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España

Los separatistas ya mandan en el Gobierno: La Justicia cierra ’embajadas’ catalanas mientras Sánchez las vuelve a autorizar

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Banderas estaladas ante el Parlamento europeo
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, y que fueron clausuradas tras la aplicación del artículo 155. El Gobierno de Mariano Rajoy cerró estas oficinas, pseudo embajadas con las que el Gobierno de Cataluña trataba de diferenciarse de España en el exterior.

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El equipo de Quim Torra las reabrió con un decreto, en junio de 2018, contra el que el Ministerio de Exteriores de Josep Borrell recurrió en agosto de ese año. Ahora, mientras la Justicia las cierra, el nuevo Ejecutivo de Sánchez las está volviendo a autorizar. ERC había exigido al PSOE que no actuara contra la «acción exterior» de Cataluña.

En la sentencia que se ha conocido este viernes, que no es firme, el alto tribunal catalán ha acordado estimar el recurso contencioso que el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó contra el decreto del Govern que restablecía las delegaciones catalanas citadas y condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso judicial, hasta un límite de 2.000 euros.

Sin embargo, el Govern aprobó el 25 de septiembre de 2019 otros seis nuevos decretos de reapertura de estas mismas delegaciones, que no han sido recurridos por la Abogacía del Estado en nombre del Ministerio de Exteriores.

Esta decisión del TSJC llega un día después de que la cartera de Exteriores que hoy lidera Arancha González Laya, ministra del Gobierno de coalición PSOE-Podemos, diera el visto bueno a los decretos de creación de tres delegaciones de la Generalitat en el extranjero -concretamente en Argentina, Túnez y México- porque los textos incluirán una serie de enmiendas propuestas por el propio Ministerio.

Según informa Ep, desde el Ministerio recuerdan que el Gobierno puede pedir judicialmente el cierre de delegaciones si considera que su actividad vulnera la legalidad o que es contraria a los intereses de España.

Los nuevos decretos que el Gobierno actual sí ha validado dejan sin efecto el recurso judicial que Exteriores, bajo el mando de Borrell, había presentado en septiembre contra la creación de estas oficinas en México, Argentina y Túnez. Por primera vez, el departamento entonces dirigido por Josep Borrell pidió la paralización cautelar de delegaciones de la Generalitat y el TSJC aceptó la petición y frenó su apertura.

Ahora, las nuevas normas también dejan sin efecto esa medida cautelar, de manera que las oficinas podrán abrir normalmente. Según las fuentes consultadas, antes de aprobarlas, la Generalitat las envió al Ministerio para recabar el informe preceptivo según la Ley de Acción Exterior de 2014.

La Generalitat cuenta en estos momentos con un total de 13 delegaciones en el exterior, incluida la de Bruselas, dedicada a la UE. Ésta fue precisamente la única que no se cerró cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña.

Levantada la aplicación del artículo 155, la Generalitat reabrió en el verano de 2018 una primera tanda de delegaciones sin pedir informe previo a Exteriores, alegando que se trataba de una reapertura. Por ese motivo, el Gobierno central las recurrió ante el TSJC.

Sin embargo, el pasado 25 septiembre la Generalitat aprobó seis nuevos decretos para dar «seguridad jurídica» a estas delegaciones, y Exteriores no los recurrió. Son las situadas en Londres, París, Washington, Roma, Berlín y Ginebra.

El segundo grupo de oficinas se había creado en otoño de 2018, en Viena, Tallín, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, a pesar de tener un informe en contra de Exteriores. El Departamento consideró que «su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado» por la Generalitat, era «apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España».

El tercero llegó en junio de 2019, cuando el Govern anunció nuevas oficinas en Túnez, Argentina y México. Exteriores las recurrió en septiembre, esta vez pidiendo su paralización cautelar, argumentando que estas delegaciones son «herramientas necesarias» para que el Gobierno catalán lleve a cabo su política para la «separación de España».


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España

El Gobierno admite que infló el poder recaudatorio de la ‘tasa Google’ casi un 20%

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los proyectos de ley de los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasa Tobin y tasa Google.

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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha argumentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que estos nuevos tributos pretenden “avanzar en un sistema fiscal más justo, más redistributivo y que se adecue a la nueva realidad económica”.

Los impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales ya fueron aprobados en enero del pasado año, aunque su tramitación decayó ante la convocatoria de las elecciones generales de abril, por lo que nunca llegaron a ponerse en marcha. El impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3 % los ingresos que las grandes multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. Entre estos supuestos figuran, por ejemplo, empresas que usan bases de datos que les venden otras para contactar con usuarios o hacer publicidad personalizada sin contribuir a la sociedad, por lo que “es de justicia que la sociedad se beneficie de ello”, ha considerado Montero.

Ha recordado que se aplicará a las empresas con más de 750 millones de ingresos a nivel mundial y 3 millones nacional, unos “límites que no son discriminatorios ni por nacionalidad o tipo de empresa” y que, además, excluyen a pequeñas y medianas empresas (pymes) y “start ups” (empresas emergentes) digitales. La recaudación prevista de este impuesto es de 968 millones de euros, una cifra inferior a los 1.200 millones inicialmente previstos “debido a la ralentización de la economía”.

El impuesto se liquidará trimestralmente, aunque se establece una excepción para 2020 en la que las liquidaciones del segundo y tercer trimestre no se realizarán hasta al menos el 20 de diciembre, con el objetivo de dar “margen” a la adaptación de las empresas y a la negociación con la OCDE y el G20, de cara al establecimiento de un impuesto digital común. En ese sentido, ha apuntado que en caso de que se logre un acuerdo para la tributación digital a nivel global, “España adaptará su legislación interna”, en línea con lo planteado por Francia, Italia o el Reino Unido.

Por su parte, el impuesto sobre transacciones financieras, con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, gravará con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. El tributo no afectará a las pymes, ya que recae sobre el intermediario financiero, y se centra en un sector, el financiero, “que durante la crisis recibió un importante apoyo” público. La ministra ha insistido en que estas figuras tributarias están en línea con las que se debaten a nivel europeo y tienen por objetivo modernizar el sistema fiscal. Con estos impuestos “el sistema tributario se moderniza y son parte de un primer paso” hacia un sistema fiscal más redistributivo, en el que los impuestos medioambientales “jugarán un papel determinan


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Galicia

Vox presentará listas en Galicia sin designar un candidato a la Presidencia de la Xunta

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Tras la fuerte contestación interna y los amagos de dimisión al conocerse la noticia de que Vox pretendía que Manuel Fraga Pedroche, nieto del fundador del PP,  fuese su candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia, la dirección nacional del partido verde (es decir, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monterosy Javier Ortega Smith) apostaron por una solución insólita y sin precedentes: presentar listas en Galicia y también en el País Vasco, pero sin un candidato para presidir ambas comunidades.

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En el caso de Galicia, presentarán listas en las cuatro provincias sin designar una “cara visible” que ejerza de líder en la comunidad, a diferencia de lo que hacen el resto de partidos. Lo mismo ocurrirá en el País Vasco, donde tienen previsto concurrir en las tres provincias.

De esta forma, primará la marca del partido frente a los candidatos. De hecho, la formación vere dispone de una estructura provincial en todo el país pero no autonómica, lo que elimina las conocidas como “baronías” políticas, acorde también con su conocida propuesta de eliminar el Estado de las Autonomías.

Fuentes del partido aseguran que es la opción más “realista” puesto que su objetivo es “entrar” en ambos Parlamentos, no ser presidentes. La campaña electoral la asumirá Santiago Abascal, que se repartirá por igual entre ambas regiones, protagonizando actos y mítines similares a los que celebró durante la campaña de las elecciones generales.El partido es consciente de las dificultades que tiene para lograr escaños, tanto en Galicia como el País Vasco, por su discurso centralista, aunque esperan “ser determinantes en Galicia y tener representación en el País Vasco”, según dijo su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros.

“Alt News” ha analizado esta insólita inciativa de Vox en su programa de hoy. Armando Robles, colaborador del espacio que conduce y dirige Santiago Fontenla, se ha mostrado muy crítico: “Es la primera vez que un partido presenta listas sin un candidato, al menos hasta donde conozco. Los gallegos van a elegir sobre todo al presidente de la Xunta y no parece lógico reducir este hecho a una cuestión menor. Es como si yo voto a un partido en las elecciones municipales sin que ese partido tenga un candidato a la Alcaldía. Las siglas por sí solas no gestionan. Gestionan las personas, los líderes, y dentro de cualquier partido hay personas que podrían ser buenos gestores y otras que no serían capaces ni de gestionar un puesto de pipas. Y es bueno que el votante conozca quién va a representar en primera persona la gestión de sus intereses. Por consiguiente, lo que plantea Vox no me parece serio ni efectivo, y tal vez se deba a que carece de un candidato de peso en Galicia o a que la dirección de Madrid no se fía de nadie, que es lo más probable”.

El director de AD subrayó el hecho de que Vox haya admitido que solo aspira a lograr algún escaño en Galicia: “Me recuerdan al perro del hortelano, que ni come ni deja comer”. Advirtió en este sentido que la dispersión del voto de la derecha tal vez lo que logre sea un gobierno de coalición en Galicia con socialistas, ultraizquierdistas y separatistas.

Por su parte, el periodista Pablo Barrón se abonó a esta tesis y opinó que los votos a Vox y Ciudadanos pueden reproducir en Galicia el modelo del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.

PINCHE ABAJO PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA:


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España

Primer pago del Gobierno al PNV: Marlaska defiende los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la política penitenciaria para los presos de ETA basada en el “tratamiento individualizado” que impulsó cuando llegó al departamento hace casi dos años y ha recordado que fue el Tribunal Supremo (TS) quien autorizó que los líderes del ‘procés’ fueran trasladados a cárceles de Cataluña mientras esperaban la sentencia que finalmente los condenó.

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Ambas cuestiones han sido planteadas por los grupos parlamentarios en la comparecencia de Grande-Marlaska en la Comisión de Interior, donde ha expuesto las principales líneas de trabajo de su departamento para esta legislatura.

Tras las peticiones de los grupos para que detallara si comparte el criterio expuesto por el PNV o EH Bildu de poner fin a la política de dispersión de forma generalizada, Grande-Marlaska ha contestado defendiendo el “tratamiento individualizado” a los presos de ETA. “Son las juntas de tratamiento las que definen y refieren ese extremo”, ha dicho. Al llegar a Interior autorizó acercamiento de presos de ETA si no tenían delitos de sangre y tenían ya cumplida gran parte de la condena.

Grande-Marlaska ha cuestionado que, como le ha reprochado Vox, hasta diciembre de 2019 se hayan autorizado 31 acercamientos al País Vasco de presos de ETA, ya que ha diferenciado las cárceles dentro de la demarcación de esta comunidad y las cercanas a la región.

En este sentido, ha enlazado la situación de los presos de ETA con la de los presos del 1-O condenados por sedición y malversación, añadiendo que la concesión del tercer grado o la aplicación de artículos como el 100.2 –que flexibiliza la situación en prisión con la autorización de permisos– son decisiones recurribles por la Fiscalía y en la que, en última instancia, tiene que decidir un juez.

“Yo no los trasladé, pedí autorización al tribunal para que me dijera si había algún inconveniente”, ha señalado sobre los líderes independentistas. “El propio tribunal dijo que no había ningún inconveniente y podría haber ordenado traerlo para notificarle la sentencia”, ha sostenido antes de solicitar al resto de grupos: “Confiemos en las instituciones”.

Se dirige a las víctimas

Sobre las críticas ante un posible traslado en bloque de presos de ETA, Grande-Marlaska ha pedido a los portavoces de la Comisión de Interior que atiendan a lo que dicen las asociaciones de víctimas. “¿Alguna ha denunciado que no se cumple la ley?”, ha preguntado. “Dejemos a las víctimas un poco tranquilas, respetándolas y trabajando por su memoria”, ha añadido.

El ministro ha dicho que los más de 300 asesinatos que aún son objeto de investigación judicial están sometidos al trabajo de efectivos de la Policía y la Guardia Civil bajo la coordinación de un fiscal de la Audiencia Nacional.

También ha subrayado que él sí confía en las administraciones autonómicas cuando aplican el reglamento penitenciario, criticando que se lancen críticas genéricas a cuestiones que aún no han sido planteadas. “Si me pongo en su cabeza ya hemos cesado al general jefe de Cataluña”, ha comentado a modo de ejemplo, en referencia al temor de algunos grupos a que sustituya al mando de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma.


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