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Los enemigos de Trump por defender las fronteras y las raíces cristianas de EEUU

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Alberto González Fernández de Valderrama.- Nunca en la historia de los Estados Unidos un presidente tuvo tantos enemigos como Donald Trump. Ni Lincoln, que luchara contra los confederados que querían disgregar su nación; ni Roosevelt o Truman que combatieron contra ese medio mundo que quería imponer al otro su tiranía; ni Kennedy, que se enfrentara a su propio gobierno con funestas consecuencias.

Trump tiene aún más enemigos porque la izquierda mundial le ha declarado la guerra con una ferocidad nunca vista anteriormente. Y como la izquierda –dando a esta palabra el sentido más amplio que se le pueda dar- se ha apropiado de casi todos los medios de comunicación que existen dentro y fuera de las fronteras norteamericanas, de las empresas tecnológicas que controlan las principales redes sociales y los motores de búsqueda de internet, de las instituciones internacionales que se erigen en emisoras de principios morales de cumplimiento universal y, en general, de la mente de una buena parte de la población occidental, la lucha de Trump para imponer el orden en su propio país es una guerra sin cuartel que solo un hombre de su fortaleza y de su talento puede sostener con garantías de salir airoso de ella. En Europa tiene, entre sus principales enemigos, a Macron y a la Merkel -que andan como locos intentando crear un ejército europeo para no tener que pedirle permiso si deciden algún día intervenir contra algún miembro díscolo de la Unión- y a nuestro presidente Sánchez, que lo ha convertido en el coco malo de todos los telediarios. Pero Trump, de igual manera que sabe ser amigo de sus gobiernos amigos, sabe también ser enemigo de sus gobiernos enemigos, y ahora lo vamos a comprobar con la ruina de la agricultura española que se nos viene encima por su política arancelaria.

En Estados Unidos la izquierda se camufla bajo el aparato del Partido Demócrata, que tiene mucho cuidado en condenar públicamente el socialismo que tan mala prensa tuvo siempre en su país pero que defiende los mismos valores que ese neomarxismo propagado por los pensadores de la escuela de Frankfurt que es el padre del consenso socialdemócrata que lleva más de cincuenta años descristianizando Europa y convirtiéndola a pasos agigantados en un conglomerado globalista y progre en el que los Estados miembros están perdiendo su soberanía, y con ella su libertad, su seguridad y su identidad cultural.

A Trump no se le perdona ser conservador de las buenas costumbres y raíces cristianas de su país, ni defender sus fronteras con firmeza para frenar las olas migratorias que hasta ahora empujaban a cientos de miles de menesterosos de otros países a penetrar sin permiso en esa tierra de promisión que creían tener derecho a poseer aumentando de paso los índices de delincuencia a niveles alarmantes. No se le perdona tampoco que proteja la creación de empleos en su país y el aumento de la producción en su territorio nacional frente a la deslocalización empresarial que a corto plazo abarata sus mercaderías pero que conlleva una dependencia cada vez mayor del exterior y convierte poco a poco sus ciudades industriales en ciudades fantasma.

Encontrar en la prensa digital (e incluso en la de papel) una noticia respetuosa sobre Trump era y sigue siendo una misión prácticamente imposible. Desde que se postuló para la presidencia de su país escribir su nombre en un buscador de internet era recibir en primera portada una retahíla de noticias obscenas acerca de su persona: parecía no haber más interés mundial que conocer las intimidades de su vida sexual contadas por mujeres de altos vuelos pero de baja estofa moral. Cualquier frase que dijera se retorcía, se sacaba de contexto, se exageraba y se manipulaba de mil maneras para hacerle parecer el hombre más malo, inmoral y loco del mundo. Si había dicho, por ejemplo, que por la frontera de México entraban muchos delincuentes y grandes cantidades de droga -lo que era una evidencia-, los medios decían en sus portadas con grandes titulares: “Trump llama delincuentes a los mejicanos”. Y el mundo reaccionaba con ira diciendo: “¡qué ofensivo es ese hombre!”. Sus enemigos buscaban cualquier resquicio de su pasado o manipulaban cualquier noticia para vejarlo públicamente y derribarlo a cualquier precio del poder que le había otorgado gustosamente el pueblo americano. No importaban las formas porque todo valía. Imposible enterarse –salvo que uno bucease en la prensa especializada- de que ese presidente estaba reduciendo las cifras del desempleo a un nivel antes no conocido, que estaba aminorando la carga fiscal que ahogaba a las familias y aumentando como nunca su poder adquisitivo; y que estaba disminuyendo notablemente los índices de delincuencia endureciendo las leyes, y convirtiendo a su país en el mayor productor de petróleo del mundo para reducir su dependencia energética del exterior y aumentar su seguridad; y que estaba renegociando tratados comerciales que perjudicaban a su país en beneficio de China, de la Unión Europea y de varios Estados americanos que antes imponían a su país sus propias condiciones, a los que los anteriores presidentes norteamericanos se plegaban porque lo políticamente correcto era ser muy amigo de todo el mundo.

Y como no se le perdona a Trump que tenga sentido común, que defienda a la familia, que repudie el aborto, que ame a su patria por encima de todo y que la quiera hacer cada vez más poderosa y segura, todos los demonios del mundo que se conjuraron para que no alcanzase el poder sin lograrlo se han conjurado ahora para quitárselo. Han iniciado los Demócratas contra él un proceso de “impeachment” o destitución acusándole de cuantos pecados se puedan encontrar en un hombre rebuscando en un diccionario; no creo que lo consigan llevar a buen fin. Sí conseguirán, en cambio, aumentar el coraje de sus partidarios, que acudirán en masa a volverlo a votar.

Trump tiene el apoyo de una buena parte del pueblo norteamericano que hasta hace poco callaba porque no se sentía representada por el Partido republicano que supuestamente debía defender sus intereses; de un partido que seguramente allí los americanos llaman también en su idioma “derechita cobarde” porque, como en España le ocurre al Partido Popular, está tan infiltrado de sorayas y cifuentes que la política que desarrollaba cuando tenía el poder apenas se diferenciaba de la de su oponente demócrata. Trump ha doblegado a su propio partido, lo ha vencido y en gran parte depurado de esas malas influencias. Y además tiene ahora el apoyo del Tribunal Supremo, que antes le era abiertamente hostil. Y con esos dos apoyos tiene lo suficiente para volver a ganar las próximas elecciones y para seguir cumpliendo su gran promesa electoral: hacer a América grande otra vez.


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La instrumentalización del ‘impeachment’ contra la oposición política

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Escena en la firma de la Constitución de Estados Unidos, óleo sobre lienzo, de Howard Chandler Christy, 1940. (Fuente de la imagen: The Indian Reporter/Wikimedia Commons)
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Por Alan M. Dershowitz.- El poder constitucional para iniciar un proceso de impeachment contra un presidente debidamente electo fue concebido por los redactores de la Constitución como una herramienta neutral y no partidista para ser utilizado como último recurso contra casos extremos de delincuentes en cargos públicos. En la imagen: Escena en la firma de la Constitución de Estados Unidos, óleo sobre lienzo, de Howard Chandler Christy, 1940. (Fuente de la imagen: The Indian Reporter/Wikimedia Commons)

El poder constitucional para iniciar un proceso de impeachment contra un presidente debidamente electo fue concebido por los redactores de la Constitución como una herramienta neutral y no partidista para ser utilizado como último recurso contra casos extremos de delincuentes en cargos públicos. Se está implementando ahora como arma partidista utilizable por rutina contra presidentes de un partido diferente al que controla la Cámara de Representantes.

Según el punto de vista de algunos miembros del Congreso, cada vez que la Cámara esté controlada por un partido, una mayoría simple puede votar correctamente a favor del impeachment. Como dijo la congresista Maxine Waters: “El impeachment es lo que diga el Congreso que es. No hay una ley”. Se equivoca. La Constitución es la ley y ella no está por encima.

El reciente mal uso partidista de este poder de emergencia empezó con el impeachment al expresidente William Jefferson Clinton por la Cámara —controlada por los republicanos— en 1998. Clinton no cometió ningún delito susceptible de un proceso de impeachment, a pesar de haber mentido gravemente bajo juramento sobre su vida sexual. Dicho perjurio, si se produjo, cumpliría con la definición de “delito”, pero no los criterios requeridos por la Constitución de “delitos y faltas graves”. Si el presidente Clinton cometió un delito, sería un delito menor relacionado con su vida sexual, comparable a los cometidos por Alexander Hamilton —adulterio y pago a un extorsionista— cuando era secretario del Tesoro. Si Hamilton hubiese pagado al extorsionista con dinero público, como fue falsamente acusado de hacer, habría sido culpable de un grave delito susceptible de impeachment.

Para ser acusado, un presidente tiene que cometer un delito (la falta es una especie de delito) y la comisión de ese delito también debe constituir un abuso de cargo público. Un abuso de cargo público, sin un delito subyacente, es un pecado político, pero no un delito susceptible de impeachment.

Esta misma cuestión se debatió en la Convención Constitucional, donde un delegado propuso la “mala administración” como criterio para el impeachment y la destitución de un presidente. James Madison, padre de la Constitución, se opuso enérgicamente argumentando que con un criterio tan vago y ambiguo poco concluyente el presidente estaría ejerciendo según la voluntad del Congreso y que dejaríamos de ser una república con un presidente fuerte para ser una democracia parlamentaria donde el jefe del ejecutivo puede ser destituido por una moción de confianza. En su lugar, la Convención adoptó unos estrictos prerrequisitos para el impeachment: traición, soborno u otros delitos y faltas graves. La Cámara no está más facultada para sustituir sus propios criterios por los enumerados en la Constitución de lo que estaría el Senado para cambiar el requisito de votación de dos tercios para la destitución a una mayoría simple o a una mayoría cualificada de tres quintos. El Congreso no está por encima de la ley. Está sujeto a lo que los redactores aceptaron y no pueden ahora aplicar los criterios que los redactores rechazaron explícitamente.

Aquellos que caracterizan el proceso de impeachment y destitución como completamente políticos se equivocan por una simple cuestión de derecho constitucional, aunque tengan razón al describir la realidad del mal uso que se le está dando actualmente. Los defensores de este punto de vista citan incorrectamente a Hamilton en El Federalista n.º 65.

Hamilton no caracterizó los criterios para el impeachment como “políticos”, lo hizo sólo en el sentido en que se relacionan con “los perjuicios inmediatos causados a la propia sociedad”. Inmediatamente después rechazaba la opinión de que el proceso debía ser partidista, basado en la “fuerza comparativa de los partidos”, en vez de en las “verdaderas demostraciones de inocencia o culpa”. Dijo que eso era “el mayor peligro” y pidió “neutralidad hacia aquellos cuya conducta pueda ser objeto de escrutinio”. Los que citan, o interpretan, mal a Hamilton mezclan erróneamente las palabras “político”, que él utilizaba en sentido gubernamental, y “partidista”, con lo que se refería a la fuerza comparativa de los partidos y facciones.

Es difícil imaginar una mayor vulneración de los principios de Hamilton que la reciente votación en la Cámara siguiendo líneas de partido (con dos excepciones, ambas contra el impeachment) para abrir una investigación oficial para el posible impeachment del presidente Trump. La votación estuvo exclusivamente determinada por la “fuerza comparativa de los partidos”, como lo fue la votación para destituir al presidente Clinton hace dos décadas.

Una Cámara partidista que votara para destituir al presidente Trump, seguido de una votación partidista en el Senado para absolverlo, no sólo perjudicaría al Partido Demócrata —como los votos en el caso de Clinton perjudicaron al Partido Republicano—: perjudicaría a nuestra Constitución y polarizaría aún más nuestra ya dividida nación.

Y, lo que es más importante, el mal uso del poder del impeachment de manera partidista representaría, en palabras de Hamilton, “el mayor peligro” para nuestra Constitución.


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EE.UU. cree que es «una vergüenza» que a España se le haya escapado el prófugo Carvajal

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Fotografía de archivo de Hugo Carvajal con Nicolás Maduro
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El diario venezolano ElNacional.com se hace eco este miércoles de unas palabras de Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, sobre la “desaparición” del exgeneral chavista Hugo Carvajal en España, después de que la Policía haya sido incapaz de encontrarle desde que el viernes la Audiencia ordenara su detención.

«Lo que está pasando con Hugo Carvajal es una vergüenza y un escándalo. Pensamos que fue incomprensible la primera decisión de no extraditarlo», dijo Abrams a un grupo de periodistas en Washington. Carvajal es requerido por el Gobierno de Donald Trump por varios delitos relacionados con narcotráfico.

El funcionario agregó que la situación es embarazosa. Espera que la Policía española siga su rastro y lo arreste, para que después sea trasladado a Estados Unidos. Abrams asegura que su país está interesado en tener a Carvajal en territorio norteamericano por toda la información que maneja sobre el mundo militar de Venezuela, ya que fue responsable de la Contrainteligencia chavista con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La abogada defensora del acusado dijo que desconoce el paradero de su cliente. Indicó que no ha recibido todavía el auto de la Audiencia Nacional, el alto tribunal que tomó la decisión sobre la extradición después de que en un primer momento la Justicia española hubiera negado la entrega a las autoridades de EE UU.


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Estados Unidos estudia sanciones económicas a España por la ayuda de Sánchez a Maduro

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Según anuncia este jueves la agencia Bloomberg, citando fuentes en el Tesoro norteamericano, el Gobierno de Estados Unidos estudia aplicar sanciones económicas a España por su apoyo financiero al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esas sanciones no se han decidido, pero si se concretan, pueden ser un duro golpe a la economía española, que según todos los indicadores comienza a ralentizarse.

Las fuentes de Bloomberg, que son anónimas, mantienen que de aplicarse unas sanciones, no sería al menos hasta después de las elecciones del 10 de noviembre. Se trataría de la primera ocasión en que EE.UU. aplica sanciones sobre un socio de la OTAN y un país en el que tiene soldados en dos bases militares, por la asistencia de este a un régimen autoritario.

El Banco de España había negado el pasado septiembre que haya lanzado un salvavidas al régimen de Venezuela.

El 18 de octubre, EE.UU. aplicó una ronda de duros aranceles sobre productos europeos, incluida la aceituna y el aceite de España, en respuesta a un fallo de la Organización Mundial del Comercio sobre ayudas ilegales a la empresa europea Airbus. Estos impuestos sobre las importaciones son ya un duro golpe al campo español que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de revertir.

Las sospechas de Washington se centran sobre el Banco de España, que según cree el Tesoro norteamericano (el equivalente al ministerio de Economía) permite la transferencia de fondos con el Banco Central de Venezuela, según otra investigación de Bloomberg del mes pasado. Tal y como dice la agencia, los funcionarios del Banco Central de Venezuela piden a aquellos con quienes hacen negocios que empleen el Banco de España para transacciones financieras seguras y libres de sanciones.

De este modo, el Tesoro norteamericano quiere ir asfixiando a Venezuela para dejarle solo a Rusia, China e Irán como posibles socios comerciales. Aunque no se ha podido confirmar por su cuenta que se estén planificando estas sanciones, una fuente en el Departamento de Estado mantiene que la diplomacia se opone a ellas porque el Gobierno de España reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado cuando se le pidió.

Bloomberg mantiene que los defensores de las sanciones en la Casa Blanca acusan al socialista Sánchez, que se enfrenta a la reelección el 10 de noviembre, de haber impedido que la Unión Europea tome medidas más contundentes, y sanciones más duras, contra Maduro por los abusos contra el pueblo venezolano, incluidas las ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias y la tortura.

La ministra de Economía española, Nadia Calviño, visitó Washington hace dos semanas pero no tuvo reuniones bilaterales en la Casa Blanca ni fue informada de estos planes. El presidente Donald Trump sí puso a España como ejemplos de país moroso ante la OTAN en una conferencia de prensa el 16 de octubre.

La versión del Banco de España

El Banco de España negó el pasado mes de septiembre que el régimen de Nicolás Maduro utilice una cuenta bancaria en el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos para realizar transferencias en el extranjero, tal y como asegura Bloomberg. Desde el Banco de España desmintieron rotundamente que Maduro los use como instrumento para lograr hacer pagos fuera del país y saltarse así las sanciones internacionales que sufre.

Fuentes del banco central explicaron que «la cuenta a la que hace referencia la noticia sólo permite realizar trasferencias con origen y destino en el Banco Central de Venezuela. Está abierta desde hace años y es una más de las cuentas que varios bancos centrales tienen abiertas en el Banco de España.

El saldo de la misma es relativamente pequeño y no ha tenido variación significativa en el último año.

Básicamente está siendo utilizada para pagar los gastos de funcionamiento habituales de las relaciones diplomáticas entre ambos países y por organismos supranacionales para hacer llegar fondos a sus oficinas en Venezuela, al no poder usar la vía de la banca comercial».

(ABC)


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