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PSOE y Podemos acuerdan despenalizar las ofensas a los católicos y las injurias a la Corona

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El Gobierno del PSOE y Unidos Podemos han incluido en su acuerdo presupuestario el compromiso de suavizar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores, y de despenalizar las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos de los católicos.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya reforma ya se está tramitando en el Congreso, PSOE y Podemos se comprometen a trabajar sobre la base del texto de modificación que presentó el PNV y descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Socialista.

Por un lado, revertirán los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo “desalentar la protesta social” y “limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión”. En ese sentido, se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica.

NO MÁS DE DOS HORAS RETENIDOS EN COMISARÍA

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Respecto a la actuación policial, subrayan que deberá tener como guía “la dignidad de la persona y los derechos humanos”, que los agentes deberán llevar siempre una la identificación una identificación “claramente visible”, que el registro corporal sólo se aplicarán en casos de “indicios concretos y comprobables” y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.

El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar “en profundidad” los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad deexpresión, e “introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la leyque lo permitan”.

Pero, asimismo, se apuesta por revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran “hiperregulacion” de algunas conductas, y concretamente citan el artículo 315 del Código Penal que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.

Según se dice en el acuerdo, recogido por Europa Press, “es recomendable restringir al máximo” la posibilidad de que manifestaciones ofensivas puedan ser perseguibles penalmente y por ello se apuesta por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona”.

DE PRISIÓN PERMANENTE, NADA

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“La democracia española es una democracia madura, que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del Derecho internacional –sostienen–. Es imprescindible que exista debate público, a través de la discusión libre de diferentes ideas y opiniones, sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentesideologías y concepciones sobre la vida”.

En el acuerdo no hay mención a la prisión permanente revisable que estableció el PP y que los socialistas llevaron ante el Tribunal Constitucional al considerarla una “cadena perpetua”, y sobre Justicia Universal ambas partes se quedan a expensas del informe encargado por el Ministerio de Justicia a una comisión de expertos.

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España

“Alvise” Pérez lo vuelve a hacer: el analista destapa un nuevo caso de corrupción en el PSOE

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En las soleadas y acomodadas calles de Sotogrande, el chiringuito Gigi’s Beach era más que un mero refugio costero; se convirtió en ejemplo de cómo la corrupción y el poder se mezclan como el hielo y la ginebra en un vaso de highball.

Entre los clientes frecuentes que Alvise Pérez analizó en escuchas activas, se encontraba el alcalde de San Roque, Ruiz Boix, un personaje sacado directamente de una novela de intrigas políticas.

Su presencia en Gigi’s no era casualidad; su esposa, conocida por su habilidad para intimidar a los camareros hasta conseguir que la cuenta desapareciera, actuaba como la perfecta antagonista en este relato de privilegios no ganados.

Boix, en un juego de apariencias, se reunía a menudo con empresarios locales en una mesa apartada, junto a los alcaldes de La Línea y Algeciras, formando un tridente inseparable de camaradería.

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La rutina era siempre la misma: botellas que fluían libremente, visitas sospechosas al baño, y gestos descarados hacia la nariz que no hacían más que alimentar los rumores de cocaína.

El murmullo del pueblo y los audios grabados tenían nombres y detalles: Juan José Moncayo Agüera, amigo del alcalde y dueño de dos restaurantes, y Carlos Molina Muñoz, un teniente de la Guardia Civil cuya carrera se vio manchada por acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Se decía que este trío no solo compartía botellas sino que también estaba inmerso en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El ascenso meteórico de Moncayo, de simple barman a magnate de la restauración, fue visto no como un cuento de hadas, sino como una fábula de corrupción.

Coches de lujo, remodelaciones costosas y escapadas europeas.

Todo era impunidad hasta que Alvise Pérez, en lo que muchos critican como “extorsión” y “amenazas inmorales”, logró hace días que uno de ellos proporcionara la información adecuada.

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Ahora, mientras las olas rompen suavemente en la costa, esta Comunidad espera pacientemente, sabiendo que la marea de la justicia, aunque lenta, eventualmente llega a la orilla. 🐿️

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