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Economía

Los sindicatos de prisiones se alían en una huelga histórica por el “engaño” de Interior

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Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
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Los cinco sindicatos de prisiones se han unido por primera vez en la historia para llamar a los 25.000 trabajadores de las cárceles a una huelga general de seis días tras el “ninguneo” y el “engaño” del Ministerio del Interior que puso sobre la mesa una oferta económica y tres días después la retiró.

Es la principal razón para que CCOO, CSIF, ACAIP, UGT y CIGO, los sindicatos que representan al 97 % de la plantilla de trabajadores de cerca de 80 centros penitenciarios de todas España (excepto Cataluña), haya convocado la primera huelga general en el ámbito de las prisiones y que, de no desconvocarse, se convertirá también en la primera huelga al gobierno socialista de Pedro Sánchez.

El paro presentado hoy en rueda de prensa ha sido convocado para los días 24 y 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre después de que el Ministerio del Interior ofreciera hace una semana una subida media mensual de 375 euros lineales al conjunto de la plantilla de Prisiones, que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021.

Tres días después, el pasado miércoles, la oferta fue retirada porque la partida económica necesaria (122,6 millones de euros) no fue autorizada, una marcha atrás con la que el personal se siente “engañado” y defraudado.

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En palabras de Silvia Fernández, la responsable de CCOO Prisiones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les “ha faltado al respeto” ante unas demandas que las organizaciones consideran “legítimas” y “justas”.

Por eso, los sindicatos solicitan una reunión urgente con Marlaska y anuncian que si no lo hace desde este martes al próximo miércoles se “encadenarán” el día 17 frente a las puertas de la sede de Interior en el paseo de la Castellana.

“La huelga afectará a las veinticuatro horas y alcanzará los tres turnos (mañana, tarde y noche) y todas las funciones del personal penitenciario”, ha dejado claro el presidente de ACAIP, José Ramón López, antes de poner de manifiesto que la huelga tiene un significado relevante al tratarse de la primera en el ámbito de las prisiones.

Para el responsable federal de UGT Prisiones, Antonio González, la propuesta que presentó Interior era un “buen punto de partida” para negociar pues, además de la subida lineal en los próximos tres años, también contemplaba la demanda histórica de reducir la brecha salarial al rebajar las nueve categorías profesionales a tres.

“Dependiendo de en qué cárcel trabajes puede haber un diferencia salarial de 700 euros y esto genera mucho malestar en el interior de las plantillas”, ha reprochado González que ha lamentado la “tomadura de pelo descarada” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al retirar el viernes pasado la oferta.

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Ahora, dicen los sindicatos, las prisiones se han convertido en “un polvorín” en la que una huelga es el “instrumento” de los trabajadores para exigir “seguridad, formación y retribuciones dignas”.

Opinan que el secretario general de Insituticones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha quedado “deslegitimado” para negociar con los sindicatos y solicitan al ministro que retome el diálogo con la propuesta inicial para, en ese caso, estudiar una desconvocatoria de la huelga.

“Somos los grandes olvidados siempre de los presupuestos y vamos a intentar no serlo”, ha defendido el responsable de CSIF, Adolfo Fernández, tras reclamar el mismo trato a los funcionarios de prisiones que el que han recibido policías y guardias civiles.

“Hasta aquí hemos llegado. Esta huelga va en serio y en firme”, ha añadido Fernández.

Los cinco sindicatos han advertido de que en prisiones como las de Burgos, Albolote (Granada), Cáceres o Mansilla de las Mulas (León) será difícil la huelga, ya que se trabaja con muy pocos recursos humanos y con plantillas envejecidas, un problema este último que hacen extensivo al resto de prisiones, con una media de edad de los trabajadores de 54 años.

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A esta problemática, las organizaciones suman que hay 3.400 plazas en las prisiones sin cubrir.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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