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Economía

Sánchez sigue la senda de Zapatero

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Sñanchez y Zapatero
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España ha realizado un gran sacrificio para reducir el enorme agujero fiscal que dejó en herencia Rodríguez Zapatero, próximo al 10 por ciento del PIB, hasta un nivel mucho más manejable, pero Pedro Sánchez amenaza con repetir los errores que cometió el PSOE en el pasado, ya que aumenta el gasto de forma irresponsable y descuida la consolidación presupuestaria. El déficit público cerró el pasado ejercicio en el 2,6 por ciento del PIB, tras bajar en casi 4.000 millones de euros, situándose así por debajo del límite del 3 por ciento que marca la normativa comunitaria por primera vez desde 2007, cuando estalló la crisis financiera.

Sin embargo, dicha consecución se ve lastrada por el peligroso cambio de rumbo que está protagonizando este Gobierno. En primer lugar, porque Sánchez ha incumplido de forma deliberada el objetivo de déficit acordado inicialmente con Bruselas, fijado en el 2,2 por ciento, siendo el mayor desvío que se registra desde 2012, el fatídico año en que el Estado tuvo que acudir al rescate de las cajas de ahorros. Y, en segundo término, porque, lejos de corregir esta deriva, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que pretenden repetir e incluso ampliar dicho incumplimiento, tras fijar en el 2 por ciento la meta de déficit para este año, muy por encima del 1,3 negociado con la Comisión Europea y validado por el Congreso.

La razón de este incremento es la política de gasto emprendida por Sánchez desde su llegada al poder con el fin de comprar votos. El problema estriba en que el Gobierno gasta lo que no tiene, puesto que la ausencia de Presupuestos impide la puesta en marcha de nuevas subidas fiscales, de modo que la larga lista de prebendas aprobada en las últimas semanas por decreto ley carecerá del suficiente respaldo financiero, con el consiguiente aumento del déficit. En concreto, la propia Montero admitió que el agujero podría escalar este año hasta el 2,2 por ciento, con lo que, para alcanzar el objetivo del 2 por ciento, recortarán unos 3.000 millones de euros en inversiones, en lugar de reducir el gasto superfluo que acumula el sector público.

Y todo ello sin contar que, pese al descuadre que presenta la Seguridad Social, de más de 17.000 millones de euros, el PSOE apuesta en su programa electoral por ligar las pensiones al IPC de forma permanente y sin ningún plan alternativo para garantizar la sostenibilidad del sistema. Retrasar la eliminación del déficit constituye un grave error, especialmente en el actual contexto, donde la desaceleración del PIB y las turbulencias internacionales, sumadas a la perjudicial política económica del Gobierno, ponen en riesgo el crecimiento y la creación de empleo. España carece de margen de maniobra para afrontar nuevas dificultades, ya que la deuda pública ronda el 97 por ciento del PIB. Sánchez reproduce el modelo de Zapatero.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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