Los tres puntos clave en los que se basará la sentencia del procés - ALERTA NACIONAL
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Los tres puntos clave en los que se basará la sentencia del procés

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El Tribunal Supremo está a punto de dictar el desenlace del procés. Cuatro meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, los magistrados determinarán la responsabilidad penal de los líderes independentistas acusados por proclamar de forma unilateral la independencia de Cataluña, a pesar de su declarada y reiterada inconstitucionalidad.

El fallo se conocerá en medio de la campaña electoral del 10-N y colocará de nuevo a Cataluña en el centro de la agenda política. Todo parece que será antes del día 16 de octubre, cuando correspondería prorrogar la prisión provisional del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del que lo fue de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

Aunque los Mossos han asegurado que no cumplirán directrices políticas, la amenaza de una reacción contundente por parte de los sectores más radicales del independentismo ya ha sido anunciada.

LA VIOLENCIA, CLAVE DE SENTENCIA

Precisamente, el nudo gordiano de la sentencia será determinar si hubo o no violencia al tiempo de proclamar la independencia de Cataluña. Esta es el núcleo esencial del delito de rebelión del que la Fiscalía ha acusado a la mayoría de los dirigentes independentistas. “Los promotores y partícipes del plan secesionista lo pusieron en práctica en el año 2015, y en él contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia”, ha sostenido el Ministerio Público. Se diferencia de la sedición en que esta consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes o a cualquier funcionario el ejercicio de sus funciones.

Mientras que para el Ministerio Público el procés fue un delito contra el orden constitucional, la “crónica de una rebelión anunciada”, para las defensas lo contrario. Han defendido el clásico concepto de rebelión como una insurrección armada -al estilo del 23-F-, algo que según han intentado probar, no se produjo.

Por su parte, la Abogacía del Estado -que depende del Ministerio de Justicia dirigido por Dolores Delgado- se ha desmarcado de la Fiscalía y donde en un principio apreció violencia, ha acusado por “una actitud hostil”, o dicho de otra forma, por un delito contra el orden público.

UN TOTAL DE 917.648 EUROS PRESUNTAMENTE MALVERSADOS

Otra cuestión que determinará la sentencia es si los líderes independentistas utilizaron recursos públicos de todos los catalanes para darle cobertura al procés. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han ejercido la acusación por este delito.

Según las explicaciones de tres peritos de Hacienda y una de la Intervención General del Estado, “el gasto se considera realizado en el momento de la prestación del servicio”, produciéndose desde entonces el perjuicio al erario público “independientemente de que esté o no pagado”.

Las peritos han cuantificado en 917.648 euros “la suma de todos los importes” de la supuesta malversación y han argumentado que esos desembolsos se contabilizan al margen de que, como sucedió en algunos casos, se renunciara al cobro por parte de los proveedores o se anularan los pagos.

LOS ACUSADOS Y LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

Los acusados son el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell, dos dirigentes de movimientos sociales, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás.

El principal ausente es Carles Puigdemont, que lideró el proceso hacia la independencia, pero que se fugó de la acción de la justicia. En su misma condición de rebelde está Antoni Comín, exconsejero de Sanidad; Meritxel Serret, exconsejera de Agricultura; Lluis Puig, exconsejero de Cultura; Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza; Marta Rovira, exdiputada y secretaria general de ERC; y Anna Gabriel, exdiputada de la CUP.

La ponencia de la sentencia le corresponde al magistrado Manuel Marchena, que prepara una resolución prolija y extensa. El tribunal busca la unanimidad en todos los argumentos. También se espera que los dirigentes recurran ante el Tribunal Constitucional en amparo y ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el fallo, el más esperado de la Historia reciente de España.


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La Fiscalía valorará si hubo delito de los gestores socialistas andaluces por la pérdida de vacunas

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El Gobierno andaluz de PP-Cs ha trasladado a la Fiscalía la pérdida de 1,8 millones de vacunas contra la gripe desde 2012 por parte de los anteriores ejecutivos socialistas, para que determine si ve algún tipo de irregularidad o delito. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha explicado que la semana pasada se derivó a la justicia este asunto, por lo que será ahora la Fiscalía quien tendrá “que pronunciarse sobre si ve algún tipo de irregularidad”.

Bendodo ha defendido en una entrevista en la Cope que durante los anteriores gobiernos socialistas “se inflaron” las cifras, con 1,8 millones de vacunas “desaparecidas, perdidas, extraviadas o descontroladas”, que suponen 6 millones de euros. La Junta lleva esta denuncia a la Fiscalía después de recopilar los datos necesarios sobre lo que han denominado como “vacunas fantasma” para la gripe, ya que según han expuesto en otras ocasiones ni se usaron ni fueron devueltas.

Bendodo ha rechazado las críticas del PSOE a la gestión sanitaria del Gobierno pidiendo en diez meses “lo que no hicieron en 37 años” y ha mantenido que “el gran fraude” del Ejecutivo de Susana Díaz y de los anteriores fue “la sanidad pública”.


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Una fiscal propone que negar la violencia de género sea delito

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La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert
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La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, propone que negar la violencia de género pueda ser considerado delito de odio, del mismo modo en que lo es el negacionismo del holocausto, un tipo penal al que «se aproxima» mucho pues, si el segundo niega el genocidio, el primero pretende hacer invisible la muerte de más de mil mujeres en los últimos años en nuestro país.

«No estoy diciendo que ese negacionismo de la violencia de género sea ahora delito, porque no lo es actualmente, pero sí que se estudie esta posibilidad, porque hay líneas fronterizas muy peligrosas entre ese negacionismo y otro que sí es delito, como el del holocausto, con el que comparte el fundamento de trivializar crímenes muy graves».

La fiscal, que está especializada en violencia de género y ha sido portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, añade que «aunque en el caso de las muertes de mujeres no estemos hablando de un crimen de lesa humanidad, como sucede con el holocausto, el número de mujeres asesinadas empieza a ser de tal magnitud que podría llegar a considerarse como tal».

En todo caso, Gisbert matiza que, en materia de violencia de género, no se debe poner el acento únicamente en el derecho penal, y propone trabajar más en la prevención. «Cuando intervenimos con el derecho penal lo que hacemos es gestionar el fracaso. Aunque nos empeñemos en dar más funciones a los juzgados, nosotros solo actuamos cuando ha ocurrido un delito. Incluso aunque no haya condena, nosotros solo podremos poner medidas cautelares frente a un hecho con apariencia de delito. Sin eso, la Justicia penal no puede hacer nada más que redirigir a la mujer a los servicios sociales».

Como fiscal de delitos de odio, Gisbert pone en práctica medidas alternativas a las que entrañan cárcel, como por ejemplo la prohibición de actuar en redes sociales para condenados por perseguir en sus publicaciones a determinados colectivos por razones de pertenencia a una religión, etnia, orientación sexual…

«Son medidas muy interesantes, más aún teniendo en cuenta que ahora las redes sociales también pueden proveer de un cierto beneficio económico por visitas, por derivar tráfico a una web que recibe publicidad… en suma, se trata de medidas que pueden ser más efectivas que una prisión que, en muchos casos, no va a ser cumplida porque la suspenderá el tribunal, al ser la condena inferior a dos años de cárcel».

 

 


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Procesan al ex secretario general de UGT-A Fernández Sevilla por las facturas falsas cuyo fraude supera los 40 millones

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Los dos ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, a la izquierda y Francisco Fernández, a la derecha
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El juez de Instrucción número nueve de Sevilla ha dictado un auto en el que procesa al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas en el caso conocido como «facturas falsas» por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, una resolución en la que concluye que «el cómputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria «asciende a 40.750.047,74 euros».

En un auto fechado el día 3 de diciembre y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas, entre ellas el que fuera líder sindical andaluz Manuel Pastrana. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, «valorando en su conjunto los indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita al respecto el dictado de la resolución» que prevé el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de Pastrana, acuerda el sobreseimiento por su «situación de incapacidad sobrevenida», tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.

El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, «se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», añadiendo que «la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido», como es «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

Según asevera el juez, «en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».

Métodos para el fraude

Seguidamente, el magistrado analiza «las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito», como son el mecanismo llamado ‘rappel’, «por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa», o el mecanismo denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A «se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no corresponderían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados».

Como tercera «vía de financiación fraudulenta», el juez señala que el sindicato «habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad» a la sociedad mercantil Soralpe -de la que UGT-A era socio único- «mediante contratos elevados a público entre dichas empresas». Así, se trataba de un «mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto».

En este punto, explica que, «tras la concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las materializaba a través de su entidad vinculada IFES», agregando que, «en tanto que, según normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento», pero, en este caso, «tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable».

El magistrado considera que, «en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del investigado Federico Fresneda, ex secretario general de Administración, «que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica», una labor en la que además «contaba con el apoyo directo» del exvicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.

Más de 40 millones defraudados

Al hilo de ello, el instructor precisa que, «para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración» de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, «prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes» del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes «se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención».

A continuación, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, «para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente», se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández Sevilla.

«El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros», pone de manifiesto el juez en el auto notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento y contra el que cabe recurso.


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