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Economía

Más de 10.000 olivareros salen a la calle para exigir medidas contra los bajos precios

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El sector olivarero ha salido a la calle este jueves, a través de las asociaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, por el centro de Madrid para denunciar la «crisis tremenda» por la que atraviesan más 250.000 familias de productores y que tiene su origen, según los organizadores de la marcha, en los bajos precios del aceite de oliva en origen que les producen pérdidasy la posibilidad de que, a partir del 18 de octubre, Trump imponga a este producto un arancel adicional del 25% por una disputa con origen en el sector aeronáutico.

A la capital han acudido más de 10.000 olivareros procedentes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Cataluña quienes han recorrido las calles hasta la puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bajo el lema «Precios justos parsa un olivar vivo». El objetivo no es otro que reclamar una serie de medidas que permitan alzas de precios en origen y garanticen una futuro «digno» para el olivar tradicionaal.

A pesar de que España es la principal productor de aceite de oliva a nivel mundial, cuenta con los precios en origen más bajos de la Unión Europea, llegando incluso a situarse por debajo de los costes de producción (el coste medio ponderado de producción de aceite de oliva en España, según el Consejo Oleícola Internacional, se estableció ya en 2015 en 2,75 euros por kilo de aceite de media).

Almacenamiento y autorregulación

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Durante la manifestación, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha afirmado que el sector del olivar está atravesando una «crisis tremenda» y que es el momento de actuar, de modo que la voluntad política vea la luz en el almacenamiento y en la autorregulación.

Al respecto, Barato ha ironizado diciendo que «está muy de moda hacer decretos leyes para muchas cosas, y nosotros también exigimos un decreto ley: que no se pueda vender un producto que se hace en el campo por debajo del valor al que nos cuesta a nosotros producirlo».

Por su parte, el presidente del sector del aceite de oliva de cooperativas agroalimentarias, Rafael Sánchez Puerta, ha valorado la unión del sector en la manifestación, ya que el año está siendo «muy complicado» en cuanto a precios, por lo que se necesitan organismos para adecuar la oferta y la demanda.

Respecto a los aranceles de Estados Unidos, Sánchez Puerta ha señalado que complican más la situación, puesto que es un país en el que se vendían más de 200 millones de kilos de productos agroalimentarios, lo que supone una pérdida “letal” para el sector y deja en evidencia la desventaja de España respecto a otros países europeos.

Caída del precio del 26% en 2018

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El sector recuerda que en 2018 ya se produjo una caída del 26% de los precios, a una media de 3,53 euros por kilo, según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura de Andalucía, y ha continuado la tendencia bajista durante 2019, hasta situarse en un 44% menos (de 3,53 euros por kilo en junio de 2018 a cotizaciones por debajo de los actuales dos euros por kilo, por debajo de los costes de producción, 2,75 euros por kilo), en un contexto internacional de menor producción, principalmente en los países extracomunitarios.

Los manifestantes han demandado instrumentos regulatorios en el mercado para que «no se arruinen» en momentos de descensos de los precios, así como que no se produzcan aumentos excesivos que el consumidor no puede pagar.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha denunciado que en la última campaña se haya quitado a los olivareros más de 1.000 millones de euros, debido a que «la industria envasadora especula con los precios por sus propios intereses, manipulando los precios y las cantidades sin un control por parte de la administración pública».

Críticas a la distribución

A todo ello se suman, según el sector, las prácticas comerciales desleales de las cadenas de distribución que utilizan el aceite de oliva como producto reclamo, «tirando por tierra la imagen de un producto de excelencia y contribuyendo a la tendencia a la baja de los precios».

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«Esta situación amenaza la viabilidad de las explotaciones de olivar tradicional y pone en riesgo el modo de vida de más de 250.000 familias y cientos de municipios que viven directa e indirectamente de este cultivo», han denunciado.

La superficie de cultivo dedicada al olivar en España se eleva a 2,6 millones de hectáreas, distribuidas en más de 400.000 explotaciones. Este cultivo mantiene 15.000 empleos en la industria y genera más de 50 millones de jornales por campaña.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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