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Economía

La incertidumbre política frena a mínimos de 2013 el crecimiento de la actividad en España

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El crecimiento de la actividad del sector privado de España se ralentizó en mayo a su nivel más bajo de los últimos cinco años y medio, según refleja el índice compuesto de gerentes de compras (PMI), que bajó a 52,1 puntos desde los 52,9 de abril, su peor lectura de los últimos 66 meses, según ha informado IHS Markit, que atribuyó parcialmente esta desaceleración a la incertidumbre política en el país, en contraste con el repunte observado en el dato de la zona euro. «Dicha desaceleración estuvo vinculada con la inestabilidad política en el país tras las recientes elecciones, que ha afectado la demanda interna, además de una continua atenuación de las ventas en el extranjero debido a que las tensiones comerciales están lastrando la actividad económica mundial», indicó Paul Smith, economista de IHS Markit.

En el caso del sector manufacturero español, la actividad rozó el estancamiento en el mes de mayo, situando el índice PMI correspondiente en 50,1 puntos, frente a los 51,8 de abril, mientras que en el sector servicios el dato retrocedió a 52,8 puntos desde los 53,1 del mes anterior, su peor lectura desde septiembre de 2018. “El crecimiento económico español se tambaleó a mediados del segundo trimestre, ya que la producción manufacturera se estancó y el crecimiento del sector servicios se ralentizó debido a unos aumentos más lentos de los nuevos pedidos”, apuntó Smith, advirtiendo de que el índice PMI sugiere un crecimiento más lento del PIB de España para el segundo trimestre en su conjunto.

El bajo rendimiento del sector manufacturero se vinculó con unacaída de los nuevos pedidos por segunda vez en los últimos cuatromeses, señalaron los autores de la encuesta, mientras que en el sector servicios los nuevos pedidos aumentaron, aunque lo hicieron al ritmo más débil desde septiembre de 2013. “Hubo informes procedentes de ambos sectores de que la incertidumbre política, tras las recientes elecciones, debilitó las ventas en mayo. La preocupación sobre la coyuntura política también afectó las perspectivas”, añadieron. Por su parte, el empleo del sector manufacturero cayó en mayo por primera vez desde finales de 2013, pero como el sector servicios continuó contratando personal, el ritmo de crecimiento del empleo en conjunto se mantuvo.

Por su parte, el índice de producción industrial cayó un 2% en abril respecto al mismo mes de 2018, lo que supone encadenar dos meses en negativo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Corregidos los efectos del calendario -la diferencia de días hábiles teniendo en cuenta que este año la Semana Santa ha caído en abril- el índice sube un 1,7%.

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En marzo este índice ya registró descensos: un 0,2% en original y un 3% en corregido. Con estos datos, la producción industrial se mantiene plana en los cuatro primeros meses del año con una tasa media del 0%, según cifras del INE.

Por sectores, la producción industrial cae en todos en abril: bienes de consumo, con un descenso del 0,5%; bienes de equipo, con una caída del 2,4%, bienes intermedios, con un retroceso del 1,9% y energía, que cae un 3,5%. Dentro de los bienes de consumo, la mayor bajada se da en los bienes de consumo duraderos, un 4%. Al detalle por industrias, el descenso más pronunciado es para fabricación de vehículos de motor, con una caída del 10,8%. A finales de mayo, la Asociación de Fabricantes Anfac ya señaló que la producción de turismos, todoterrenos, vehículos comerciales e industriales en España se había desplomado en abril un 16,3% en el sexto mes consecutivo de descensos.

De vuelta al índice general, y en la serie corregida, la producción sube en todos los sectores a excepción de la energía. Por regiones, la tasa anual de la producción industrial aumenta respecto a abril de 2018 en cinco comunidades autónomas y disminuye en las otras 12. Los mayores incrementos se dieron en Murcia, un 13,2%; Extremadura, un 4,2% y Valencia, un 3,3%. Los mayores descensos se dieron en Galicia, un 11,4%; Baleares, un 9,8% y Castilla y León, un 8,1%.

 

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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