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Economía

Los aranceles afectarán al 74 % de las exportaciones de vino a Estados Unidos

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El Gobierno norteamericano anunció este miércoles la imposición a partir del 18 de octubre de un arancel del 25 % a los vinos tranquilos de menos de 14 grados y envasados procedentes de España, Francia, Alemania y el Reino Unido, entre otros productos.

En un comunicado, la patronal bodeguera ha precisado que, por tanto, quedan excluidas categorías como los espumosos o los vinos generosos.

Su director general, José Luís Benítez, ha lamentado que “de nuevo, el vino español sea objeto de represalia en un conflicto comercial internacional en el que no tiene nada que ver”.

Tras mantener contacto con las distintas administraciones, ha reclamado al Gobierno y a la Comisión Europea que “redoblen los esfuerzos para alcanzar una solución negociada con Estados Unidos” para evitar unas medidas “muy perjudiciales para el sector del vino español”, en uno de sus mercados “más interesantes a nivel de valor y con mayor recorrido futuro”.

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Para Benítez, es una decisión “arbitraria e injusta” que “no solo afecta a las bodegas españolas y europeas, sino también a importadores y consumidores estadounidenses que se verán afectados por los nuevos aranceles”.

Mientras se resuelve la situación, la FEV ha solicitado a las administraciones que estudien posibles medidas para apoyar a los afectados y compensar los efectos negativos que van a generar los aranceles adicionales.

La patronal española está trabajando de manera coordinada con el Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV) -junto al resto de países afectados- para trasladar los mismos mensajes a las autoridades europeas competentes en la materia.

Estados Unidos anunció este miércoles que el 18 de octubre empezará a imponer aranceles a la UE, con mayor peso a cuatro países, entre ellos España, tras el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a favor de Washington en una prolongada disputa comercial.

La OMC determinó que Washington puede imponer a la UE sanciones comerciales por valor de 7.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) anuales, pero la Oficina de Comercio Exterior explicó que, de momento, se impondrán aranceles del 10 % a las aeronaves civiles grandes que el bloque comunitario vende a EE.UU. y del 25 % a ciertos productos agrícolas.

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Entre los productos que se verán afectados por los gravámenes figura el queso fresco, las aceitunas, el aceite de oliva y productos porcinos de origen español, alemán y británico; así como el vino, de acuerdo con una lista distribuida por la Oficina de Comercio Exterior; también se verán afectados los yogures, la mantequilla, las cerezas y los melocotones.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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