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Economía

Marcha atrás del Gobierno en los incentivos fiscales al alquiler barato

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
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El Gobierno parece haber querido contentar a casi todos con su nuevo decreto ley de medias “urgentes” sobre vivienda y alquiler, pero puede terminar dejando satisfechos a pocos. A última hora ha renunciado a la posibilidad de implementar nuevos incentivos fiscales de peso para los dueños que exijan arrendamientos más moderados por sus casas y, a la vez, ha fijado la inflación como techo de sus revisiones anuales.

La nueva normativa, que entraría en vigor este domingo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) prevista para el sábado, recupera en líneas generales el texto que aprobó el pasado 14 de diciembre, pero que solo pudo aplicarse 35 días al ser rechazado luego por el Congreso. Por eso ahora en el Ministerio de Fomento han preferido ir casi sobre seguro, contando a priori con el apoyo de Unidos Podemos, PDeCAT y PNV, que con los votos del PSOE serían suficientes para validarlo en la Diputación Permanente. No obstante, podría generarse cierta incertidumbre durante el próximo mes en la firma de nuevas contratos e incluso paralizarse operaciones.

La vicepresidenta Carmen Calvo admitió este viernes, tras el Consejo de Ministros, que el decreto no sirve realmente para atajar “el desequilibrio actualmente existente” en el ámbito del alquiler de vivienda, aunque dijo que al menos sí daría “mayor seguridad y certidumbre al inquilino” a la espera de una normativa más ambiciosa que intentarían desarrollar la próxima legislatura -en función de lo que deparen las elecciones generales del 28 de abril- y contando ya con un nuevo presupuesto anual. Seguramente por ello las mayores críticas a este “plan de emergencia y choque” -como lo definió ella- vinieron desde el propio sector, desde portales inmobiliarios a agencias, administradores de fincas y grandes fondos de inversión.

Blackstone, un fondo estadounidense considerado el mayor casero de España, fue el más severo. “Solo traerá más tensión al alza de precios en el mercado -donde operan, según sus cálculos, cuatro millones de propietarios y 10 millones de inquilinos, y en el que las principales firmas de inversión “sólo” controlarían el 3%- y una reducción de la oferta”, afirmó su responsable en España, Claudio Boada. Pero, ¿en qué se basa? Aparte de criticar las ampliación de contratos -de inicio cinco años, y siete si el propietario del inmueble es una empresa, ampliables por otro trienio si no hay renuncia expresa de las partes (cuatro meses antes los dueños y la mitad los inquilinos), censura que el IPC limite las revalorizaciones.

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Como novedad, el decreto limita las subidas anuales de renta al incremento de la inflación (el IPC anterior a la firma del contrato, o su revisión). Las partes podrán pactar un aumento inferior, pero nunca superior, como en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.

MEDIDAS FISCALES

Solo si hubiera mejoras de peso en la casa, “más allá de las obligatorias de conservación” que debe asumir el arrendador, se podría subir más el precio previo pacto entre las partes. Ni una referencia más al precio salvo el nuevo sistema de índices de referencia que Fomento se compromete a desarrollar en ocho meses, y que “servirá de soporte a posibles medidas de política fiscal”.

De éstas renuncia a abrir la puerta a que los ayuntamientos pudieran rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los dueños de casas con alquileres más moderados según los precios medios de su zona. Sí habrá una bonificación de hasta el 95% en este tributo para las viviendas (VPO) protegidas en arrendamiento, siempre a criterio de los consistorios. Asimismo, e igualmente dentro del IBI, se elimina la obligación actual a que en los parques de vivienda pública social lo pague el inquilino.

Elimina también el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para el alquiler de vivienda habitual. Y sobre los recargos municipales a las viviendas vacías, “se remite a la normativa sectorial” -estatal o autonómica- para que en ella se definan “las reglas” que permitieran “aplicarlos”. Todas estas medidas se aplicarán solo a los nuevos contratos que se puedan firmar hasta ahora -se descarta cualquier efecto retroactivo-, aunque desde ahora ya no habrá distinción entre los inscritos en registros u organismos públicos y los que solo circulan a nivel privado.

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AVISO A LOS AYUNTAMIENTOS

Pese a las críticas desde los fondos de inversión y algunas plataformas inmobiliarias ante la posibilidad de que los nuevos índices oficiales de precios de alquileres -que se basaran fundamentalmente en la información, ahora ampliada, que debe suministrarse para los depósitos de fianzas-, el Ministerio de Fomento advierte en su texto de que aunque las comunidades autónomas podrán elaborar sus propios indicadores sobre rentas -algunas, de hecho, ya los tienen-, ni ellos ni los estatales, y tampoco los que pudieran desarrollar los ayuntamientos, “en ningún caso habilitan a éstos para establecer sistema de regulación” de aquellos precios.

A lo que no renuncia el Ejecutivo es a reducir la presencia de grandes fondos de inversión y operadores similares en el negocio del alquiler, al considerar que la situación actual del mercado es “deficiente”. Por eso incluye en el decreto el derecho de adquisición preferente por las Administraciones Públicas en caso de venta conjunta del inmueble, es decir, cuando se enajenen todas sus viviendas a la vez. A tal fin se establece “la posibilidad” de que la legislación sobre vivienda fije -no concreta cuando- un derecho de tanteo y retracto a favor de aquellas.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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