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Economía

El Congreso aprueba el techo de gasto de Sánchez gracias al independentismo catalán y vasco

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La mesa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Quim Torra ha fructificado hoy en forma de una mayor proximidad en el Congreso de los Diputados de los partidos independentistas, en un día en el que se votaba el techo de gasto y la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos de 2020.

El diputado de ERC, Joan Margall, ha señalado en la tribuna que permitirá que salga la senda de déficit. «No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit, como no nos gusta que no paguen lo más de 400 millones que nos deben de IVA. Pero ERC ha venido a Madrid para resolver un conflicto político», ha arrancado para acabar tal que así: «Hoy con nuestro voto le damos margen político».

Con su abstención, sumada a la de Bildu y los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Coalición Canarias, Nueva Canarias y PRC, el Congreso de los Diputados ha aprobado la senda de déficit 2020-2023 y el techo de gasto que permiten iniciar el camino para sacar los Presupuestos de 2020. La votación ha obtenido 164 apoyos, 150 noes y 19 abstenciones. Ahora deberá ser el Senado el que dé el visto bueno a las cuentas.

Previamente, Gabriel Rufián había anticipado, ante la pregunta de si su grupo se abstendría, que «ERC siempre cumple sus acuerdos». Aunque en un segundo plano tras el cónclave de ayer, las cifras tras el techo de gasto fijan un aumento del 3,8% del desembolso no financiero hasta los 127.609 millones de euros, con unas metas de déficit que relajaban la anterior del -0,5% del PIB en 2020 para elevarla al -1,8% este año, el -1,5% en 2021, el -1,1% en 2022 y al -0,9% en 2023.

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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que «esta senda de estabilidad es mejor para Cataluña», al suavizar la meta de déficit para las comunidades del 0% vigente al -0,2% del PIB, lo que supone «más de 2.000 millones».

Y más allá de los números la ministra lanzó un mensaje dirigido «sobre todo a JxC». «A JxC se me ocurren muchas razones que decirles para no bloquear esta senda, pero quizá la más importante es que estamos encauzando un problema político pero con la que no podemos afrontar los problemas cotidianos», ha abundado.

Un esfuerzo que no ha sido suficiente para recabar el apoyo del partido de Quim Torra. El portavoz de JxC, Ferrán Bel, ha desvelado que su grupo se opondrá a la senda de déficit y el techo de gasto. «Nuestra posición de hoy no presupone para nada nuestro voto a los Presupuestos Generales del Estado. Se debe desvinuclar de la mesa de diálogo, porque si no alguien puede pensar que para que continúe la mesa debemos votarle todo a favor», ha advertido Bel. También la CUP, a través de la diputada Mireia Vehí, se ha mostrado crítica con la senda de déficit que presentaba el Ejecutivo.

Subida de impuestos

Entrando en los números, Montero ha sacado pecho de la reducción de deuda pública, que acabó 2019 en el 95,5% del PIB. “Este Gobierno ha hecho en un año lo que el de Rajoy hizo en tres”, ha señalado. Sin embargo, la portavoz económica del PP, Elvira Rodríguez le ha afeado que Hacienda no desvele el cierre del déficit de 2019, que organismos como el Banco de España «sitúan en el 2,4% del PIB o el 2,5%», y ha incidido en que el ajuste de siete décimas insinúa «una considerable subida de impuestos». «Nos está pidiendo un acto de fe», ha sentenciado, para anunciar la oposición del PP a la senda.

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Relajación de la regla de gasto

«Tampoco se entiende cómo va a reducirse el déficit de la Seguridad Social, que ayer nos señaló la Comisión Europea», ha criticado Rodríguez. Pese a todo, el gasto crece por encima de lo que lo hará la economía, lo que ha sido saludado por el diputado de Podemos, Txema Guijarro, como unos primeros presupuestos «expansivos».

La ministra Montero también ha señalado que aprobará una flexibilización de la regla de gasto, el tope que limita el desembolso a una tasa ligada al crecimiento, permitiendo «más inversiones sostenibles, incorporando los gastos plurianuales y mayores conceptos como gastos para evitar despoblacion o educacion», entre otros. Ello permitirá gastar más a las comunidades y ayuntamientos con superávit, aunque compromete acelerar la reducción del déficit conjunto de las administraciones.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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