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Internacional

La ONU (Organización Terrorista de las Naciones Unidas) se quita la careta: señala que la religión cristiana es enemiga de los derechos humanos por oponerse al aborto y a las ideologías de género

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Pablo Muñoz Iturrieta*.-

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de publicar su informe anual sobre “Libertad de religión o creencias”, preparado por el Relator especial Ahmed Shaeed (entrar AQUI para ver el informe en inglés). En este documento, la ONU concluye que la religión en general -y la cristiana en particular- es enemiga de los derechos humanos. Lo grave es que este documento es supuestamente en defensa de la libertad de la práctica religiosa y de conciencia. ¿Cómo llegan a la conclusión de que las iglesias son “anti derechos”? Contraponiendo los “derechos LGBT” a la libertad religiosa y mostrando cómo la libertad religiosa se usa supuestamente para discriminar e ir en contra de los derechos y prácticas LGBT. Por ende, fuera toda creencia y bienvenida la “perspectiva de género”. El documento también remarca el rol de grupos religiosos en la creación de la llamada “ideología de género”, lo cual es erróneo, ya que es la ciencia misma la que ha denunciado la posición ideológica y extrema de la teoría del género.

Además, este informe de 2020 considera los principios cristianos sobre la sexualidad humana como peligrosos y discriminatorios.

El informe hace un uso sesgado e ideológico de lo que es una “práctica religiosa”, ya que como ejemplos menciona el gravísimo problema que existe en países islámicos donde se practica la mutilación genital femenina, matrimonios forzados, poligamía y violaciones, entre otros males (n.41), y la criminalización de la homosexualidad (n. 37), todo esto bajo la excusa de la religión. Pero en la respuesta, en vez de clarificar que por naturaleza estas no son prácticas religiosas (porque al islam no se lo toca), el documento aprovecha para arremeter contra el cristianismo por su oposición al falso evangelio de la ONU: la ideología de género.

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Dice el informe que existe una “profunda preocupación” por las “campañas de grupos religiosos [cristianos]” que tildan de inmorales a los que abogan por la igualdad de género “alegando que la “ideología de género” es mala para los niños, la familia, la tradición y la religión” (no.34). Saheed sostiene que la iglesia invoca “dogmas religiosos y pseudociencia” para oponerse a los ideólogos de género y “defender los valores tradicionales enraizados en interpretaciones de las enseñanzas religiosas acerca de los roles sociales del hombre y la mujer según una alegada diferencia física y capacidad mental; llamando a menudo al gobierno a sostener políticas discriminatorias” (ibíd.). Para la ONU, la Iglesia es instrumento de discriminación y la llamada violencia de género. Dicen estar preocupados porque la iglesia se ha escudado en el derecho de la libertad religiosa y organizó en grupos para contrarrestar el trabajo de los activistas de los derechos humanos…

Dice el relator, por ejemplo, que la iglesia en Polonia ha intimidado y estigmatizado a los defensores de los “derechos” de las mujeres como “promotores de la ideología de género y grupos anti-familia”. ¿Cuál es este supuesto ataque a los derechos humanos? Según Saheed es un derecho luchar contra las constitución política de Polonia, ya que el matrimonio es definido como la unión de un hombre y una mujer y, claro, eso va contra los derechos humanos…

Otro punto que destaca la ONU en contra de la iglesia de Latinoamérica es que está constantemente estorbando la legalización del aborto y de operaciones de reasignación de sexo (no.29). En lugares como Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay (se olvidó de Argentina) los grupos cristianos “han coartado los programas de educación sexual y reproductiva” (no.36) y cita un documento de Planned Parenthood para afirmar (mentirosamente) que los niveles de muertes por abortos clandestinos son altísimos en Argentina, Venezuela, Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia (no.30). Eso, como sabemos, no es así. En torno al aborto la ONU demanda que los gobiernos hagan lo necesario para que los médicos no puedan objetar en conciencia y no puedan negarse a practicar el homicidio prenatal (no.44). Además, para el relator es suficiente prueba de ataque a los derechos humanos el que la iglesia diga que la práctica homosexual va contra la naturaleza humana (Ibíd.), lo cual es real y está científicamente comprobado (lo demuestra la fisiología y estructura celular del ano).

Por último, el relator indica que en las iglesias se ha negado a los colectivos LGBTI+ y a las mujeres participar e incidir en el contenido de la fe: “se les ha negado el derecho de manifestar sus creencias a través de interpretaciones igualitarias de género de la fe, [mientras que] los que combaten la violencia de género y la discriminación pueden ser estigamizados y castigados por ello” (no.47). En este punto Saheed instruye tácitamente desde la ONU que las teologías contextuales queer y feministas (“interpretaciones igualitarias de género”) deberían de regir nuestra interpretación de la Biblia y de nuestra fe. En la Iglesia, dice la ONU, a la gente no le queda otra más que aceptar estos sistemas discriminatorios o irse de ella (Ibíd.).

Así, apelando al aborto y recomendando las interpretaciones queer y feministas de la Biblia, la ONU concluye que “constituye un serio desafío para el avance global de la equidad la privación de derechos LGBTI+ y de las mujeres dentro de las comunidades religiosas” (no.47).

A partir de esto la ONU establece claros límites a la iglesia y la libertad de conciencia y religión:

– Que no se pueda invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género.

– Que no se pueda invocar la objeción de conciencia para no practicar un aborto en hospitales (ya sean públicos o privados) (no. 44).

– Que la teoría LGBT nos da pautas para reinterpretar las Sagradas Escrituras y se deben rechazar “interpretaciones patriarcales de la doctrina religiosa” (no. 51).

– Que no se pueden avanzar “normas heterosexuales” en nombre de la libertad de religión.

El plan de la ONU implica así la reducción o desaparición de garantías y derechos anteriormente sancionados por tratados internacionales, con tal de imponer este nuevo orden ético mundial.

¿Qué debe hacer el gobierno cuando una iglesia discipline a un propagador de ideología de género entre sus miembros? Dice la ONU que “debe intervenir para prevenir prácticas dañinas, ya que dichas prácticas se constituyen por el ethos [prácticas o costumbres] religioso; incluyendo actos discriminatorios que buscan nulificar o menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones” (no.49).

Saheed considera así que los disidentes y activistas LGBT y de derechos humanos deben ser protegidos por el Estado de las garras “violentas” de las iglesias. La excomunión o sanciones serían entonces un atentado contra la libertad y los derechos humanos cuando se aplique a un falso maestro que enseñe cosas contrarias a la fe revelada en el nombre de la igualdad y los derechos LGBTI+. En suma, la ideología de género no puede existir sin el apoyo del Estado, y la ONU, que sabe perfectamente esto, está amonestando a los gobiernos del mundo para que intervengan contra la iglesia cuando se hable contra el aborto, la práctica de la homosexualidad, el divorcio y la hipersexualización de los niños, así como lo que consideran estereotipos de la mujer al enseñarle la importancia de cuidar de su hogar y sujetarse a su esposo.

Para la ONU, un cristiano tiene el derecho absoluto de creer y practicar la religión que quiera, pero el derecho a manifestar públicamente una creencia es limitado por la ley, la moral, la salud, el orden y la seguridad (no. 60). Sobre esta base es que la ONU reclama que la predica de la iglesia contra la promiscuidad sexual y a favor de la vida y del matrimonio heterosexual exclusivo no debería de estar protegida por la ley por ser discriminatoria.

Saheed y la ONU exigen finalmente que el Estado opere sancionado a las iglesias y obligándolas “a crear las condiciones en las cuales todos los miembros de la sociedad puedan ejercitar sus derechos, incluyendo el derecho a la religión o creencia” (no.71). Este es un paso más hacia la imposición totalitaria de su visión masónica anticristiana.

 

 

* Doctor en filosofía política y autor de “Atrapado en el cuerpo equivocado”: La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía y El significado de la libertad religiosa en la esfera pública secular (The Meaning of Religious Freedom in the Secular Public Square)


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Internacional

Trump: «No vamos a permitir que la extrema izquierda borre nuestra historia, adoctrine a nuestros niños y abuse de nuestras libertades»

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La nación comenzaba a celebrar su 244 aniversario con fuegos artificiales y Donald Trump pronunciaba las últimas palabras de su discurso anual por el 4 de julio en la Casa Blanca, cuando finalmente la estatua de Cristóbal Colón de mármol de Carrara que llevaba en el puerto de Baltimore desde 1984 fue derribada por una turba armada con maromas, que después arrastró los pedazos que quedaban hasta un embarcadero y los lanzó al agua del puerto, entre gritos y cánticos.

Han caído ya varias estatuas de Colón en todo el país desde que estalló la protesta racial en Estados Unidos a finales de mayo, pero esta en concreto era especial, orgullo de la comunidad italoamericana de una de las grandes ciudades de la costa este, inaugurada en 1984 por Ronald Reagan en persona.

Momentos antes, Trump, en su discurso en Washington, dijo: «No vamos a permitir que una turba de extrema izquierda tire nuestros monumentos y borre nuestra historia, adoctrine a nuestros niños y abuse de nuestras libertades. Preservaremos nuestros valores, tradiciones, costumbres y creencias. Enseñaremos a nuestros hijos a querer y adorar a su país para que puedan construir su futuro. Juntos lucharemos por el sueño americano, y defenderemos, protegeremos y preservaremos el estilo de vida americano, que comenzó en 1492 cuando Colón descubrió América», dijo ayer Trump en la Casa Blanca durante la celebración del 4 de julio, día de la independencia estadounidense.

Fuegos artificiales

Caía la noche sobre la costa este de EE.UU. y comenzaban los tradicionales fuegos artificiales. También en Baltimore, a apenas 60 kilómetros de Washington. Justo entonces, una multitud de unas 300 personas se había congregado alrededor de la estatua de Colón en el barrio conocido como Pequeña Italia, justo frente al puerto. La ataron con unas maromas, tiraron de ella y la lanzaron al suelo. La escultura perdió en la caída la cabeza. Un grupo que se hace llamar Baltimore Bloc se atribuyó la autoría del derribo en redes sociales, donde compartió el vídeo de la caída del navegante y virrey de la corona de Castilla con el mensaje: «Acaban de deportar a Colón».

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La estatua de mármol de Carrara fue inaugurada el 12 de octubre de 1984, en un acto solemne en el que dio un discurso el entonces presidente Reagan. Era uno de los tres monumentos que hay en Baltimore, la mayor ciudad de Maryland, dedicados al navegante, incluido un obelisco que fue erigido en 1792 para conmemorar el 300 aniversario de su travesía. Baltimore goza de una importante comunidad italoamericana, de la que procede la actual presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuyo padre fue alcalde de la ciudad entre 1947 y 1959.

Los demócratas de California, donde ahora reside Pelosi, retiraron recientemente una estatua de Colón y de la reina Isabel la Católica de una sala del Capitolio estatal en Sacramento. La presidenta de la Cámara ha mantenido silencio al respecto. El candidato demócrata Joe Biden sí se ha pronunciado, y ha pedido que se deje en paz al menos a las estatuas de Colón. Los manifestantes también han atacado monumentos dedicados a conquistadores españoles y a fray Junípero Serra, fundador de nueve misiones en California, nacido en Mallorca.

El alcalde de Baltimore, el demócrata Bernard C. Young, ha defendido a quienes perpetraron el derribo. «Entendemos su dolor. Lo que la ciudad quiere hacer es servir como modelo nacional, particularmente dado el modo en que hemos afrontado estas protestas. Hemos visto que las personas que han salido a las calles, las hemos apoyado. Vamos a seguir apoyándolas. Y punto», dijo el edil a través de un portavoz. Preguntado por el diario «The Baltimore Sun» sobre qué hizo la Policía ante el derribo, el alcalde respondió: «Nuestros agentes en la ciudad de Baltimore están principalmente ocupados en la preservación de la vida. Eso es sacrosanto. Todo lo demás es secundario, incluidas las estatuas».

El presidente Trump centró sus discursos de celebración del 4 de julio en la preservación de la memoria histórica y del patrimonio artístico. De hecho, ha instado a la Fiscalía, por decreto, a que pida 10 años de prisión para aquellos que vandalicen monumentos de propiedad federal. Además, ha propuesto la creación de un nuevo parque nacional con estatuas de figuras históricas estadounidenses, un «jardín de héroes», donde tendrían lugar líderes religiosos como el reverendo Billy Graham, los presidentes Reagan, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, además de Martin Luther King Jr., Daniel Boone, Davy Crockett, Frederick Douglass, Amelia Earhart, Douglas MacArthur, Harriet Tubman, y muchos más.

«Los héroes americanos derrotaron a los nazis, derribaron a los fascistas, derrocaron a los comunistas, salvaron los valores americanos, defendieron los principios americanos y persiguieron a los terroristas hasta los confines de la tierra. Ahora estamos en el proceso de derrotar a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores, los saqueadores y demás gente que en muchos casos no tienen ni idea de lo que están haciendo», dijo el presidente en la Casa Blanca.

Tras el derribo de la estatua de Colón en Baltimore, la siguiente en caer será la de Filadelfia, por orden, en esta ocasión, del gobierno municipal, después de que varios intentos de hacerla caer por la fuerza hayan provocado disturbios. El año pasado, un concejal de Washington, la capital, propuso hacer lo propio con otra escultura del navegante que se halla junto a la estación de trenes nacional.

La Embajada española en Washington ha lamentado los ataques a estas estatuas en varias comunicaciones públicas. El Gobierno español, sin embargo, no ha tomado ninguna medida concreta al respecto. Son los líderes de la comunidad italoamericana quienes defienden a Colón, pues nació en Génova. A otros personajes históricos españoles, como fray Junípero, los ha defendido la Iglesia Católica, que ha armado una campaña de comunicación en defensa de su imagen.


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Internacional

Cientos de miles de estadounidenses firman una petición para «declarar a George Soros terrorista y confiscar todos sus bienes»

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Una petición para declarar al multimillonario de extrema izquierda George Soros como “terrorista” y confiscar todos sus activos se ha vuelto viral.

La petición “Nosotros, el pueblo” , alojada en el sitio web oficial de la Casa Blanca, pide que los activos de las organizaciones de Soros sean confiscados por el gobierno de los Estados Unidos bajo la ley RICO.

Después de ser compartida a lo largo y ancho de las redes sociales, la campaña ha acumulado la asombrosa cifra de 216.158 peticiones (en el momento de la publicación) .

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La petición llama al Departamento de Justicia (DOJ) para «declarar inmediatamente a George Soros y todas sus organizaciones y miembros del personal como terroristas domésticos».

También exige que el Departamento de Justicia que «toda su riqueza personal y los bienes de sus fundaciones y asociaciones sean incautados bajo la ley de Confiscación de Activos Civiles».

La petición se puede firmar en el sitio web “We the People” (Pinche aquí)

El texto completo de la petición viral es el siguiente:

«George Soros ha intentado desestabilizar y cometer actos de sedición contra los Estados Unidos y sus ciudadanos, ha creado y financiado docenas (y probablemente cientos) de organizaciones discretas cuyo único propósito es aplicar el modelo terrorista Alinsky para facilitar el colapso de los sistemas y el gobierno constitucional de los Estados Unidos, y ha desarrollado una influencia malsana e indebida sobre todo el Partido Demócrata y una gran parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Por ello, el Departamento de Justicia debe declarar de inmediato a George Soros y todas sus organizaciones y miembros del personal terroristas domésticos, y confiscar toda su riqueza bajo la ley de Confiscación de Activos Civiles».

Como explica el sitio web “Nosotros, el pueblo”, la plataforma de peticiones faculta a todos los ciudadanos estadounidenses a “convertirse en agentes de cambio”.

Establece que si una petición logra 100.000 firmas en 30 días, la Casa Blanca «se asegurará de que se presente ante los expertos correspondientes»:

 


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Europa

La determinación francesa para poner fin a la libertad de expresión

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Por medio de una nueva ley, el Gobierno francés ha decidido delegar la censura estatal en plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat. De ahora en adelante, unas compañías privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de fuertes multas.
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Por Judith Bergman.- El 13 de mayo, el Parlamento francés adoptó una ley que requiere a plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat[1] que retiren el contenido reportado como «promotor del odio» en 24 horas y en una hora el reportado como «terrorista». De no hacerlo, podrían ser objeto de multas exorbitantes, de hasta 1,25 millones de dólares o del 4% de los ingresos globales de la plataforma en caso de que persista en su negativa.

Como es frecuente en las leyes europeas sobre los discursos de odio, el espectro del contenido online considerado «odioso» bajo la denominada Ley Avia (en referencia a la legisladora que la promovió) es muy amplio e incluye «la incitación al odio, o el insulto discriminatorio en función de la raza, la religión, la etnia, el género, la orientación sexual o la discapacidad».

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Esta norma francesa está directamente inspirada en la controvertida ley alemana NetzDG, adoptada en octubre de 2017 y explícitamente mencionada en el preámbulo de aquélla.

«Este proyecto de ley pretende combatir la difusión del discurso del odio en internet», se lee en la introducción de la Ley Avia.

Nadie puede discutir la exacerbación del discurso del odio en nuestra sociedad (…) los ataques al otro por lo que es, por sus orígenes, sus creencias religiosas, su sexo o su orientación sexual (…) remiten (…) [a] las épocas más oscuras de nuestra historia (…) la lucha contra el odio, el racismo y el antisemitismo en internet es un objetivo de interés público que justifica (…) provisiones efectivas y poderosas (…) esta herramienta de apertura al mundo, de acceso a la información, a la cultura, a la comunicación [está haciendo referencia a internet], puede convertirse en un auténtico infierno para quienes se convierten en objetivo de ‘haters’ o de acosadores ocultos tras las pantallas y los pseudónimos. Según una encuesta llevada a cabo en mayo de 2016, el 58% de nuestros conciudadanos consideran internet el nodo principal del discurso del odio. Más del 70% dicen habérselas visto con el discurso del odio en las redes sociales. El ciberacoso puede ser devastador, sobre todo para la gente joven (…) Sin embargo (…) se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias: todo esto crea un círculo vicioso (…)

Tras reconocer que el «odio» online es complicado de perseguir con la legislación existente, porque «se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias», pero aún así confiado en que la censura es la panacea para los problemas percibidos, el Gobierno francés decidió delegar la tarea de la censura estatal en las propias plataformas online. De ahora en adelante, unas empresas privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de exponerse a fuertes multas. Como en Alemania, esa ley hará que las plataformas exhiban un celo desusado en la eliminación o bloqueo de todo lo que pueda ser percibido como odioso, para evitar las sanciones.

El propósito de la ley parece ser doble: a la censura efectiva mediante la eliminación o el bloqueo de comentarios hay que sumar las (inevitables) consecuencias de la censura sobre el debate online en general. «La gente se lo pensará dos veces antes de cruzar la línea roja si sabe que es muy probable que se le pidan cuentas», afirmó la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, en unas declaraciones que sonaron ominosas en boca de un miembro de un Gobierno de un país que aún se sigue proclamando democrático.

Desde el primer momento, cuando el presidente del país, Emmanuel Macron, encargó a un grupo liderado por Laetitia Avia que confeccionara la ley, ésta ha sido objeto de críticas. Así, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos la criticó por incrementar el riesgo de censura, y la La Quadrature du Net, organización que lucha contra la censura y la vigilancia online, advirtió de que «los breves plazos para la retirada y las cuantiosas multas incentivarán a las plataformas a hiper-eliminar contenido». La organización en defensa de la libertad de expresión Article 19, con sede en Londres, afirmó que la ley representa una amenaza para la libertad de expresión en Francia. Gabrielle Guillemin, de dicha organización, sostiene:

La Ley Avia permitirá en la práctica al Estado francés delegar la censura online en las compañías tecnológicas dominantes, de las que se esperará que actúen como juez y parte a la hora de determinar qué es un contenido ‘manifiestamente ilegal’. La Ley atañe a una amplia gama de contenidos, así que no siempre tomarán la decisión correcta.

El Gobierno francés ha ignorado las preocupaciones manifestadas por grupos en defensa de la libertad de expresión y de los ciberderechos, y el efecto será demoledor para la libertad de expresión online en Francia.

Dados los plazos de que dispondrán las compañías para responder, hemos de esperar que pequen de exceso de precaución cuando tengan que decidir si un contenido es legal o no. Igualmente, habrán de emplear filtros que, inevitablemente, les llevarán a una sobre-retirada de contenido.

La ley también ha topado con rechazo en Francia. El 22 de mayo, Guillaume Roquette, director editorial de Le Figaro Magazine, escribió:

«Con el pretexto de combatir el contenido ‘odioso’ en internet, [la Ley Avia] implanta un sistema de censura que es tan eficaz como peligroso (…) el ‘odio’ es el pretexto al que recurren sistemáticamente quienes quieren silenciar las opiniones disidentes.

Este texto [la ley] es peligroso porque, según el abogado François Sureau, «introduce la penalización criminal de… la conciencia». Es peligroso (…) porque delega la regulación del debate público (…) en internet en multinacionales norteamericanas (…) Una democracia digna de tal nombre debería aceptar la libertad de expresión».

Jean Yves Camus, de Charlie Hebdo, ha dicho que se trata de «un placebo para combatir el odio» y señalado que «hiperenfocarse en el odio online» enmascara el auténtico peligro:

«No fue el odio online lo que mató a Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, las víctimas de Bataclan, el Hyper Cacher y Charlie; fue una ideología denominada antisemitismo y/o islamismo (…) ¿Quién determina qué es odio y qué es crítica? Acaban de abrir la caja de Pandora (…) Hay un riesgo de una lenta pero inexorable marcha hacia un lenguaje digital hiperregulado por la corrección política, tal y como la definen minorías activas».

«¿Qué es el odio?», se pregunta retóricamente el escritor francés Éric Zemmour. «¡No sabemos! Tienes el derecho a no amar… tienes el derecho a amar, tienes el derecho a odiar. Es un sentimiento… No puede judicializarse, legislarse».

Pues bien, eso es lo que las leyes sobre el discurso del odio hacen, ya sea en la web o en el mundo no digital. Exigir a compañías privadas –o al Gobierno–que actúen como una policía del pensamiento no es propio de un Estado que dice conducirse según el imperio democrático de la ley.

Por desgracia, la pregunta no es si Francia será el último país europeo en introducir leyes así de censoras, sino cuáles le seguirán.

[1] Así como otras plataformas online y motores de búsqueda que alcancen un cierto nivel de actividad en Francia (nivel que será especificado en un decreto posterior).

(Gatestone)


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