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Economía

La OCDE rebaja el crecimiento de España dos décimas en 2019 y tres en 2020

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El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría
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La OCDE constata que la economía española se está ralentizando más de lo que había calculado en mayo y rebaja sus previsiones de crecimiento dos décimas para este año, al 2 %, y tres para 2020, al 1,6 %.

En su informe semestral de perspectivas publicado este jueves, la OCDE se muestra más pesimista que el Gobierno, que confía en mantener una progresión del 2,1 % en 2019 y del 1,7 % en 2020, pero no tanto como la Comisión Europea, que el pasado día 7 modificó fuertemente a la baja sus cifras para dejarlas en el 1,9 y el 1,5 %, respectivamente.

Pese a todo, la evolución de España será una vez más mejor que la media de la eurozona, que crecerá un 1,2 % este año y un 1,1 % el próximo. También será mejor que la de los tres grandes países de la zona euro: Alemania, Francia e Italia.

Para 2021, la expectativa de la OCDE es que el crecimiento en España se mantenga en el 1,6 % en un contexto en que el consumo privado será el principal vector de progresión, aunque también experimentará una ralentización en su incremento (del 1,8 % el próximo ejercicio al 1,3 % el siguiente).

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Esa ralentización está en relación directa con una menor creación del empleo mientras que la tasa de paro pasará del 14,2 % en 2019 al 14,1 % en 2020 y al 13,6 % en 2021.

Inversión en las empresas

En cuanto a la inversión de las empresas, está siendo menos dinámica que en el pasado (crece al 2,8 % este año después de haberlo hecho al 5,3 % en 2018) pero va a persistir en un ritmo de crucero importante a la vista del alto nivel de utilización de las capacidades productivas y por las favorables condiciones de financiación con los bajos tipos de interés.

Según la OCDE, volverá a repuntar al 3,6 % en 2020 para decaer al 3 % en 2021.

El comercio exterior tendrá un impacto negativo de cinco décimas sobre el producto interior bruto (PIB) en 2020 ante la debilidad de los mercados de exportación y el dinamismo de las importaciones.

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La OCDE se refiere en su documento a la incertidumbre política, que genera dudas sobre cuál va a ser la evolución fiscal y de las finanzas públicas. Y como prevé que la deuda pública siga a un nivel “elevado” -únicamente bajará del 96,6 % del PIB en 2019 al 96,2 % en 2021-, insiste en que hacen falta más esfuerzos estructurales para una reducción duradera.

A ese respecto, hace notar que las mejoras recientes en las finanzas públicas hay que atribuirlas mayormente a “unas condiciones macroeconómicas favorables”.

Aumentar la productividad

Los autores del informe consideran que para elevar el crecimiento potencial el elemento fundamental es aumentar la productividad, y eso pasa por mejorar la formación de la mano de obra, la competencia y la innovación.

Sobre el primer punto, recomiendan formar a los trabajadores con menores capacitaciones para aumentar sus perspectivas laborales y reducir las desigualdades.

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Proponen unificar la asistencia laboral y los servicios sociales para los desempleados y dar formación digital a las personas con menor nivel educativo y con bajos ingresos, los mismos cuyos empleos corren más riesgo a causa de la automatización.

Como es habitual, en sus consejos a España se repite el de corregir la fragmentación del mercado y aumentar la coordinación entre las políticas de innovación del Gobierno y las de las comunidades autónomas.

El conocido como el “Club de los países desarrollados” avisa de que el riesgo principal para la economía española podría venir de un crecimiento más bajo de lo anticipado en Europa, el primer destino de sus exportaciones.

Puede afectarle también negativamente el ‘brexit’, dado que el Reino Unido es uno de los países de los que llegan más turistas a España, así como un consumo más flojo si la creación de empleo se ralentiza mucho o si persiste la incertidumbre.

La disminución de esa misma incertidumbre podría ser un incentivo para una mayor inversión, y eso redundaría en la confianza de las empresas.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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