Por Jaime Caneiro. En la encuesta que el CIS publicó en marzo del año pasado, las pensiones alcanzaron cotas récord entre las preocupaciones de los españoles. Un asunto que rara vez había estado presente como un problema para más del 4% de la población había escalado entonces al 15,5%, situándose sólo por detrás del paro, la corrupción, los políticos y los problemas de índole económica en general.

Tras años de continuas advertencias sobre la delicada situación del sistema, el consumo acelerado del denominado Fondo de Reserva de la Seguridad Social venía a subrayar los riesgos que se cernían sobre el futuro de las pensiones, al tiempo que la creciente contestación social ponía en entredicho la disposición del Gobierno a mantener en pie los ajustes aprobados unos años antes, en plena crisis de la deuda.

Pero la última edición de esta encuesta, que data del pasado mes de septiembre, muestra en cambio una menor preocupación: sólo un 9,4% de los españoles cita las pensiones entre los tres principales problemas del país, muy por detrás de cuestiones como la inmigración, la sanidad, la calidad del empleo o los problemas de índole social.

Sólo un 9,4% de los españoles sitúa las pensiones entre los tres primeros problemas del país

Puede entenderse que el de las pensiones haya dejado de ser un asunto tan inquietante para los españoles. Al fin y al cabo, la amenaza de ajustes que se cernía sobre el sistema desde hace años parece haberse desvanecido en los últimos tiempos e, incluso, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se anima a anunciar estos días, en plena precampaña electoral, su disposición a revalorizar estos pagos conforme al IPC, una opción que hace apenas unos años parecía desterrada, por su elevado coste.

Y, sin embargo, nada parece indicar que la situación sea hoy menos acuciante. Al contrario, la ‘hucha’ de las pensiones ha seguido menguando hasta la extenuación (va camino de cerrar el año en apenas 2.000 millones de euros, según publicaba este viernes Expansión) mientras el agujero del sistema sigue creciendo hasta generar un déficit en el entorno de los 19.000 millones de euros al año. Entre 2011 y 2018, se ha acumulado un déficit de unos 103.000 millones, según datos de BBVA Research.

El Banco de España advierte: ligar las pensiones al IPC amenaza a la Seguridad Social

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha pedido este martes «reformas de calado» para garantizar la viabilidad social y financiera del sistema público. En este contexto, el hecho de vincular de nuevo estos pagos al IPC, tal y como ha prometido Sánchez, supondría (tomando como referencia la previsión de inflación del 1,1% estimada por el Banco de España) sólo en 2020 un aumento del gasto de unos 1.500 millones de euros, unos 1.150 millones más que si se aplicara la revalorización del 0,25% que prescribe la ley, según estima Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia.

Pero, además, una medida de este tipo no tiene efectos limitados a un año, sino que se consolida y extiende sus efectos hacia el futuro. Así, con una mirada a más largo plazo, el Banco de España advertía recientemente de que vincular de nuevo las pensiones al IPC supondrá un aumento del gasto de hasta dos puntos del PIB hasta 2030 y de más de tres puntos en 2050.

Porque lo cierto es que la gran amenaza aguarda a la vuelta de la esquina. «El mes pasado se alcanzó un nuevo récord en el gasto en pensiones, casi 10.000 millones. Y aún está por llegar la generación del baby boom, que empezará a jubilarse a partir de 2021. Lo que viene es un problema muy gordo», advierte Pérez.

El envejecimiento de la población española es una realidad de sobra conocida y con notables implicaciones para la economía nacional. Este proceso viene de lejos y se prevé que alcanzará su punto álgido en los próximos lustros, con la llegada a la edad de jubilación de las personas nacidas entre 1958, cuando el número de nacimientos rebasa por primera vez los 650.000 al año y hasta 1978, cuando se inicia un declive acelerado de la natalidad. En esas dos décadas, el número de nacidos en España fue casi un 50% superior al de las dos siguientes.

Es a partir de 2023 cuando, a priori, se iniciará la jubilación masiva de estas generaciones. De este modo, el INE proyecta que entre 2018 y 2033 el número de personas con edades a partir de 65 años se elevará en 3,3 millones, hasta superar con creces los 12 millones, una cuarta parte del total. En 2050, la cifra rondará los 15 millones y representará hasta un tercio de la población de España.

Un problema político

Todas estas cifras hablar de un problema que no parece reflejarse en la actitud de los políticos españoles.

El anuncio de Pedro Sánchez ha despertado las críticas de buena parte de la oposición, pero más por el uso electoral de las pensiones que por el fondo. De hecho, en los últimos tiempos parece haberse generado cierto consenso en torno a la conveniencia de ajustar estos pagos al incremento del coste de la vida. Incluso el PP, que promovió las últimas reformas que desligaban la evolución de las pensiones del IPC, fue el primero en revertir una medida que ha contado con una elevada contestación social.

Y lo cierto es que ligar las pensiones al coste de la vida no es, ni mucho menos, una particularidad española, sino una práctica habitual en los países de nuestro entorno, según explica el director asociado de AFI José Antonio Herce.

El problema, señala, es que las pensiones en España son más «generosas». Así lo sugieren los datos referidos a la tasa de sustitución (el porcentaje del último salario que cubre la pensión inicial): en España alcanza el 78,7%, una cifra sin parangón en la Unión Europea, donde la media apenas se sitúa en el 46,3%.

Teniendo en cuenta esto, son muchos los análisis que han abogado por alternativas para contener el agujero de la Seguridad Social sin afectar de forma significativa a la capacidad adquisitiva de los mayores. A inicios de 2019, la Airef publicó su valoración sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social.

En su opinión, una profundización en las reformas paramétricas de 2011, permitiría mantener ligada la revalorización de las pensiones al IPC, manteniendo así casi sin merma la suficiencia (su adecuación a las necesidades de los jubilados) de estos pagos, sin un impacto muy significativo sobre la deuda del sistema.

En la práctica, esto significaría hacer un esfuerzo para que la edad efectiva de jubilación de los españoles se aproxime a la legal (frente a la brecha de 2,5 años que se estima a partir de 2027) y que se amplíe el periodo de cálculo de la pensión a, al menos, 35 años de carrera laboral, desde los 25 actuales.

La edad de jubilación no tiene sentido

A diferencia de los yogures, la vida laboral no tiene por qué llevar de serie una fecha de caducidad. La idea de que la jubilación no sea un final prefijado.

También Herce aboga por un mayor esfuerzo en el retraso de la edad de jubilación, ya que la normativa actual cuenta con «demasiadas excepciones que le restan potencial». En su opinión, habría que acelerar el proceso de alargamiento de la vida laboral a unos 3 o 4 meses por año y llevarla más allá de los 67 años, para ajustarla a la esperanza de vida.

Y es que un estudio de Fedea asegura que un contribuyente que haya trabajado durante 37 años, habría generado las cotizaciones suficientes para pagar su pensión un máximo de 16 años, lo que contrasta con una esperanza de vida actual a partir de los 65 años de 21.

«Por supuesto, hay distintas variables que puedes ir ajustando por un lado o por otro. El problema es que nadie quiere jubilarse más tarde, nadie quiere pensiones más bajas ni que pierdan poder adquisitivo», apunta Devesa.

¿Una solución impuesta?

Lo que parece evidente es que el sistema necesita remiendos y que «las soluciones las tienen escritas los técnicos de la Seguridad Social. Lo que falta es voluntad política para aplicarlas», sostiene Jesús Pérez. Esa solución difícilmente puede pasar -al menos, en exclusiva- por un incremento de los impuestos y precisará sí o sí de medidas de difícil aceptación social como el incremento de la edad de jubilación o, presumiblemente, un ajuste de los pagos.

Porque, tal y como advertía hace unos meses la presidenta de la asociación patronal Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, «para tener pensiones españolas, necesitamos crecer a tasas chinas».

También Devesa se refiere a esto argumentando que, «si no hubiera ninguna crisis, creciéramos siempre al 3% y la deuda siguiera tan barata como ahora no habría ningún problema. Pero es obvio que esto no va a ser así y cuando llegue una crisis, que no tiene por qué ser tan fuerte como la última, habrá dificultades».

Los expertos sugieren que ante una crisis los mercados o la Unión Europea pueden acabar exigiendo ajustes severos.

Con el consenso político una vez más resquebrajado por intereses electoralistas, las esperanzas de un acuerdo ambicioso, en el marco del Pacto de Toledo, que ponga remedio al agujero del sistema de pensiones son cada vez más reducidas y la posibilidad de una solución impuesta aparece hoy más presente que nunca antes.

«Probablemente hemos perdido una oportunidad estos años. Han pasado los mejores años del ciclo y no hemos arreglado nada», comenta Devesa, quien sostiene que «hace unos años se veía un recorte de las pensiones como una posibilidad muy remota, pero cada vez parece más cercana».

Una visión con la que coincide Jesús Pérez, para quien resulta probable que la solución al déficit de las pensiones venga impuesta por Europa o por los mercados. «En la última reforma, el ajuste fue a una revalorización del 0,25%. En la próxima no se puede descartar que sea un recorte severo, como hemos visto estos años en Grecia o Portugal».

Un escenario poco alentador que sin embargo no parece calar entre los políticos españoles ni en la sociedad.