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Tribunales

Una jueza que apela a su condición de mujer para lograr un cargo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA)

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Sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han lamentado este viernes el trato “discriminatorio e indigno” sufrido a manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una magistrada que aspiraba a presidir la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) frente a otro candidato masculino.

En un comunicado, esta asociación destaca que los dos candidatos, María José Hernández y José Enrique Mora, comparecieron la semana pasada durante más de una hora ante la comisión de comparecencias del órgano de gobierno de los jueces para defender sus candidaturas y responder a las preguntas formuladas.

La asociación considera “tan sorprendente como descarado” que la comisión, que decide de forma “discrecional” los nombramientos, “criticara y afeara” a la magistrada aspirante por hacer referencia en su intervención no solo a sus méritos profesionales sino a su condición de mujer para presidir una sala en la que “no ha habido ni una sola mujer desde que se creó en 1989”.

La candidata recordó, además, que la Ley Orgánica del Poder Judicial e, incluso, las bases de la convocatoria plantean la necesidad de corregir estas “desigualdades” para “ir equiparando la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en la justicia española”.

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Según las fuentes citadas, la aspirante expresó su respeto por todos los magistrados hombres que integran la referida sala antes de insistir en su condición de mujer, asegurando que “no me quiero aprovechar de esa circunstancia pero sí ponerla de relieve”.

Estas fuentes señalan que la comisión del CGPJ tildó de “poco sutil” que la candidata, integrante en la actualidad de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, “reivindicara su condición de mujer como una oportunidad para acabar con esta discriminación histórica”.

Considera la asociación que las preguntas formuladas al otro aspirante fueron “bien distintas”, al inquirirle sobre la posibilidad de crear grupos de Whatsapp entre los jueces aragoneses o por los riesgos laborales en los juzgados de la región, material en la que José Enrique Mora es experto, “como se encargó de recordar el presidente del GGPJ, Carlos Lesmes”.

La asociación denunciante, de la que forma parte la candidata, considera que lo ocurrido es “un ejemplo más de la falta de imparcialidad de un CGPJ que, pese a estar en funciones desde hace meses, continúa pasteleando con los nombramientos discrecionales”.

También consideran “lamentable” que el magistrado que formuló el comentario que afeó a la candidata hacer referencia a su condición de mujer, Mario Macías, “no solo no tenga en cuenta los criterios de igualdad que establecen la ley las bases de la propia convocatoria, sino que encima se los eche en cara y hasta critique a la aspirante por limitarse a recordarlos”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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