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Allá van leyes do quieren reyes: la seguridad jurídica

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Para echarse a temblar: ése es en efecto el camino del absolutismo y de la arbitrariedad. Lo que nos proporciona seguridad jurídica es que haya leyes seguras, que no dependan del capricho de los que mandan: sean reyes, Papas o pueblos (es decir democracias), que la democracia, por la fuerza de los números nos puede asegurar algunas cosas: pero no la equidad, la sensatez, la verdad, la bondad… la democracia no es garantía ni de equidad, ni de sensatez, ni de bondad. Hitler se hizo con el poder de la manera más democrática; por consiguiente todo su régimen fue un infausto parto de la democracia. Como tampoco nos puede asegurar nada de eso, el hecho de que sea el papa o el mejor de los reyes quien decida torcer las leyes a su voluntad.

Pero bueno, si hasta Dios, que es por sí mismo la Bondad, la Santidad, la Equidad, la Justicia, ha preferido darnos leyes para no obligarnos a depender sólo de su libre arbitrio por más dotado que esté de Sabiduría infinita, de Santidad, de Bondad y de Justicia; si hasta el mismo Dios nos dio sus Diez Mandamientos, la ley más inamovible de todas las que han existido en la historia del hombre, porque el hombre necesita tener la seguridad de que se está comportando conforme a la voluntad de Dios y por tanto, conforme a la bondad, a la verdad y a la equidad, ¿qué tendremos que decir de las leyes de los hombres? La ley está para dar seguridad, para blindarnos contra caprichos y veleidades del poder… incluso si fuese el caso, para defendernos de los posibles caprichos y veleidades de Dios. No es el caso del Dios de Jesucristo, ciertamente. Pero sí el de Alá que, por decirse omnipotente, puede hacerlo todo ¡hasta el mal! ¿Qué decir por tanto de la seguridad jurídica que están obligados a darles todos los gobernadores a sus gobernados?

Pero he aquí que la sacralización de la democracia nos ha llevado a concederle a ésta, privilegios de los que sólo gozaron los tiranos. El poder, por ser poder (sea del mónos, sea de los oligoi, sea de los aristoi, sea del demos, sea de la plebe plebiscitaria, sea del déspota), es insaciable, y por eso tiende a ser totalitario y despótico. No tenemos más que ver cómo crece el poder en nuestra sociedad, y cómo se esmera en asumir a toda costa la responsabilidad de nuestra manutención (se ha reservado las áreas de la salud y la educación en la inmensa mayoría de dominios): y no para de crecer ese afán, que sólo es sostenible con el crecimiento en paralelo de los impuestos, es decir de la esclavización a tiempo parcial.

Pero fíjense que, en Europa, el poder político mantiene hasta a la Iglesia: a costa de los impuestos, claro, es decir a costa de cotas cada vez más altas de esclavización. Es que, ¡mira por dónde!, sus ansias de mantenimiento no tienen límite. Es su peculiar sentido de la bondad: y como no podía ser de otro modo, la principal ley anual, es la de la manutención con los respectivos impuestos: es la del reparto de cuotas de esclavización y manutención. Eso es así porque el modus vivendi del Estado, sea cual sea su forma política, es nuestra manutención.

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Una vez establecido que lo óptimo es que cada vez gasten más en nuestra manutención, lo obvio es que cada vez sea mayor el peso de los impuestos. Admitamos pues que, por oneroso que sea, cualquier sistema de poder, del despótico al democrático, tiene todo el derecho a “legislar” sobre capítulos de manutención (cada vez más, entre ellos también la seguridad) y capítulos de impuestos (también al alza). Evidente, porque es así como funciona todo sistema de poder: mediante imposición, es decir mediante impuestos.

Pero lo que está fuera de todo orden y de toda sensatez es que las ansias de dominación de nuestros políticos les hayan llevado a legislar sobre las leyes físicas y biológicas, sobre historia y religión, sobre moral y prosodia. Sobre cualquier cosa: como si el poder otorgase conocimiento. Allá van leyes do quieren reyes, en un ejercicio de fatua ostentación de poder de los que mandan, y de servil adulación de los que obedecen. Comprensible en los que obedecen a sueldo; pero alucinante en los que les regalan su adhesión y asentimiento a esos adictos del poder.

Un Estado de Derecho (e incluso los que no merecen esa digna calificación) se sostiene sobre un entramado de leyes estables (conditio sine que non para merecer la calificación de leyes), a las que están sujetos todos los miembros de la Nación, ya sean soberanos, ya sean vasallos. Porque si el soberano, llámese como se llame, no respeta las leyes o prescinde de ellas a su conveniencia, coloca a su Estado en una situación lastimosa tanto para él mismo como para sus súbditos.

Y lo que vale para un Estado, vale para cualquier institución, llámese asociación, club, empresa o iglesia.

El grado de cumplimiento de las leyes que cada institución se ha dado, es el termómetro de su nivel de salud. Un Estado o una institución en que allá van leyes do quieren reyes, es una institución muy enferma. Y a menudo se trata de enfermedades que anuncian la muerte. Por eso es vital que haya en ellas personas y equipos (especie de organismos de defensa) cuya función sea vigilar que nadie pueda irrogarse ningún género de soberanía sobre las leyes. Las leyes son sagradas: y no están hechas para defender a las personas concretas, por alto que sea su rango (lo cual sería una forma de privilegio, es decir de ley privada), sino para defender a la institución, que es patrimonio de todas las personas que la forman; no de sus dirigentes.

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Uno de los elementos a los que debe su prolongadísima perduración en el tiempo una institución bimilenaria como la Iglesia, son sus normas de funcionamiento interno, que en este caso se llama Derecho Canónico. Constituye por tanto un grave atentado contra la integridad de la Iglesia todo desgaste y laminación de ese Derecho, trasvasando a la arbitrariedad de la jerarquía de turno, lo que era derecho de la institución, y por tanto de todos sus miembros por igual, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos: sin que los haya que tengan el privilegio (ley privada de ellos solos) de dejar las leyes en suspenso cuando así lo consideren o les convenga. Y si esas transgresiones se permiten con las leyes de menor rango, en las que se defiende la igualdad de derechos y deberes de todos sus miembros, tarde o temprano alcanzan a los revestidos del máximo poder. Eso, exactamente eso fue lo que ocurrió repetidamente en el gran Cisma de Occidente: los que tiraban de los hilos del poder, tanto dignatarios de la Iglesia como príncipes de este mundo, se saltaron las barreras de la ley de la Iglesia, del Derecho Canónico, cada vez que la transgresión les favorecía. Convirtiendo así el Derecho en algo que pone límites sólo a quien no tiene la fuerza o la audacia necesarias para saltárselos.

En efecto, en la Iglesia, el tema de la elección (y el pretendido derecho de deposición) del papa, ha sido quizá la más decisiva piedra de toque de la supremacía de la legalidad instituida, sobre cualquier interés (por legítimo que fuese) que chocase con ella. Y ahí fue donde se produjo la gran mascarada. ¿Qué tenemos pues? Un papa pusilánime que cede al capricho del rey de Francia de que la sede del Obispo de Roma esté en Aviñón. Y que se pliega a la voluntad del rey para conformar un colegio cardenalicio a su medida: a la del rey. Unos habitantes de Roma que al ver que la ciudad se ha arruinado por la ausencia del papa, montan un violento motín para exigir-bajo amenaza de muerte- a los cardenales reunidos en cónclave la elección de un papa romano o al menos italiano, decían. Tras la desastrosa elección, todos los cardenales la declaran nula y eligen un nuevo papa que acabará de nuevo confinado en Aviñón. Un concilio en Pisa que declara ilegítimos a los dos papas -al romano y al aviñonés- y elige un tercero. Otro concilio, el de Constanza, convocado por el príncipe Segismundo de Moravia, luego emperador del Sacro Imperio Germánico (ojo, que no es un miembro de la jerarquía eclesiástica) y avalado luego por un tal papa Juan XXIII -el de Pisa- en el que, saltándose todos los protocolos y leyes de los concilios, se pone fin al enredo.

Y es ahí donde aparece nuestro Benedicto XIII, el aragonés Pedro de Luna, como voz que clama en el desierto (en el largo cautiverio de Aviñón y en el exilio de Peñíscola), defendiendo el principio de legalidad canónica como el principal bien de la Iglesia a proteger en ese momento.

Y es que en ese momento los príncipes del mundo se conformaban con poner y quitar papas y llevarlos de aquí para allá. Hoy no les basta: poner y quitar papas, también. Les sobraba Benedicto XVI y no pararon de acosarle con campañas de desprestigio en el exterior e insidias en el interior.

Ahora, sin embargo, pretenden cambiar la doctrina y hasta la teología de la Iglesia. Y en ello andan algunos empleados bien a fondo. Sólo así podrían -no podrán- convertir a la Iglesia en una inofensiva ONG, dedicada exclusivamente a atender a la marginación social que generan las corruptelas de un sistema podrido que, obsequioso, otorgaría la subvención. Menos mal que el poder de la muerte no la podrá destruir… (cf. Mateo 16,18) a pesar de todo lo que la maltratamos. ¡Dios sea bendito!

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Opinión

Hipótesis sobre los resultados de las elecciones catalanas. Por Ernesto Milá

Ernesto Milá

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No está muy claro cuál va a ser la repercusión de las elecciones catalanas, ni siquiera los resultados. Se ignora, por el momento, el efecto que pueden tener medidas como la amnistía, los casos de corrupción y cómo reaccionará el electorado nacionalista. Ni siquiera en la derecha están claros los resultados. Todo empezará a verse más claro cuando se sepa el resultado de las elecciones vascas (que albergan menos incertidumbres) y cuando se deshinchen los globos mediáticos sobre el “Caso PSOE” y la respuesta socialista activando el ventilador de la corrupción (esto es, cuando se vayan conociendo los alcances jurídicos y penales de ambos casos). Al mismo tiempo, ni siquiera están claros algunos candidatos que se presentarán (empezando por Puigdemont), ni mucho menos son creíbles los sondeos publicados. Así pues, vamos a intentar contemplar distintas hipótesis.

ILLA: ¿SUBIRÁ O BAJARÁ? YA NADA DEPENDE DE ÉL NI DE SU CAMPAÑA

En nuestra opinión Illa es un candidato “tocado” por sus propios errores durante la pandemia (él mismo dijo que al ser nombrado “ministro de sanidad”, no tenía ni idea de sanidad y nadie esperaba que se produjera la llamada “pandemia”) que no afectan solamente al manejo alegre de fondos del ministerio que se perdieron en mascarillas inservibles, tests igualmente falsos y material caro, malo y que se destruyó sin exigir devoluciones. Lo peor no es esto: esto sería, en el peor de los casos, incapacidad para gestionar un ministerio (algo previsible en un tipo que carecía por completo de experiencia en gestión y cuyo modesto título de “licenciado en filosofía” no le ayudaba en nada). Lo peor es que durante la gestión de Illa murió gente. Entonces, cuando el miedo atenazaba a la sociedad española, estábamos poco dispuestos a creer que la mayoría de las muertes se debían a la “mala praxis médica” recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero, desde entonces, las voces que ya lo advirtieron en aquel momento, se han convertido en un clamor. Y no, no somos negacionistas: existió pandemia y existió el virus… pero el mayor crimen fue recomendar unos protocolos que, en lugar de erradicar el virus cuando aún se podía, tendían a “hundirlo” en los pulmones de donde ya era imposible erradicarlo. Esa es la tesis que cada día gana más fuerza y que, en su momento, pocos médicos se atrevieron a denunciar.

Aquella mala gestión, presentada por Sánchez como un “gran éxito”, fue suficiente para desplazar a Illa al frente del PSC catalán en donde sigue. Ahora queda saber, si en los dos meses y medio que quedan hasta las elecciones, surgirán nuevas informaciones, tanto sobre el descontrol que existía en el ministerio de sanidad durante su gestión, como el error de aplicar protocolos contraproducentes en el trato de la enfermedad. El futuro de Illa dependerá, en gran medida, de esto, pero, además se le junta otro problema.

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EL PRECIO DE LA AMNISTÍA QUE PAGARÁN LOS SOCIALISTAS

El electorado socialista que permanezca fiel al PSC deberá de aceptar la versión oficial pedrosanchista sobre la oportunidad de conceder la amnistía: que se trató de una medida para poner el contador a cero, limpiar los errores del pasado, perdonar delitos de todo tipo a cambio de garantizar la convivencia. Pero este razonamiento es débil por dos motivos: el primero de todos, que el contador no está a cero. En realidad, los independentistas, ahora, están más fuertes que antes: consideran que no hicieron nada ilegal y, han repetido, por activo y por pasiva, que volverían a hacerlo. Así pues, los propios independentistas se encargan de desmentir y desmontar el razonamiento de quien les ha indultado. El segundo motivo es que resulta demasiado evidente que Sánchez sigue en el poder gracias a los 7 votos de Junts y que los ha obtenido para alcanzar una escuálida mayoría, obteniendo a cambio, solamente, la seguridad de mantenerse unos meses más en el poder.

La maniobra ha sido urdida por Sánchez, pero su virrey en Cataluña es el que tendrá que dar la cara ante su electorado. La duda es si una cuarta parte de los votos que obtuvo el PSC en las elecciones generales, seguirá pensando que el PSC era el muro más seguro contra el independentismo, seguirá fiel a la sigla o se habrá convencido de que el PSC no solamente no es el “muro”, sino que es el ariete: esto es, el muñeco que, manejado por el independentismo, consigue abatir, mucho mejor que ellos mismos, las resistencias de la unidad del Estado. Porque esto es lo que viene produciéndose desde Pascual Maragall, el hombre, con el cerebro ya desbaratado por la enfermedad, que se obstinó en la reforma del Estatuto (cuando no existía demanda social alguna), pacto con ERC y dio origen al problema que actualmente sigue vivo (y no lo estaba a principios del milenio, salvo en minorías juveniles muy radicalizadas).

LO IMPORTANTE ES QUIEN SUPERARÁ A QUIEN: ERC A JUNTS O VICEVERSA

El espacio independentista es, literalmente, caótico: ni siquiera dentro de las dos grandes formaciones (ERC y Junts) se está de acuerdo en lo que se pretende y mucho menos en cómo conseguirlo. Una nebulosa se percibe en ambos partidos en sus propuestas. Agitan todavía el tema de la independencia, pero da la sensación de que lo único que les interesa es liquidar el asunto, consiguiendo un “referéndum de autodeterminación” (“no vinculante” para unos y “vinculante” para otros). A diferencia de en 2007, los más lúcidos, dan por sentado que ese referéndum daría un resultado negativo… pero, al menos, podrán ´decir a su electorado, “lo hemos intentado”. Pocos son -pocos de los que tienen neuronas y las utilizan- los que piensan que la independencia de Cataluña es posible en las actuales circunstancias. El fracaso del “procés”, les ha hecho meditar… aunque no tengan el valor de afirmarlo públicamente, porque, como se sabe, el fin de un partido nacionalista/independentista es la independencia y, si esta no se puede conseguir, ¿para qué existe la sigla?

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No vamos a presenciar un debate entre dos programas políticos realistas, sino entre un programa “posibilista” (el de ERC) que quiere seguir detentando las riendas de la gencat, y un programa “agresivo” (el de Junts) que quiere restituir en la presidencia a Puigdemont. Los dos se declaran “indepes” y quieren convencer a su electorado de que lo siguen siendo, pero, en realidad, los dos, lo que quieren es tener las más amplias parcelas de poder para alimentar a sus cuadros. Eso es todo. La duda de si se producirá el sorpasso de Junts a ERC o si ERC mantendrá la hegemonía en el jardín indepe, es lo único que está en juego. ¿Referéndum? Ambos partidos han llegado a la conclusión de que lo mejor es… “jugar y perder”.

 

LAS FUERZAS NO INDEPENDENTISTAS

Teniendo en cuenta que el PSC juega la carta del equívoco desde la misma fusión de las distintas ramas del socialismo catalán en la transición, y su postura “federalista” es tan inviable como la “independentista”, el electorado que todavía conserva cierto sentido de la realidad nacional e internacional, está ubicado fuera de los márgenes del ambiguo socialismo catalán. En efecto, nos estamos refiriendo al PP, a Vox y a los restos de Ciudadanos. El electorado no independentista y “españolista” o “estatalista”, desearía que estas formaciones se presentaran bajo una misma etiqueta. De hecho, la lógica política implica que así debiera ser y que el poder de atracción de un polo así concebido sería el tercer actor político en Cataluña (tras el bloque independentista y tras el PSC). ¿O hay que recordar que Ciutadans, fue el partido más votado en las elecciones regionales de 2017? Y su programa se reducía a un solo punto: “no al nacionalismo – no al independentismo”.

Por otra parte, la derecha no ha extraído conclusiones de su derrota en las elecciones generales de 2023 que se debió a presentarse dividida en dos opciones, lo que permitió que se perdieran “restos” en beneficio del PSOE y en aplicación de la Ley d’Hondt. Cada uno de los dos partidos cree que podrá quedar “por delante” del otro en Cataluña. Pero, lo que está demasiado claro, es que la división de las fuerzas “estatalistas” seguirá siendo el factor que las suma en la irrelevancia en la política regional.

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Si el PP queda por delante de Vox, su dirección podrá alardear de “éxito electoral” (lo más probable es que aumente el número de votos, lo que no está tan claro es de dónde procederán esos votos, si de Vox o de sectores decepcionados con el PSC) y reforzar el previsible avance que obtenga en las elecciones vascas, en donde las últimas encuestas dan una pérdida notable de votos al PSOE (en beneficio, por una parte, de Bildu y, por otra, del PP). Para Vox, quedar por delante del PP supondría mantenerse como una opción tentadora para los votantes de este último partido que cada vez más quieren posiciones más claras y menos contemporizadoras.

De todas formas, el gran error y lo que limitará las posibilidades y los resultados “estatalistas” es su persistencia en desconocer que solamente un “programa único” podría llevarlos a competir con los dos otros bloques de la política catalana.

LO QUE SERÍA DESEABLE PARA EL ESTADO

Cataluña es la única reserva importante de votos que le queda a Pedro Sánchez. Sean cuales sean sus resultados en el País Vasco, aquella comunidad no puede aportar numéricamente gran cosa al PSOE. Si Sánchez consigue detener la sangría de votos socialistas catalanes, corre el riesgo de estabilizar su situación (hoy extremadamente precaria). Pero, para eso, haría falta que Illa obtuviera un buen resultado y que esto le permitiera entrar en el gobierno de la gencat, junto a ERC (en caso de que este último, como es seguro, no obtuviera una mayoría suficiente para gobernar en solitario).

Desde el punto de vista del “interés nacional” y de la “gobernabilidad del Estado”, una derrota socialista en Cataluña o, al menos, un descenso significativo de votos (al que se uniría en apenas un mes, una derrota previsible y sin paliativos de toda la izquierda europea en las elecciones de la Unión Europea), es deseable, necesaria y supondría otro golpe de piqueta para la existencia de la sigla “PSOE”.

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Desde que se inició el “procés”, siempre hemos sostenido que la independencia de Cataluña era completamente imposible, además de inviable. Cada vez estamos más convencidos de esta afirmación. La situación catalana está tan degradada, especialmente en materia de orden público y seguridad ciudadana que, aunque la temática no ocupa el primer plano en los programas de los partidos, está ahí para quien verla: un tercio de la población catalana ha nacido fuera de España o son hijos de extranjeros; ya existen zonas en Cataluña en donde la policía ha sido expulsada y diariamente se repiten incidentes cuando la policía entra en barrios de Salou, de Tarrasa o incluso en zonas de la propia Ciudad Condal, las prisiones catalanas están descontroladas (el asesinato de una cocinera y las protestas de los funcionarios han exteriorizado la situación de control que ejercen los presos procedentes del Magreb), Barcelona ya es considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo… Y todo esto con la policía nacional y la Guardia Civil, literalmente expulsadas del territorio catalán y con una policía autonómica desbordada y sin posibilidades de combatir a la delincuencia. A esto se suman los problemas de desindustrialización, gentrificación, la concentración de la mitad de la población catalana en torno a la ciudad de Barcelona, con un campo abandonado a su suerte y un gobierno de la gencat, consciente de todos estos problemas, pero ansioso de comprar la paz étnico-social mediante subsidios y seguir creyendo que con un certificado de catalán, los casi dos millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes ya están integrados.

Sin olvidar que Cataluña tiene la tasa de natalidad más baja de todo el Estado (y el Estado Español una de las más bajas de todo el mundo)… ¿Quién iba a decir que después de 45 años de “Generalitat de Catalunya” la propia identidad catalana estaría en trance de desaparecer? Por que ese es el problema real y de fondo al que se enfrenta la sociedad catalana. Por mucho que se empeñe la gencat en llamar al engendro creado “Cataluña multicultural”, lo cierto es que, si es “multicultural” no es “catalana”. Ni siquiera europea. Por eso, siempre hemos sostenido que una Cataluña independiente tendría muchas más posibilidades de integrarse en la Liga Árabe que en la UE… Lo dijimos y lo mantenemos.

 

Ernesto Milá.

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