan irresponsable –e interesada– ha encontrado en el PNV. Navarra no puede ser una pieza más en la estrategia de crear Estado «plurinacional» en el que tan alegremente juega la izquierda, incluido el PSOE.

Chivite dijo ayer querer gobernar para todos los navarros, que es un principio que queda invalidado partiendo de los aliados en los que se ha apoyado, que buscan la descomposición del régimen constitucional y abrir la vía iniciada por el separatismo en Cataluña. Ni PNV ni EH Bildu han renunciado a su proyecto de euskaldunización de Navarra, guerra cultural que de llevarse a cabo abiertamente se enfrentaría con una realidad innegable: la mayoría electoral, como así se refleja en el parlamento de Pamplona, es mayoritariamente constitucional y española. Sánchez ha tomado una decisión con la que puede asegurarse su continuidad en el Gobierno, pero que puede tener graves consecuencias en la estabilidad territorial.

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Apoyo a la Guardia Civil

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Algunas actuaciones recientes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están produciendo sorpresa y perplejidad. El ministro ha calificado como “inoportunas y poco idóneas” las palabras del general Pedro Garrido durante la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil en Cataluña. También la Delegada del Gobierno en dicha Comunidad acudió prontamente a disculparse ante los Mossos de Escuadra, en su nombre “y en el del Ministerio del Interior”, por el discurso del Jefe de la Guardia Civil en Cataluña.

El general Garrido no hizo más que lo propio de un alto mando, agradecer a los agentes la defensa del orden constitucional y el trabajo de “desenmascarar a personas relevantes de las instituciones autonómicas” que pretenden llevar adelante un proceso que es contrario a la ley. Que el ministro del Interior se muestre receloso por el hecho de que un mando de la Guardia Civil apueste públicamente por el cumplimiento de la ley y la seguridad de los ciudadanos en Cataluña resulta bochornoso.

Intervenciones como la del Ministro pueden provocar desafección y desaliento en un cuerpo que debe afrontar cada día un contexto de hostilidad alimentado desde las propias instituciones catalanas. En todo caso reflejan la actitud de un Gobierno más preocupado por la estrategia electoral que por apoyar a quienes se juegan el tipo para preservar el orden y la pacífica convivencia en un momento decisivo para Cataluña.

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Otro giro de Rivera

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Entre las crisis internas de su partido y la preocupación por lo que en cada momento le pronostican las encuestas (en este momento, nada bueno para Ciudadanos), Albert Rivera discurre por la política española improvisando propuestas y confundiendo a sus electores. Sólo en este año, Rivera ha transitado por el espacio político ofreciéndose a unos y a otros, vetando a unos para La Moncloa y bendiciendo a otros como socios preferentes. Del «no es no» a Sánchez, Rivera pasó, en los últimos minutos de la legislatura anterior, a ofrecer su apoyo a la investidura del candidato socialista si aceptaba unas condiciones que, en una hábil y previsible réplica, el PSOE afirmó que ya cumplía. Y ahí quedó el líder de Ciudadanos, con el efímero protagonismo de una oferta que, en vez de trasladar la carga de la culpa sobre Sánchez, acentuó el sentido oportunista con el que se conduce Rivera. Tampoco asumió la negativa socialista con todas sus consecuencias, porque a continuación rechazó el «España suma» que le ofreció Pablo Casado, al que compensó ungiéndolo como socio preferente de Cs para formar gobierno si entre ambos tienen un escaño más que la izquierda.

Pero este alineamiento con el PP para un gobierno de coalición tampoco ha debido tranquilizarle, porque ayer, sin renunciar al pacto con los populares, lo compensó levantando el veto a Sánchez para la próxima legislatura, siempre que se pacten diez reformas sociales y políticas, que no las planteó como condiciones innegociables ni parecen inasumibles para el PSOE. Los críticos de Rivera que abandonaron el partido o sus cargos directivos se sorprenderán con este nuevo volantazo, aunque suponga darles la razón sobre la conveniencia de que Cs sea un partido disponible a pactos diversos.

La pregunta inevitable es si Rivera ha encontrado ya su sitio con esta propuesta de desbloqueo para la próxima legislatura o si tras ella se esconden más saltos tácticos que, en vez de dar claridad a su nueva oferta, la convertirán en una fuente de mayor incertidumbre sobre el papel de Cs en el presente y futuro de España. En este momento, el votante de Cs ya sabe que su líder está dispuesto a formar gobierno con el PP, pero también a apoyar la investidura de Sánchez, en ambos casos con condiciones, como es lógico. Esta opción puede ser tan rentable electoralmente como desastrosa para recuperar votantes perdidos si es percibida como una incongruencia. Todo dependerá de que Rivera haga una campaña que no transforme a su partido en un comodín del que resulte ganador, porque, para ese viaje, sus votantes pueden preferir directamente al ganador. Corre el riego, en fin, de que con tanta pirueta táctica termine de marear a los españoles.

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Ignorar las crisis solo las agrava

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Al aluvión de datos macroecónomicos publicados ayer, todos indiciarios de la ralentización del crecimiento económico, ABC añade hoy la cifra que documenta el ritmo de la destrucción de empleo en España: las grandes empresas han activado una nueva oleada de despidos y ajustes laborales en un momento en el que la salida de los ERE vuelve a aparecer en el horizonte empresarial.

El primer semestre del año se cerró el pasado junio con un incremento del 40 por ciento de los expedientes de regulación de empleo, herramienta de ajuste laboral cuya aplicación durante el ciclo de la crisis que arrancó hace una década dejó sin empleo a decenas de miles de trabajadores. Ignorar estas señales e insistir en las políticas de gasto no productivo quizás aporte apoyos electorales a la izquierda, pero representa un acto de grave irresponsabilidad, más aún tras la experiencia -y las cuentas- que hace ahora ocho años dejó el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero al equipo de Mariano Rajoy y, más aún, al conjunto de la sociedad española.

El frenazo del PIB, que en el segundo trimestre se quedó en el 0,4 por ciento, el más bajo de los últimos tres años; la baja inflación registrada en septiembre, con un 0,1 por ciento que también es la nota más baja desde 2016, o el aumento de la deuda pública, que en junio marcó un nuevo récord, con 1,21 billones de euros (99 por ciento del PIB) invitan a poner en marcha un programa urgente de reformas, no una política basada en el gasto social y la «reversión» de los ajustes, como anuncia el Gobierno socialista. España está aún lejos de caer en la recesión a la que se dirigen economías como la alemana, la italiana o la británica, pero confiar en la inercia es el camino más fácil para repetir una crisis cuya factura aún no hemos terminado de pagar.

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