ED (Reproducido) Vox ha optado por camuflar sus propuestas más neoliberales mediante iniciativas políticas sin concretar y simplificar al máximo los mensajes en su programa económico para las elecciones del 10 de noviembre. Si en los pasados comicios de abril la propuesta del partido verde consistía en un documento de 76 páginas, donde desarrollaban sus postulados económicos, y otro documento de 52 páginas, donde describían su política fiscal, para estas elecciones la formación que lidera Santiago Abascal ha rebajado su programa económico a un documento que no llega a las 20 páginas y una serie de propuestas recogidas en 100 medidas para la España Viva, que es presentado como su programa electoral.

De cara al 10N, Vox ha eliminado o suavizado las propuestas más polémicas en su programa económico: ya no aparece el abaratamiento del despido a los 20 días por año trabajado, ni limitar el derecho de huelga como tampoco aparece la posibilidad de rebajar con acuerdos individuales las condiciones laborales plasmadas en un convenio colectivo o las privatizaciones masivas que propugnaban en abril, cuando decían que “el Estado accionista ha de desaparecer del panorama empresarial español”. Ahora en lugar de imponer un sistema de pensiones semiprivado se plantea como “voluntario” e incluso se recoge “garantizar el sistema público de pensiones”.

La líder de Vox, Rocío Monasterio, con casco de obra, en una imagen de un vídeo de su partido. Vox

Frente a la contundencia y el supuesto bagaje teórico (desde la curva de Laffer a interpretaciones partidistas del Informe Mirrless) que trataron de desplegar en las propuestas económicas en las anteriores elecciones, en esta ocasión han optado por lanzar un chorro de medidas repletas de errores, contradicciones, que chocan con varias legislaciones vigentes tanto en España como a nivel europeo y que en el programa general se recoge de una manera y en el programa económico de otra.

Así, en su competición con PP y Ciudadanos por bajar impuestos, Vox en un programa pone que bajará Sociedades al 22% y en otro al 20%, al igual que les ocurre con el tramo del IRPF con ingresos de menos de 60.000 euros, que en un documento tiene un gravamen del 22% y en otro, del 20%. Otro ejemplo del desorden, para acabar con la “excesiva regulación”, Vox en un párrafo propone que “por cada nueva normativa, eliminaremos diez”, pero unas páginas después cambian la insólita medida a “por cada nueva norma que se legisle, eliminaremos cinco”.

Estas son las medidas económicas que ahora propone Vox:

Sangría en las cotizaciones a la Seguridad Social

El programa económico de Vox recoge que “España necesita más y mejores empleos”, para lo que se centra casi en exclusiva en una ristra de rebajas en las cotizaciones sociales que se pagan a la Seguridad Social. Estas contribuciones son las que luego financian a los ciudadanos el cobro de prestaciones como el desempleo y las pensiones. El sistema público de pensiones tiene en la actualidad un déficit de unos 16.000 millones de euros.

Entre las medidas, Vox propone que los autónomos que ingresen menos del salario mínimo interprofesional no paguen nada a la Seguridad Social y “superado dicho umbral, una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos”; que tampoco se pague nada a la Seguridad Social “en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años” durante hasta dos años; y reducir las cotizaciones que paga la empresa por los contratos indefinidos a desempleados de larga duración y aquellos de más de 50 años. Además, el partido de ultraderecha defiende una rebaja específica para las empresas que contraten a desempleados “de nacionalidad española”.

En lo que puede ser un nuevo guiño al electorado joven, que no estaba contemplado en el programa de las últimas generales, Vox propone en su programa económico la “inclusión de las prácticas y becas de los estudiantes entre los contratos laborales”. Destacan las ausencias de algunas de las medidas más destacadas para los comicios de abril, como el abaratamiento del despido a los 20 días por año trabajado, limitar el derecho de huelga y la posibilidad de rebajar con acuerdos individuales las condiciones laborales plasmadas en un convenio colectivo.

Rebaja del tono contra las pensiones públicas

El presidente de Vox en Málaga, José Enrique Lara, junto al líder nacional del partido, Santiago Abascal / Cadena SER

El escueto documento económico de Vox para el 10N vuelve a recoger la apuesta del partido de Santiago Abascal por un sistema de pensiones semiprivado, pero en esta ocasión lo plantea como “voluntario”. En el programa electoral del 28A se explicaba un detallado proceso de transición, en el que los jóvenes entrarían de forma automática, para pasar del actual sistema de reparto de pensiones públicas a otro mixto con parte de la pensión del trabajador depositada en cuentas individuales en manos de fondos privados.

De cara a los pasados comicios, Vox utilizó un mensaje duro sobre las pensiones públicas y las prestaciones que reciben los jubilados, con menciones a la “avalancha de pensionistas” y al “lastre para el crecimiento económico” que supone el actual modelo de jubilación. En seis meses, la formación ha rebajado el tono y ahora habla de “garantizar el sistema público de pensiones” aunque se impulse el modelo semiprivado “voluntario”. Además, entre las ‘100 medidas para la España viva’ la formación incluye la exención del pago del IRPF a las pensiones contributivas.

Por otro lado, el partido apuesta por tener en cuenta toda la vida laboral del trabajador para el cálculo de la pensión (ahora computan los últimos 22 años, que suelen elevar la futura pensión porque generalmente se alcanzan mayores salarios al final de las carreras profesionales). Vox no ha vuelto a plasmar la medida de “retrasar la edad de jubilación” y ahora recoge que existan “mayores incentivos” para su retraso. Además, propone mejorar la compatibilidad de recibir la jubilación y realizar actividades profesionales o laborales reducidas y “ampliar los beneficios fiscales de los fondos de pensiones a otro tipo de activos” para el ahorro de cara a la jubilación.

Impuestos para favorecer a las rentas altas

El grueso del programa de Vox respecto a impuestos es muy similar al del pasado abril, que estaba dirigido sobre todo a favorecer a las rentas altas, con una gran rebaja para las mayores rentas (por encima de 60.000 euros), así como la eliminación total “de la doble imposición de los dividendos” y de impuestos como Plusvalías municipales, Sucesiones y Patrimonio “porque atacan los patrimonios familiares”.

Respecto al IRPF, se mantienen dos tramos: por encima (30%) y por debajo de 60.000 euros de ingresos, pero dependiendo del programa, el tipo que se propone por debajo de 60.000 euros varía: en el programa económico es del 22%, pero en las ‘100 medidas para la España viva’ es del 20%.

Teniendo en cuenta que el programa económico de las anteriores elecciones ocupaba decenas de páginas y a estos comicios presentan un resumen de quince páginas, hay detalles que necesariamente no se han incluido. Entre ellos, por ejemplo, que Vox cree que debe subirse el IVA reducido (4% y 10%) hasta el general del 21%, salvo para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos (se mantendría al 4%). Esta idea concuerda con su opinión de que son los impuestos indirectos (que se pagan con independencia de la riqueza y la renta de la que se disfrute) los que se deben ir subiendo mientras se reducen aquellos vinculados a los patrimonios e ingresos preexistentes. No en vano, el gurú económico de la formación, el inspector de Banco de España en excedencia Rubén Manso, madrileño y número dos del partido por Málaga, considera que “discriminar a los individuos en función de sus ingresos conduce a que desiguales niveles de esfuerzo y mérito, que generan diferentes niveles de ingresos, produzcan iguales niveles de consumo y ahorro”.

Mientras tanto, se introduce una novedad respecto a hace unos meses: proponen que no se pague IVA en la adquisición de primera vivienda. En Sociedades hablan de ir hacia un tipo reducido del 12,5% a medio plazo, un 22% de inmediato, aunque en el documento de las 100 medidas apuntan a la reducción del tipo para las pymes al 15% y el tipo general “al 20% con una reducción del 5% en el caso que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas”, con la eliminación de beneficios fiscales para las empresas.

Como ocurre con el IRPF dependiendo de qué programa para las elecciones del 10 de noviembre se consulte, el tipo que se propone para Sociedades varía: en el llamado “programa económico” es del 22%, pero en las ‘100 medidas para la España viva’ es del 20%. Ha desaparecido además toda mención a la desaparición de beneficios fiscales para pymes que en abril sí recogían.

Hablan también de la eliminación de la doble imposición en la repatriación de dividendos en Impuesto sobre Sociedades, pero ésta ya existe en la normativa actual. De hecho, hay exención hasta cuando no existe una verdadera doble imposición por mor de la aplicación de las presunciones de tributación en países con convenio de doble imposición.

Liberalización del suelo

También en las ‘100 medidas para la España viva’ aparece la propuesta de “convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados”. A juicio de Vox “el mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio”. Esta medida es casi un calco de la famosa ley de liberalización del suelo de Aznar que en 1998 declaraba urbanizable todo terreno excepto que se dijera lo contrario, y que muchos expertos sitúan entre las causas de la burbuja inmobiliaria que estalló una década después.

Aplicar la regla de gasto cuando ya se aplica

Iván Espinosa de los Monteros, junto a Macarena Olona, ambos de Vox, en el Congreso

Una de las propuestas de Vox en su programa económico es la “aplicación inmediata de la Regla de Gasto vigente para los Ayuntamientos a las Comunidades Autónomas”. Lo chocante de esta idea es que dicha norma presupuestaria ya se aplica en la actualidad a las autonomías, al igual que al Estado central. Por ello, no tiene ningún sentido semejante promesa electoral, en apariencia novedosa respecto al pasado abril, basada en la falsedad de que la regla de gasto solo se aplica a los ayuntamientos, y que la formación no llega a detallar más.

La regla de gasto se introdujo en 2013 en la normativa española por requerimiento de Bruselas. Es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. Para ello impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente.

Eliminar las autonomías

Como en su programa para las últimas generales, Vox dedica un apartado a reducir el “gasto público superfluo”. La formación asegura haber “hecho cuentas” y concluye que se puede reducir en hasta 40.000 millones de euros anuales. La cifra ha mutado sobremanera en apenas ocho meses, porque en abril cifraban este ahorro en 24.236 millones de euros anuales.

Estas cuentas van en la línea de lo expresado por Santiago Abascal durante el debate del lunes, donde afirmó que “el coste del funcionamiento del Estado de las Autonomías, según distintos estudios, es de entre 60.000 y 90.000 euros al año”. El dato procede de una estimación que hizo UPyD en 2011 y que cifraba el supuesto sobrecoste en “70.000 millones de euros en cuatro años”, es decir, 17.500 millones anuales. Distintos estudios aseguran, sin embargo, que la los sistemas federales son más eficientes que los centralistas.

Las medidas de Vox siguen encaminadas a eliminar las autonomías, considerando que “desconocen sus funciones” o que “dedican recursos públicos a tareas indebidas”. Así, proponen integrar la sanidad, la educación y la justicia en la estructura central del Estado, además de eliminar todos los organismos autonómicos de ayuda a la cooperación internacional. También quieren cargarse los de promoción empresarial – que los paguen las empresas – y eliminar los “aparatos de propaganda pública”, esto es, las radios y televisiones públicas. El documento menciona a los Ayuntamientos, a los que Vox eliminaría toda “competencia impropia de la que se han adueñado”. En sus ‘100 medidas para una España Viva’, la formación da un paso más y propone la “fusión de Ayuntamientos” y la “reducción en el número de representantes locales”.

Acabar con las subvenciones a partidos políticos

El líder de Vox en Barcelona

Otro de los “gastos superfluos” identificado por Vox es la financiación a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos. El partido ultraderechista siempre se ha mostrado en contra de las subvenciones electorales, pero en cuanto ha accedido a ellas no las ha rechazado. Tras los comicios de abril, Vox recibió 2,6 millones de euros por gastos electorales y pasó a cobrar 68.088 euros al mes del Congreso de los Diputados, retribuciones de sus parlamentarios aparte.

“Patrimonialización de las familias”

El escueto documento de medidas económicas de Vox apuesta por una “patrimonialización de las familias” para crear “condiciones que les permitan crear patrimonio y sistemas de previsión para los momentos incertidumbre al margen del Estado”, porque depender de él, dicen, “es el camino más corto hacia la tiranía”.

La primera medida de este apartado es apostar por la educación privada con un “cheque escolar que favorecerá la libre elección de centro por parte de los padres”, con el argumento de que “los más favorecidos también tienen derecho a elegir la educación que quieran para sus hijos”. No hay más detalles, pero en las anteriores elecciones la formación de Abascal lo explicaba así: “Los padres recibirían del Gobierno un trozo de papel” que tendría “un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público” y con el que decidirían “a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos. Pagan sus estudios con ese cheque y pueden complementarlo con contribuciones personales si el precio de la escuela elegida fuese más elevado que el cubierto por el bono escolar”.

El documento, que propone ligar las becas “al esfuerzo del estudiante” y plantea “estabilidad en los planes de estudio” para facilitar “el reaprovechamiento” del material escolar, contiene algunas diferencias respecto a otro similar difundido en octubre, cuando apostaban por definir un “estatuto del patrimonio familiar que permita identificar bienes y derechos de primera necesidad al servicio de las familias que estarán exentos de impuestos” y eliminar “impuestos y gravámenes que pesan sobre las compraventas de activos familiares de primera necesidad (primera vivienda y dos automóviles)”.

Ahora, la explicación se complica un poco: hablan de determinar lo que llaman “Necesidades Básicas del Contribuyente” en función del tamaño, composición “y los consumos a escala derivados de la vida en común de las familias”, de forma que “el contribuyente” solo tribute “por su renta discrecional, es decir, la renta disponible después de cubrir sus necesidades básicas”. En el documento de las 100 medidas sí especifican con una reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas.

Sí mantienen su propuesta de “deducción de los gastos de asistencia en el hogar y personal sanitario” y una “reducción progresiva de impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar familiar y, especialmente, sobre las familias numerosas: electricidad, agua y gas”. Cabe recordar que las familias numerosas (no importa su renta) siguen disfrutando a día de hoy del denominado bono social de la luz y para calefacción, por lo que sería un descuento adicional para este colectivo.

Como ya hicieron de cara a las elecciones de abril, Vox plantea un “reconocimiento de la compensación de bases liquidables negativas del IRPF hacia atrás”, esto es, permitir que te devuelvan impuestos de dos años anteriores por pérdidas en un ejercicio posterior, algo que, según fiscalistas consultados, no se hace en ningún país del mundo para personas físicas (solo se aplica a empresas en algunos países, como Reino Unido y Alemania). Asimismo, insisten en gravar las plusvalías personales “solo por su componente real”, esto es, actualizar el valor de adquisición de un activo que se vende con el IPC para calcular las ganancias.

Reindustrializar España contraviniendo a la UE

El programa de 100 medidas urgentes de Vox omite la batería de medidas para “el renacimiento tecno industrial de España” que plantearon de cara a abril. Ahora, se queda en una medida que podría contravenir la normativa europea: para favorecer “la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa – estado y así aumentar el peso de la industria en el PIB”, plantean “apoyar a las empresas españolas incorporando como computable, en los criterios de evaluación de los concursos públicos, que la empresa tenga su sede y que tribute en España”.

El listado de 100 medidas olvida las iniciativas de apoyo al vehículo eléctrico que incluyó Vox de cara a las elecciones de abril. En materia energética, propone “un Plan de la Energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia”. Apuestan por las renovables sin nombrarlas, dado que España carece de recursos fósiles.

En electricidad, reclaman “menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa”. Los datos de la Agencia Europea de Reguladores (ACER) dicen que el principal componente en el recibo de los hogares españoles no son los costes regulados, sino la energía, que pesa un 44% (la media comunitaria es del 37%). Los apoyos a las energías limpias suponen el 14% (un punto por encima de la media de la UE); los pagos regulados a las redes (transporte y distribución), el 21% (25% en Europa) y los impuestos, otro 21% (25% en la UE).

Los documentos de Vox para estas elecciones ya no hacen ninguna mención a las privatizaciones masivas que propugnaban en abril, cuando decían que “el Estado accionista ha de desaparecer del panorama empresarial español”.

Unidad de mercado pero con requisitos

En su afán por destruir el Estado de las autonomías, el programa de Vox tiene un apartado dedicado a la unidad de mercado en el que presentan un escenario irreal en el que dan a entender que un ciudadano de Murcia no puede montar una empresa en Galicia. Como en la mayoría de las propuestas de su programa económico la formación de ultraderecha propone medidas sin concretar y contradictorias.

Tras alegar que las Comunidades Autónomas “han reducido la libertad económica de los españoles”, los voxistas proponen la recuperación “de la unidad de mercado” y “de competencias económicas del Estado”, pero a la vez proponen que “los españoles podrán realizar sus actividades económicas y profesionales en cualquier Comunidad Autónoma de España si cumplen con los requisitos de aquélla donde establezcan su residencia”.

Vox denuncia “el exceso de regulación” en una cabriola en la que apuntan que “no sólo es un coste, sino que crea inseguridad jurídica”. Para reducir la regulación, Vox pone sobre la mesa una insólita medida: “por cada nueva norma que se legisle, eliminaremos cinco”, sin concretar cómo y olvidando el actual entramado legislativo amparado por la Constitución española o las obligaciones de transposición de normativas comunitarias que tiene España por pertenecer a la Unión Europea. En la confusión continua del programa en la introducción la propuesta es “Desregulación: por cada nueva normativa, eliminaremos diez”.

Quizás el objetivo de Vox con este punto es facilitar la vida a sus dirigentes, Rosario Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, que achacaban a la burocracia las ilegalidades cometidas en su casa y en otras edificaciones.

En esta obsesión por eliminar leyes, Vox utiliza el concepto de desregulación competitiva, que igual le sirve para hacer más competitivos los productos españoles en los mercados exteriores que como atracción de inversión extranjera. Para los empresarios extranjeros además proponen un “marco legal estable”, una rebaja de impuestos que no llegan a concretar y que tributen dónde consiguen sus beneficios. Como si ahora hubiera trabas legales para que un empresario de fuera de España pueda establecerse en nuestro país exigen “libertad de entrada y salida para los inversores extranjeros”.

Esta libertad de entrada y salida en nuestro país es solo para los más ricos, ya que en caso de los trabajadores, la formación verde aboga por el “otorgamiento de permisos de residencia sólo a quien pueda acreditar medios de vida para sostenerse en España”, de manera que pretenden “favorecer la entrada del capital extranjero para crear empleos, para los españoles primero, y para aquellos que quieran llegar a ser uno de nosotros, después. Nuestros recursos pueden crecer, pero siempre serán limitados”.