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Patronal y sindicatos denuncian haber sido “engañados” por el Gobierno en la negociación de los ERTE ¿Este Gobierno mintiendo? No damos crédito

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Trabajo se comprometió a mantener las exenciones a empresarios pero luego presentó un descenso progresivo de las ayudas por “la menor incidencia del virus”

Los agentes sociales se sienten “engañados” tras las reuniones mantenidas con el Gobierno durante esta última semana para negociar la prolongación de los ERTE más allá del estado de alarma. El último escollo entre Trabajo, patronal y sindicatos se encuentra en la prolongación o no de los ERTE de fuerza mayor. Este miércoles la mesa de negociación salió sin acuerdo, por segundo día consecutivo, tras cuatro horas de reunión. Las fuentes consultadas por LPO aseguran que se respiraba “una gran tensión” entre los interlocutores.

 Los agentes sociales llegaron con un nuevo programa bajo el brazo para negociar en este encuentro. Cuál fue su sorpresa cuando, por parte del Gobierno no se presentó ninguna propuesta, ni se logró llegar a ningún punto de acuerdo. Tanto patronal como sindicatos desvelan que su mayor temor es que el Ejecutivo de Sánchez prolongue los ERTE hasta el 30 de septiembre, sin contar con el diálogo de los agentes sociales. “Nos levantamos de la mesa y no hay otra reunión convocada. Esperamos que en estas horas, el Gobierno nos remita un nuevo borrador con su última propuesta o nos llamen aprobando la nuestra”, aseguran.

Tal y como publicó LPO, el Gobierno se comprometió con los agentes sociales a enviarles un nuevo borrador, a lo más tardar, el miércoles por la mañana para que, patronal y sindicatos, negociaran sobre los puntos del Ejecutivo. Sin embargo y tal y como denuncian, “el borrador nunca llegó” y entraron en la reunión sin conocer qué pensaba el Gobierno o en qué punto de la negociación se encontraban. Por su parte, los agentes sociales sí que hicieron el trabajo y presentaron su documentación actualizada con sus exigencias.

Según las mismas fuentes, el Gobierno estaría dispuesto a aprobar todo el programa de los agentes sociales, excepto la prolongación de los ERTE que mantienen a todos los trabajadores sin actividad, por fuerza mayor. “El Gobierno solo contempla seguir prolongando el ERTE parcial porque considera que una vez finalizado el estado de alarma no tiene sentido seguir con el ERTE de fuerza mayor total”, aseguran. Esto implica también no seguir exonerando a las empresas las cotizaciones íntegras de la Seguridad Social de estos trabajadores.

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El malestar de los agentes sociales con el Ejecutivo sobre este asunto viene de largo, pero este martes la mecha llegó a su fin cuando la ministra les advirtió que daría por cerrada esta mesa de negociación el 30 de septiembre. El anuncio soliviantó aún más los ánimos de la CEOE y el encuentro se cerró por todas las partes sin acuerdo, después de que el lunes descarrilara la que pretendía ser la reunión definitiva. El Ejecutivo buscaba llevar la medida al Consejo de Ministros del pasado martes y tuvo que posponerla, pero advierten que “de éste no pasa”. El presidente del Gobierno se ha comprometido a “seguir prolongando estas ayudas” en la presentación este jueves del Plan de impulso al Sector Turístico. Los altos responsables de este sector le advirtieron esta mañana en Moncloa que “la salvación del futuro del turismo pasa por los ERTE”.

Un cambio de criterio en cuestión de horas

Más allá de las reservas del Gobierno a mantener las exenciones actuales, a los agentes sociales les ha molestado, sobre todo, la ausencia de propuestas el Ministerio de Trabajo y el cambio de criterio que protagonizó el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, en la jornada decisiva del miércoles: “En privado nos trasladó una cosa, y al comienzo de la reunión otra totalmente distinta”.

Así lo asegura a LPO Gonzalo Pino, secretario de política sindical de UGT y uno de los representantes de los agentes sociales en el cónclave celebrado el miércoles en Trabajo. La misma fuente explica que, tras la falta de acuerdo con el Gobierno el martes, Yolanda Díaz y su equipo parecían haber aceptado mantener las mismas condiciones de los ERTE hasta el 30 de septiembre. De hecho, añade, “así se nos transmitió antes de que comenzara la reunión”. Después, no obstante, la propuesta por parte del Gobierno fue otra: para los trabajadores que se reincorporen con reducción de jornada el Ejecutivo apuesta por una exención del 60 % de la aportación empresarial en julio, del 50 % en agosto y del 40 % en septiembre para las empresas con menos de 50 empleados (35 %, 25 % y 15 % respectivamente para las de 50 o más).

La oferta indignó tanto a empresarios como sindicatos, que no entendieron la justificación dada por Trabajo: “Nos dijeron que las exenciones se reducían por la menor incidencia del virus. Lo que no entendemos, entonces, es por qué mantienen los ERTE por causa mayor vinculados al Covid”. En ese sentido, Pino explica que los agentes sociales solo ven posibles, en este momento, dos soluciones: “O el Gobierno mantiene los ERTE por coronavirus con las exenciones actuales, o es mejor que los eliminen y volvamos a los ERTE por causas productivas o económicas, con las exenciones correspondientes”.

El secretario de política sindical de UGT advierte, además, que al Gobierno “no le queda otra alternativa” que aceptar una de estas dos posibles salidas del conflicto. Entre otras cosas, “porque existe una acuerdo entre patronal y sindicatos que debería respetar”. Además, añaden, dar por concluidas las conversaciones sin un acuerdo pondría en riesgo la continuidad de la llamada “comisión de seguimiento” prevista para septiembre, y cuyo objetivo era llevar los ERTE hasta finales de año: “Si ahora no hay acuerdo, es difícil que podamos pactar luego nada en septiembre”. Concluye, en este sentido, con la siguiente advertencia: “Los agentes sociales nos hemos plantado. Ahora es el Gobierno el que tiene que mover ficha, porque nuestras posiciones ya han quedado claras”.

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Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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