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La instrumentalización del ‘impeachment’ contra la oposición política

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Escena en la firma de la Constitución de Estados Unidos, óleo sobre lienzo, de Howard Chandler Christy, 1940. (Fuente de la imagen: The Indian Reporter/Wikimedia Commons)
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Por Alan M. Dershowitz.- El poder constitucional para iniciar un proceso de impeachment contra un presidente debidamente electo fue concebido por los redactores de la Constitución como una herramienta neutral y no partidista para ser utilizado como último recurso contra casos extremos de delincuentes en cargos públicos. En la imagen: Escena en la firma de la Constitución de Estados Unidos, óleo sobre lienzo, de Howard Chandler Christy, 1940. (Fuente de la imagen: The Indian Reporter/Wikimedia Commons)

El poder constitucional para iniciar un proceso de impeachment contra un presidente debidamente electo fue concebido por los redactores de la Constitución como una herramienta neutral y no partidista para ser utilizado como último recurso contra casos extremos de delincuentes en cargos públicos. Se está implementando ahora como arma partidista utilizable por rutina contra presidentes de un partido diferente al que controla la Cámara de Representantes.

Según el punto de vista de algunos miembros del Congreso, cada vez que la Cámara esté controlada por un partido, una mayoría simple puede votar correctamente a favor del impeachment. Como dijo la congresista Maxine Waters: “El impeachment es lo que diga el Congreso que es. No hay una ley”. Se equivoca. La Constitución es la ley y ella no está por encima.

El reciente mal uso partidista de este poder de emergencia empezó con el impeachment al expresidente William Jefferson Clinton por la Cámara —controlada por los republicanos— en 1998. Clinton no cometió ningún delito susceptible de un proceso de impeachment, a pesar de haber mentido gravemente bajo juramento sobre su vida sexual. Dicho perjurio, si se produjo, cumpliría con la definición de “delito”, pero no los criterios requeridos por la Constitución de “delitos y faltas graves”. Si el presidente Clinton cometió un delito, sería un delito menor relacionado con su vida sexual, comparable a los cometidos por Alexander Hamilton —adulterio y pago a un extorsionista— cuando era secretario del Tesoro. Si Hamilton hubiese pagado al extorsionista con dinero público, como fue falsamente acusado de hacer, habría sido culpable de un grave delito susceptible de impeachment.

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Para ser acusado, un presidente tiene que cometer un delito (la falta es una especie de delito) y la comisión de ese delito también debe constituir un abuso de cargo público. Un abuso de cargo público, sin un delito subyacente, es un pecado político, pero no un delito susceptible de impeachment.

Esta misma cuestión se debatió en la Convención Constitucional, donde un delegado propuso la “mala administración” como criterio para el impeachment y la destitución de un presidente. James Madison, padre de la Constitución, se opuso enérgicamente argumentando que con un criterio tan vago y ambiguo poco concluyente el presidente estaría ejerciendo según la voluntad del Congreso y que dejaríamos de ser una república con un presidente fuerte para ser una democracia parlamentaria donde el jefe del ejecutivo puede ser destituido por una moción de confianza. En su lugar, la Convención adoptó unos estrictos prerrequisitos para el impeachment: traición, soborno u otros delitos y faltas graves. La Cámara no está más facultada para sustituir sus propios criterios por los enumerados en la Constitución de lo que estaría el Senado para cambiar el requisito de votación de dos tercios para la destitución a una mayoría simple o a una mayoría cualificada de tres quintos. El Congreso no está por encima de la ley. Está sujeto a lo que los redactores aceptaron y no pueden ahora aplicar los criterios que los redactores rechazaron explícitamente.

Aquellos que caracterizan el proceso de impeachment y destitución como completamente políticos se equivocan por una simple cuestión de derecho constitucional, aunque tengan razón al describir la realidad del mal uso que se le está dando actualmente. Los defensores de este punto de vista citan incorrectamente a Hamilton en El Federalista n.º 65.

Hamilton no caracterizó los criterios para el impeachment como “políticos”, lo hizo sólo en el sentido en que se relacionan con “los perjuicios inmediatos causados a la propia sociedad”. Inmediatamente después rechazaba la opinión de que el proceso debía ser partidista, basado en la “fuerza comparativa de los partidos”, en vez de en las “verdaderas demostraciones de inocencia o culpa”. Dijo que eso era “el mayor peligro” y pidió “neutralidad hacia aquellos cuya conducta pueda ser objeto de escrutinio”. Los que citan, o interpretan, mal a Hamilton mezclan erróneamente las palabras “político”, que él utilizaba en sentido gubernamental, y “partidista”, con lo que se refería a la fuerza comparativa de los partidos y facciones.

Es difícil imaginar una mayor vulneración de los principios de Hamilton que la reciente votación en la Cámara siguiendo líneas de partido (con dos excepciones, ambas contra el impeachment) para abrir una investigación oficial para el posible impeachment del presidente Trump. La votación estuvo exclusivamente determinada por la “fuerza comparativa de los partidos”, como lo fue la votación para destituir al presidente Clinton hace dos décadas.

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Una Cámara partidista que votara para destituir al presidente Trump, seguido de una votación partidista en el Senado para absolverlo, no sólo perjudicaría al Partido Demócrata —como los votos en el caso de Clinton perjudicaron al Partido Republicano—: perjudicaría a nuestra Constitución y polarizaría aún más nuestra ya dividida nación.

Y, lo que es más importante, el mal uso del poder del impeachment de manera partidista representaría, en palabras de Hamilton, “el mayor peligro” para nuestra Constitución.

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El viejo genocida de bebés no planea detenerse: George Soros le inyecta 20 millones de dólares a la agenda progresista y abortista de Joe Biden

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Soros ha invertido fortunas en el demócrata desde que era candidato. También entregó más de 200 millones de dólares a organizaciones progresistas por la lucha de clases para alcanzar su ansiado globalismo.

El multimillonario George Soros no deja de aparecer en la escena mundial. Aunque gran parte de su trabajo ocurre tras bambalinas, hay muestras de cómo mueve las fichas para alcanzar su ansiado globalismo.

Esta vez trascendió que donará 20 millones de dólares para una campaña que buscará reunir a los progresistas de EE. UU., con el fin de apoyar los billonarios planes de infraestructura y de bienestar social que el presidente Joe Biden piensa poner en práctica.

El aporte de George Soros, nada modesto, será el impulso para lograr una recaudación final de 100 millones de dólares una vez que otros donantes y activistas demócratas vean a Soros entre los interesados. La cifra que aporte el multimillonario se destinará a la organización de base en lugar de la publicidad pagada, según un reporte de Axios. Es decir, para activar organizaciones progresistas.

La donación se hará a través de Open Society Foundations, fundada por el magnate. El director ejecutivo para EE. UU, Tom Perriello, asegura que «cada iniciativa propuesta por el presidente Biden tiene un amplio apoyo público».

Por eso, ahora «no van a permitir» que las reformas de Biden sean «satanizadas» como supuestamente lo han hecho otras figuras partidistas y con «intereses especiales».

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«Los hechos no siempre ganan sin que se ponga un poco de fuerza para poner esos hechos frente al pueblo estadounidense»

Ante este razonamiento no quedaría duda del interés tras la donación de George Soros. Sin embargo, hay que mirar más de cerca para entender los nexos.

Soros y las elecciones de EEUU

El multimillonario de origen húngaro nombró a Mark Malloch-Brown, como presidente de su fundación en diciembre de 2020. En el sitio web puede leerse su biografía.

¿Pero quién es Malloch-Brown? Un diplomático británico que desde 2014 era parte de la junta directiva de Smartmatic. La misma empresa que proveyó tecnología para varios estados de EE. UU. en las elecciones presidenciales donde Biden resultó ganador.

Malloch-Brown ha ocupado importantes cargos en todo el mundo. Fue especialista en desarrollo en el Banco Mundial, secretario general Adjunto de las Naciones Unidas, formó parte de la Cámara de los Lores en el Parlamento de Reino Unidos y muchas posiciones más que le han abierto paso a escala mundial.

Soros aplaudió el nombramiento de Malloch-Brown al frente de su grupo. Ese tuit lo aprovechó para decir que el mundo está «acosado por el iliberalismo». Hacia finales de 2020, el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, acusó a Soros por presuntamente conspirar con los demócratas para darle la victoria a Joe Biden.

220 millones para la igualdad racial

«Esperamos que este esfuerzo por parte de los organizadores y donantes le dé a la administración y al Congreso de Biden la seguridad de que necesitan ir lo más grande, audaz y rápido posible», declaró la portavoz de una red de donantes progresista llamada Way to Win en respaldo a la donación de George Soros.

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Más de 32000 millones de dólares han salido de la fortuna personal del inversionista para reforzar el trabajo de Open Society Foundations, por ello no es de extrañar otros aportes en beneficio de su agenda.

Un total de 220 millones de dólares fueron a parar a distintas organizaciones a favor de la lucha social en julio de 2020. De ese monto, 150 millones de dólares serían asignados en subvenciones de cinco años para grupos seleccionados, incluidas organizaciones progresistas como Black Voters Matter Fund. El dinero también «apoyaría a organizaciones de derechos civiles para la población negra con más antecedentes».

Los otros 70 millones fueron a subvenciones locales para jóvenes involucrados en el activismo racial y para «luchar contra la supresión y desinformación de votantes».

Apoyo a Biden

Son muchos millones de dólares los que Soros ha invertido en causas progresistas. Hace justamente un año donaba más de 28 millones de dólares a través de su Comité de Acción Política (PAC) familiar para las elecciones de 2020. En enero y febrero ya había donado otras sumas a favor del entonces candidato Joe Biden.

Cuando aún luchaba por llegar a la Casa Blanca, Biden prometía aumentar los impuestos solo para aquellas personas que cruzaran el umbral de ganancias de 400.000 dólares. El resto, no vería «ni un centavo en impuesto federal adicional».

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Pero las promesas se van esfumando a medida que el demócrata lanza nuevas propuestas, como un próximo plan de infraestructura «y necesidades internas» con un costo de 3 billones de dólares. Para ponerlo en práctica Biden considera aplicar impuestos por milla a los conductores estadounidenses. Desde ahora expertos advierten lo perjudicial que este tipo de medidas pueden ser para las elecciones de medio término en el Congreso.

Sin duda George Soros está buscando blindar los siguientes pasos del presidente demócrata, tal como lo aplicó en la carrera por la Casa Blanca.

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