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Economía

La falta de Gobierno deja en el aire la revalorización de las pensiones para 2020

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La falta de Gobierno mantiene en vilo a los casi 9 millones de pensionistas que hay en España porque a falta de algo más de cuatro meses para que termine el año todavían no saben cuánto se revalorizará su pensión en 2020. A día de hoy, por la parálisis gubernamental, esta subida sería del 0,25%, como así lo estipula el índice de revalorización que aprobó el Partido Popular en 2013. Esta norma fijaba mediante una cuenta matemática que tomaba las cuentas de la Seguridad Social, y mientras esta saliera deficitaria las pensiones solo podían subir un 0,25%. Una subida que provocaría la pérdida de poder adquisitivo si tal y como se prevé el IPC sube en 2019 hasta más de un 1%.

Desde que se aprobó el índice de revalorización de las pensiones hace ya seis años, los pensionistas no tuvieron muchos problemas con la cuantía con la que se incrementaba su prestación. Esto fue así porque mientras esta subía un 0,25%, su poder adquisitivo no se vio dañado desde 2014 hasta 2016, ya que el IPC bajaba año a año. Sin embargo, esto no fue así en 2017, donde los precios subieron un 2%, un hecho que provocó que los pensionistas perdieran 1,75% de poder adquisitivo. Una circunstancia que llevó a los pensionistas a organizar protestas por toda España para pedir que las pensiones se ligaran al IPC.

Ante este panorama, el por entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro tuvo que poner en los Presupuestos de 2018 una subida del 3% a las pensiones mínimas y un 1,6% para el resto para los años 2018 y 2019. Una subida que aumentó aún más el Gobierno de Pedro Sánchez cuando aprobó un decreto ley para ligar la subida de las pensiones este año al 1,7% del IPC, por lo que se incrementaron una décima más todavía.

Sin embargo, las leyes aprobadas solo fijaban cuánto se revalorizaban las pensiones hasta 2019. Por tanto, ante la parálisis gubernamental, para 2020, si no hay ningún cambio, volvería a tomarse como referencia la norma de 2013 que fija la subida de las pensiones en un 0,25%. Y es que con el Gobierno en funciones, el único método posible para sacar adelante una nueva revalorización sería aprobar un decreto ley que tendría que aprobar el nuevo Parlamento. Así, el fracaso de la formación de Gobierno de Sánchez ha dejado en «stand by» la reforma de las pensiones, que mantiene un agujero en las cuentas de la Seguridad Social de más de 19.000 millones de euros.

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Formación Pacto de Toledo

Mientras tanto, la comisión del Pacto de Toledo, encargada de alumbrar las recomendaciones que guíen la reforma de un sistema sobre el que pesa un déficit de 19.000 millones, sigue sin formarse después de que se disolviera el pasado mes de febrero tras no llegar a un acuerdo. Ayer, el Partido Popular pidió que se retomara «con urgencia» este trabajo y para ello registró un escrito ante la Mesa del Congreso en el que reclamaban la puesta en marcha de comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en la Cámara Baja. Sin embargo, no parece que la formación de la mesa se consiga realizar en un corto espacio de tiempo.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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