La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Partido Popular de Esperanza Aguirre desvió más de 25 millones de euros de dinero público desde las Consejerías de la Comunidad de Madrid para financiarse de forma ilegal en solo cinco años. Según fuentes de la investigación, el Ministerio Público aprecia este desfalco entre 2005 y 2010, a través del supuesto plan que Aguirre y sus antiguos hombres de confianza urdieron desde que accedieron al poder en 2003. Ellos eran a la vez los gobernantes regionales y los líderes de la formación, en un círculo que se retroalimentó.

Según el Ministerio Público, los fondos desviados nutrieron la llamada caja B del Partido Popular de Madrid, una supuesta contabilidad opaca controlada por el exgerente Beltrán Gutiérrez entre al menos 2006 y 2012, y sufragaron de forma encubierta gastos electorales. Anticorrupción trata de averiguar si parte del dinero enriqueció ilegalmente a las personas que favorecieron los amaños investigados.

El Ministerio Público solicitó el pasado viernes al juez por estos hechos la imputación de Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y del PP de Madrid hasta 2016; así como de sus sucesores Ignacio González y Cristina Cifuentes. Lo ha hecho en la pieza separada del caso Púnica que indaga en esa supuesta caja B.

Falsedad electoral

Los fondos desviados habrían esquivado las cuentas oficiales del PP y las que deben abrir los partidos para canalizar sus pagos en campaña. La ley electoral fija un coste máximo y regula la apertura de cuentas y los gastos electorales; unas normas que, según la Fiscalía, el PP de Madrid se saltó sistemáticamente en 2007, 2008 y 2011.

Anticorrupción considera, según las mismas fuentes, que Aguirre ejerció un rol protagonista en esa esquema ilegal, a sabiendas de que las campañas buscaban fortalecerla y mantenerla en el poder. Los investigadores denuncian que el planteamiento de las campañas forzaba un derroche incompatible con el cumplimiento de la ley.

El viaje del dinero desviado desde las arcas públicas de las Consejerías hasta la caja B de la formación política se habría canalizado principalmente a través de las sociedades del empresario Horacio Mercado.

Sus firmas recibían el dinero directamente del Gobierno regional o de las entidades adjudicatarias de las licitaciones. La fórmula habitual era el cobro de una mordida de un 1 por ciento del contrato público para una fingida actividad de publicidad. La realidad, según los investigadores, era que el sobreprecio iba a parar al partido.

Además de las adjudicaciones amañadas entre 2005 y 2010 desde las Consejerías –Presidencia, Empleo y Mujer, Economía, Sanidad, Transportes, o Medio Ambiente, entre otras–, otros entes públicos también habrían sido utilizados para la supuesta financiación ilegal. Así habría sucedido a partir de 2011 con la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) o con el Canal de Isabel II, la empresa que gestiona las aguas madrileñas. Ambas, presididas por Ignacio González, que encabezó la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015.

Círculo de confianza

En ese entramado, la antigua lideresa habría aupado a conciencia precisamente a González y a Francisco Granados para garantizar su protagonismo en las prácticas supuestamente ilegales. Así interpreta Anticorrupción la decisión de Aguirre de desgajar la Consejería de Presidencia respecto de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de la región, un paso que adoptó en diciembre de 2004. Aguirre nombró a Granados en el primer escalón, y a González en el segundo, dejando en sus manos las empresas públicas que mayores presupuestos manejaban. Años después, en 2016, Aguirre aseguró que de 500 cargos que nombró solo dos le habían salido «rana».

Ambos políticos –convertidos en su círculo de confianza y ejecutores de sus decisiones, según los investigadores, además de Alberto López Viejo– han caído en desgracia. Granados es considerado el cabecilla precisamente de la trama Púnica; y González, de la Lezo, desarrollada a través de la internacionalización del Canal de Isabel II.

Los investigadores destacan que Aguirre firmó el decreto que puso todo el suelo de Madrid al servicio de Granados, al colocar bajo su control la empresa pública Arpegio, que gestionaba el suelo de la comunidad. Y que entregó a González el dominio sobre las partidas de publicidad de cualquier consejería, al otorgar a la Vicepresidencia Primera la Dirección General de Medios.