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España

La Fiscalía General de Bolivia inicia los trámites para citar a declarar a Iglesias y Zapatero

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Zapatero, Iglesias y Garzón en un acto de apoyo a Evo Morales
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La Fiscalía General de Bolivia ha solicitado un informe a las autoridades españolas sobre la presencia en el país de los seis agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española implicados en el incidente del pasado 27 de diciembre en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz. Además, ha iniciado los trámites para pedir la comparecencia como testigos, entre otros, del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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La Fiscalía ha enviado una nota a la Cancillería para que, por vía diplomática, comunique a las autoridades españolas la remisión de un informe oficial “señalando las identidades de estas personas, con qué pasaporte ingresaron a territorio boliviano, qué autoridad solicitó la presencia de este grupo especializado y sobre todo el motivo por el cual se hizo presente este grupo del GEO en nuestro país”, ha explicado el fiscal general boliviano, Juan Lanchipa.

En concreto, el documento remitido al Ministerio de Exteriores solicita que por vía diplomática correspondiente se transmita la solicitud a las autoridades competentes del Reino de España para que informen sobre estas cuestiones planteadas en relación con el incidente que se ha saldado con la expulsión de dos diplomáticos españoles expulsados del país.

Los diplomáticos expulsados son Cristina Borreguero, ‘número dos’ de la Embajada, y Álvaro Fernández, cónsul. Ambos se vieron envueltos en un incidente cuando, el pasado 27 de diciembre, visitaron a la embajadora de México, Teresa Mercado, cuya residencia llevaba días cercada por las fuerzas de seguridad boliviana y terminaron expulsados del país unos días después.

En concreto, la Fiscalía quiere conocer “la legalidad de los pasaportes y datos identificativos presentados por el personal del GEO a tiempo de ingresar a territorio boliviano, especificando si los mismos corresponden a la identidad de dichos funcionarios y segundo; cuál el motivo de su traslado a territorio boliviano o la tarea encomendada a dicho grupo especializado y la autoridad que solicitó su intervención”.

Esta petición se produce después de que el Ministerio de Gobierno a cargo de Arturo Murillo presentara hace unos días un memorial ante la Fiscalía General del Estado solicitando que se cite para tomar declaración informativa en relación a estos hechos a personalidades españolas como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el cofundador de la formación Juan Carlos Monedero, el líder de Más País, Iñigo Errejón, o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

“Al respecto de este memorial, hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que, mediante cooperación internacional, tome las acciones necesarias y cite en calidad de testigos a estas personas que se menciona en el memorial para que brinden la información requerida”, ha explicado el fiscal general bolivariano.

El incidente se produjo porque, cuando visitaron la Embajada de México, los diplomáticos iban acompañados de policías españoles y el Gobierno boliviano dio credibilidad a las sospechas de vecinos de que podían estar intentando sacar de la Embajada a varios ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales que se han refugiado allí.

En Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación negó de plano que el objetivo de la visita fuese sacar a personas de la Embajada y anunció una investigación para conocer lo sucedido. Además, avanzó que tan pronto como estuviera terminada comparecería en el Congreso la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que ha asumido temporalmente la cartera de Exteriores.

Además, la ministra boliviana de Exteriores, Karen Longaric, aseguró que Robles le había dicho que no había autorizado esa visita a la Embajada mexicana que estuvo en el origen de los incidentes.

DIPLOMÁTICOS EXPULSADOS

Después del suceso, el Gobierno provisional de Bolivia declaró personas non gratas a los dos diplomáticos, que ya se encuentran en España. El Gobierno español lo consideró un acto hostil y reaccionó haciendo lo mismo con tres funcionarios destinados en la Embajada de Bolivia en Madrid.

Mientras, han pedido explicaciones al Gobierno PP, Ciudadanos y Vox, y varios miembros de este partido, entre ellos el eurodiputado Hermann Tertsch, se desplazaron a Bolivia y afirmaron que España le debe a este país un “gesto de desagravio” por una “situación inadmisible”. Vox afirmó haber recibido del Gobierno de Jeanine Áñez “información sensible” sobre el incidente.


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Islas Baleares

Una profesora feminista adoctrina a alumnos de un instituto de Mallorca: “Hay montones de hombres violadores y maltratadores”

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Sociedad Civil Balear (SCB) ha exigido a la Conselleria de Educación de Baleares que actúe ante “un nuevo caso de adoctrinamiento en los centros escolares de Baleares” . Una profesora de Valores Éticos a alumnos de 3º de ESO del IES Emili Darder se dirige a sus alumnos “vivimos en una sociedad absolutamente machista y todavía hay gente de vuestra edad que lo pone en duda. Hay montones de hombres violadores y maltratadores y esto os tendría que preocupar por vuestra condición de hombres”

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Ha trascendido una grabación publicada por esRadio en el Instituto Emili Darder de Palma durante una una clase de la asignatura ‘Valores Éticos’, que tuvo lugar después de las elecciones del 10-N. En dicha grabación se puede escuchar como la profesora califica a VOX como un partido “xenófobo, fascista, elitista, machista y todos los istas que quieras”, además de reñir a sus alumnos por poner en duda la existencia de denuncias falsas en casos de violencia de género, o que determinados delitos puedan tener una mayor incidencia entre la población inmigrante.

Esta entidad denuncia que la profesora llega a calificar como ‘emigrantes’ a algunos de sus alumnos por no tener “apellidos catalanes” o por no ser catalanoparlantes, equiparándolos con personas venidas de otros países.

Para Sociedad Civil Balear “esta grabación, como tantas otras pruebas orales o escritas que se han denunciado en los últimos tiempos -incluyendo el trabajo realizado en este sentido por Societat Civil Balear, en colaboración con la asociación de profesores ‘PLIS, Educación por favor’- ponen de manifiesto que el adoctrinamiento en los centros educativos de Baleares es la norma, y no la excepción. Y que la llamada ‘ingeniería social’ se aplica en ellos sin descanso”.

Insiste el vicepresidente de SCB, Álvaro Delgado, que el objetivo de los colegios, institutos o profesores no debería ser tratar de orientar a los alumnos acerca de una u otra doctrina política o ideológica. Sino facilitarles unos conocimientos y tratar de desarrollar en ellos unas aptitudes que les permitan desempeñarse eficazmente en el futuro. “Es realmente sorprendente que algo tan elemental tenga que recordarse una y otra vez”, lamenta esta entidad.

Recrimina la inacción de los responsables que deberían velar por la calidad de la Educación, que no sólo son incapaces de detectar ningún caso de adoctrinamiento, sino que ni siquiera toman ninguna medida cuando éstos se denuncian.

VOX PIDE LA COMPARECENCIA URGENTE DEL CONSELLER MARTÍ MARCH

“Es muy grave, no vamos a tolerarlo, y vamos a hacer todo cuanto esté en nuestras manos para evitar que se siga adoctrinando en las escuelas”. Así se ha expresado el diputado y portavoz del Grupo de VOX en el Parlamento de las Islas Baleares, Jorge Campos, al conocerse un “nuevo y evidente” caso de adoctrinamiento en la escuela pública. Ha asegurado que nos encontramos ante la “evidencia más clara del adoctrinamiento en las escuelas de Baleares, dentro del horario lectivo, en una clase, en una asignatura curricular… Por eso intentan impedir que visitemos los centros educativos”.

“Que esto suceda en las aulas es una indecencia y es ilegal, porque va en contra del Estatuto Básico del empleado público que dice que debe ser escrupulosamente neutral. Es una vergüenza que llevan años denunciando las familias y que la Sra. Armengol y el Sr. March intentan ocultar”, ha dicho el diputado de VOX.


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España

Manuel Rey, Presidente de la Asociación de Amigos de la Bandera Española (ASABES) denuncia todo tipo de presiones y represalias en la Galicia de Feijoó

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Manuel Rey, conocido patriota y fundador de la Asociación de la Bandera Española, está siendo perseguido y acosado por el clan del PP de Orense conocido por “Los Baltaristas” (Y hagan ustedes la asociación de nombres que les plazca) no sabemos si por patriota, o por un oscuro asunto de hace años que, al parecer, “incomodó” a muchos cazadores de la zona.

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Cuando Rey salió elegido como Presidente del Coto de Caza en cuestión, comenzó a tener problemas por graves infracciones que él se negó a tapar, presentando todas las denuncias pertinentes ante el SEPRONA.

Hasta tal punto llegaron las presiones que los responsables políticos del área de Medio Ambiente intentaron presionar a Rey para que retirase todas las denuncias.

Rey, un hombre que blasona de arrodillarse exclusivamente ante Dios, se negó rotundamente, lo que provocó que comenzasen las amenazas y violencias contra él: rayas en su coche, señales de tráfico en su entorno tiroteadas, restos de animales descuartizados en su aparcamiento… un sinfín de desagradables “recordatorios” que para nada influyen en el carácter de este hombre de hierro, patriota como pocos y comprometido, como el mismo nos cuenta, con la Iglesia Católica y la Guardia Civil.

En estos momentos, mientras las presiones continúan y las denuncias parecen estar “desaparecidas”, Manuel Rey sigue su lucha, que desde ALERTA NACIONAL pensamos seguir muy de cerca para contarles que tipo de mafias locales existen en esta España nuestra.


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España

Vox propone hacer pruebas de nivel de castellano a los españoles

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Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, quiere garantizar la «obligación» de todos los españoles de conocer el castellano y para ello ha pedido al Congreso la realización de pruebas de nivel que así lo acrediten, «especialmente en los territorios que cuenten con otra lengua cooficial». El debate lo lleva al pleno del Congreso con una proposición no de ley firmada por la secretaria del grupo parlamentario, Macarena Olona, y el diputado por Alicante, Eduardo Luis Ruiz.

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También solicita al Gobierno que se adopten las medidas necesarias para «estudiar exclusivamente en castellano en todo el territorio nacional», además de poder relacionarse con todas las administraciones en la lengua oficial del Estado.

Para Santiago Abascal, debe garantizarse que el castellano sea lengua vehicular, de comunicación y de trabajo de todas las administraciones, sin perjuicio de que se complemente con la lengua cooficial en aquellos territorios que la tienen. Y sostiene que «en ningún caso» se podrá obligar a un funcionario a conocer o utilizar una lengua distinta al castellano ni a conocer la cooficial puede ser requisito para acceder a un empleo público.

Asimismo, también reclama que toda comunicación de las administraciones aparezca escrita en castellano con forma y tamaño que, cuando menos, sean iguales a las de la otra lengua cooficial. Y lo mismo exige para cualquier organización que reciba cualquier tipo de subvención o ayuda pública. Con el fin de asegurar el cumplimiento de estos requisitos, Vox quiere que el Gobierno incluya una relación de infracciones y sanciones que permitan al Estado sancionar el incumplimiento de la norma.


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