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Economía

La falta de Gobierno deja en el aire la revalorización de las pensiones para 2020

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La falta de Gobierno mantiene en vilo a los casi 9 millones de pensionistas que hay en España porque a falta de algo más de cuatro meses para que termine el año todavían no saben cuánto se revalorizará su pensión en 2020. A día de hoy, por la parálisis gubernamental, esta subida sería del 0,25%, como así lo estipula el índice de revalorización que aprobó el Partido Popular en 2013. Esta norma fijaba mediante una cuenta matemática que tomaba las cuentas de la Seguridad Social, y mientras esta saliera deficitaria las pensiones solo podían subir un 0,25%. Una subida que provocaría la pérdida de poder adquisitivo si tal y como se prevé el IPC sube en 2019 hasta más de un 1%.

Desde que se aprobó el índice de revalorización de las pensiones hace ya seis años, los pensionistas no tuvieron muchos problemas con la cuantía con la que se incrementaba su prestación. Esto fue así porque mientras esta subía un 0,25%, su poder adquisitivo no se vio dañado desde 2014 hasta 2016, ya que el IPC bajaba año a año. Sin embargo, esto no fue así en 2017, donde los precios subieron un 2%, un hecho que provocó que los pensionistas perdieran 1,75% de poder adquisitivo. Una circunstancia que llevó a los pensionistas a organizar protestas por toda España para pedir que las pensiones se ligaran al IPC.

Ante este panorama, el por entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro tuvo que poner en los Presupuestos de 2018 una subida del 3% a las pensiones mínimas y un 1,6% para el resto para los años 2018 y 2019. Una subida que aumentó aún más el Gobierno de Pedro Sánchez cuando aprobó un decreto ley para ligar la subida de las pensiones este año al 1,7% del IPC, por lo que se incrementaron una décima más todavía.

Sin embargo, las leyes aprobadas solo fijaban cuánto se revalorizaban las pensiones hasta 2019. Por tanto, ante la parálisis gubernamental, para 2020, si no hay ningún cambio, volvería a tomarse como referencia la norma de 2013 que fija la subida de las pensiones en un 0,25%. Y es que con el Gobierno en funciones, el único método posible para sacar adelante una nueva revalorización sería aprobar un decreto ley que tendría que aprobar el nuevo Parlamento. Así, el fracaso de la formación de Gobierno de Sánchez ha dejado en «stand by» la reforma de las pensiones, que mantiene un agujero en las cuentas de la Seguridad Social de más de 19.000 millones de euros.

Formación Pacto de Toledo

Mientras tanto, la comisión del Pacto de Toledo, encargada de alumbrar las recomendaciones que guíen la reforma de un sistema sobre el que pesa un déficit de 19.000 millones, sigue sin formarse después de que se disolviera el pasado mes de febrero tras no llegar a un acuerdo. Ayer, el Partido Popular pidió que se retomara «con urgencia» este trabajo y para ello registró un escrito ante la Mesa del Congreso en el que reclamaban la puesta en marcha de comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en la Cámara Baja. Sin embargo, no parece que la formación de la mesa se consiga realizar en un corto espacio de tiempo.


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Economía

Podemos quiere disparar el precio de la luz a las familias con mayor consumo

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La posible formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha vuelto a poner sobre la mesa las pretensiones de este partido de extrema izquierda en materia energética recogidas en su programa electoral.

Así, y con el supuesto objetivo de tener una factura de la luz «más barata y justa», el partido de Pablo Iglesias quiere establecer un nuevo sistema tarifario según el cual los primeros kilovatios (kWh) consumidos, «que son imprescindibles para llevar una vida digna», tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes «hasta penalizar el derroche». Este sistema, sin concretar aún, podría disparar las facturas de la electricidad de la mayoría de las familias.

Hay que recordar que actualmente existen distintas tarifas de la luz. El consumidor elige una y su precio se multiplica por el total de los kWh consumidos sin ningún baremo.

Lo que pretende Unidas Podemos es establecer una tarifa progresiva, por tramos, similar a la que ya existe en otros suministros. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, el Canal de Isabel II establece tres precios del agua en función del consumo: hasta 25 m3, entre 25 y 50 m3 y más de 50 m3.

Este sistema, asumible en su teoría, es de difícil aplicación en la electricidad, ya que su consumo en las familias depende de distintos factores, como el número de miembros que residen en cada vivienda, los horarios –hay horas más baratas y otras más caras–, etc…

Peaje de potencia

Para intentar compensar el presumible incremento de la factura de la luz para la mayoría de las familias, este partido también quiere rebajar drásticamente el término de potencia, una parte fija del recibo «que pagamos aunque no consumamos nada». Su intención es reducirla a la mitad para que, como regla general, «no sea superior al 25% del total de la factura para consumos domésticos normales».

En estos momentos, el peaje de potencia es de 0,104229 euros el kilovatio día para una potencia contratada de 3,3 kW en una tarifa pvpc, la que tienen la mayoría de clientes domésticos. Esto quiere decir que cualquier consumidor tiene que pagar unos 12 euros –impuestos incluidos– por ese concepto al mes aunque no haya encendido la luz. Es lo que sucede, por ejemplo, con las segundas residencias.

Por otra parte, Unidas Podemos también recoge en su programa «la recuperación automática de la gestión pública» de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Sería la pretendida empresa pública de energía la que asumiría la explotación de esas centrales, propiedad la mayoría d elas grandes eléctricas, cuando vayan caducando sus concesiones.

Para conocer cómo podría gestionarse este asunto en el seno del futuro gobierno social-comunista, se puede recordar que hace unos meses, el Congreso debatió una propuesta en este sentido de Unidas Podemos. Su diputado Jorge Luis Bail dijo que, en caso de volver a subastar estas explotaciones, podrían establecerse beneficios como una bajada del precio de la luz en los municipios afectados. Alberto Herrero, del PP, cuestionó que «la solución no sea recuperar las concesiones», y apostó por volver a subastarlas. No obstante, se mostró a favor de «repartir los ingresos» que generen estas centrales.

El socialista Marc Lamuà afirmó que «es hora de que esos beneficios empiecen a revertir de forma clara y diáfana», y añadió que «una vez que revierta» la gestión, «debe primar el interés público frente a los intereses de las eléctricas» y que, así, «la riqueza generada revierta de manera justa y justificada» en municipios afectados.

Sin embargo, la portavoz de Energía del PNV, Idoia Sagastizábal, manifestó que, si bien la revisión de los aprovechamientos hidroeléctricos invitan a recuperar las concesiones, la experiencia de las sociedades públicas revelan que «a los ayuntamientos les resulta muy difícil gestionar», por lo que pidió debatir a fondo este asunto, al igual que la necesidad de inversiones o los posibles efectos que tendría el fin de ingresos fiscales que abonan las empresas que gestionan actualmente estas centrales.


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Economía

La deuda pública crece en 7.021 millones de euros, el 97,72% del PIB

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La deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en 7.027 millones de euros en septiembre, hasta situarse en 1,207 billones de euros, y marca su segundo mayor dato tras el máximo de la serie registrado el pasado mes de junio (1,210 billones), según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

El Ministerio de Economía destaca que tomando el último PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2019, el ratio de la deuda sobre el PIB se habría situado en el 97,72% del PIB, por debajo del dato del mismo mes del año pasado (98,79%). En cualquier caso, está por encima del objetivo de deuda para el conjunto del año, situado en el 95,9% del PIB, que figura en el Plan Presupuestario 2020 que remitió el Gobierno a Bruselas en octubre.

Una evolución de la deuda “volátil”

El departamento de Nadia Calviño indica que el saldo mensual de deuda tiene una evolución “volátil” y muy condicionada por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos ene enero, abril, julio, octubre y, por primera vez este año, noviembre.

Por administraciones, el aumento de la deuda del Estado y de la Seguridad Social explica todo el incremento de la deuda pública en septiembre, dado que el endeudamiento de comunidades y corporaciones locales se redujo.

En concreto, la deuda del Estado creció en el noveno mes del año en 0,87% respecto al mes de agosto, hasta los 1,064 billones de euros, y respecto al año anterior, repuntó un 2,76%. La cifra supone el segundo mayor dato tras el pico registrado en junio (1,065 billones).

Por el contrario, la deuda pública de las comunidades autónomas se redujo en septiembre un 0,43%, hasta los 297.286 millones de euros, pero en tasa interanual registró un incremento del 1,6%; al tiempo que las corporaciones locales redujeron también su endeudamiento en 311 millones en agosto respecto al mes anterior, hasta los 25.307 millones, y en el último año recortaron su deuda un 9,6%.

La deuda de la Seguridad Social marca un nuevo récord

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió un 2,4% en septiembre y se sitúa ya en 52.445 millones de euros, nuevo máximo, en tanto que a nivel interanual registró un alza del 50,4%, con 17.582 millones de euros más en el último año.

Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones sobrepasa los 9.700 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica.

El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones.

En los meses de julio y diciembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que alcanza actualmente los 19.000 millones de euros y que puede generar tensiones de liquidez al sistema. De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que, además del préstamo, para pagar la extra de Navidad sacará 3.500 millones de la ‘hucha de las pensiones’.


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Economía

El Gobierno, más cerca de liquidar la “hucha” de las pensiones tras sacar 3.600 millones para la extra de Navidad

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El pago de la extra de Navidad a los jubilados va a dejar la «hucha» de las pensiones bajo mínimos. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha acordado este viernes en Consejo de Ministros sacar un máximo de 3.598,2 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar esa paga a los cerca de nueve millones de pensionistas del país. Después de esta disposición, cuya cifra final todavía se desconoce pero rondará los 3.500 millones, esa «hucha» bajará hasta unos 1.500 millones de euros, frente a los casi 67.000 que llegó a acumular en 2011.

El próximo diciembre la Seguridad Social tendrá que afrontar la paga ordinaria y la extraodinaria de las pensiones, lo que supone una factural total de 19.292,2 millones de euros. Para sufragarla, el sistema tirará del Fondo de Reserva así como de los ingresos previstos por cotizaciones sociales, que el Ejecutivo socialista confía en que cierren el ejercicio con un crecimiento del 7,9% gracias al incremento de la afiliación y subidas salariales por el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y el aumento de las bases máximas de cotización, entre otras cosas. El real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros eleva además en 600 millones de euros el préstamo del Estado a la Seguridad de Social para garantizar su equilibrio presupuestario.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha congratulado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esa evolución de los ingresos por cotizaciones y en un marcado discurso político achacó el agotamiento de la «hucha» de las pensiones al Gobierno del PP, al que acusó de tirar de ella sin límite y sin plantear ingresos adicionales para el sistema. En la paga extraordinaria de verano que cobraron los jubilados el pasado junio el Ejecutivo evitó recurrir al Fondo, haciendo frente a los pagos con 7.500 millones procedentes del crédito concedido por el Tesoro público a la Seguridad Social de 13.830 millones y los ingresos corrientes por cotizaciones sociales. Como fuere, desde 2012 se ha tenido que sacar de esa «hucha» la friolera de 77.437 millones de euros del Fondo de Reserva para garantizar el pago de los 9,7 millones de pensiones que el sistema abona cada mes.


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