LA APLICACIÓN DE ELECTROSHOCKS Y OTROS AVERSIVOS APLICADOS A PACIENTES DEL CENTRO JUDGE ROTENBERG (ABAers Certificados) SON TORTURAS.

Así lo indica la ONU en su informe:

Malos tratos con descargas eléctricas a niños y jóvenes adultos inscritos en el programa residencial del Centro Judge Rotenberg en Canton (JRC en adelante), Massachusetts 149.

El Relator Especial agradece al Gobierno de los Estados Unidos de América su respuesta, de fecha 2 de enero de 2013, a esta comunicación sobre el trato sufrido por niños y jóvenes adultos inscritos en el programa residencial del Judge Rotenberg Center (JRC), incluyendo el uso de terapia aversiva mediante descargas eléctricas y medios físicos de contención.

En su respuesta, el Gobierno informa de que el JRC utiliza desaceleradores electrónicos graduados (GED) para administrar descargas cutáneas contingentes como forma de control de la conducta aversiva, incluyendo dos versiones del GED, a saber, el GED3A y el GED4, que están modificados más allá de lo aprobado para su uso por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

El Gobierno explicó que la FDA ha enviado una carta de advertencia al JRC el 6 de diciembre de 2012, exigiendo una pronta acción correctiva en lo que respecta al uso de los GED modificados y solicitando una reunión para discutir el cese de su uso. El Gobierno también informó que “el uso de la terapia aversiva por parte del JRC ha sido cuestionado a través de una variedad de acciones legislativas y judiciales estatales y federales”, incluyendo la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre posibles violaciones de las leyes de derechos civiles, que sigue abierta y en curso. En este contexto, el Gobierno reitera que estará encantado de proporcionar información adicional una vez que la investigación haya concluido.

En Massachusetts se han presentado en los últimos años diversas medidas que regularían o prohibirían el uso del tratamiento aversivo, pero no se han convertido en ley. Sin embargo, el Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) de la Commonwealth de Massachusetts modificó su normativa sobre MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA en octubre de 2011 con el fin de prohibir a todas las escuelas de Massachusetts el uso de determinadas intervenciones aversivas, a menos que el niño tuviera un plan de tratamiento aprobado por el tribunal que permitiera su uso antes del 1 de septiembre de 2011.

El Gobierno declaró además que en el Estado de Nueva York se han promulgado normas que prohíben a todas las escuelas de día o residenciales el uso de intervenciones aversivas, que también prevén exenciones renovables anualmente en los casos de niños cuyos “planes educativos individualizados” exigidos por el Estado aprobaron el uso de la terapia aversiva antes del 30 de junio de 2009.

Además, las autoridades de Nueva York esperan que, para junio de 2014, todos los residentes (de Nueva York) en el JRC, incluidos los que siguen siendo objeto de intervenciones aversivas aprobadas por los tribunales, reciban una oferta de colocación en el Estado de Nueva York, donde no están autorizadas esas intervenciones.

El Relator Especial acoge con satisfacción la nueva información recibida que indica que en febrero de 2013 el Estado de Massachusetts anunció que estaba tratando de revocar la orden judicial que había aprobado los planes de tratamiento con terapia aversiva.

Aunque el Relator Especial aprecia la respuesta del Gobierno, expresa su grave preocupación por la integridad física y mental de los estudiantes que residen en el JRC, en vista del uso continuado de la terapia de descargas eléctricas y los medios físicos de restricción como parte del programa educativo del JRC.

Señala que, aunque en 2011 el Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) de la Commonwealth de Massachusetts aprobó cambios en la normativa que limitaban el uso de las intervenciones aversivas de nivel III (incluidas las descargas cutáneas), esta nueva normativa sigue permitiendo el uso de descargas eléctricas para aquellos alumnos que tuvieran un plan de tratamiento existente aprobado por el tribunal a partir del 1 de septiembre de 2011 (115 CMR 5.14).

En virtud de la normativa revisada, solo los nuevos alumnos de Massachusetts están protegidos de las medidas aversivas de nivel III, incluidas las descargas eléctricas o las sujeciones prolongadas.

El Relator Especial observa con gran preocupación que muchos alumnos del JRC siguen siendo elegibles para las intervenciones aversivas de nivel III, incluido el tratamiento con electrochoques.

Al Relator Especial también le preocupa que la normativa de Massachusetts no se aplique en otros estados. El JRC, que anteriormente se llamaba INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO, estaba ubicado en California y Rhode. No hay nada que impida al JRC volver a trasladarse a otro estado.

Se necesitan protecciones a nivel federal para asegurar que las aversiones de Nivel III se acaben en los Estados Unidos de América.

El El Relator Especial entiende que, en virtud de las órdenes judiciales individualizadas que existen actualmente para los pacientes del JRC, el uso de aversivos de nivel III se ha justificado como forma de tratamiento, rehabilitación, habilitación o educación para personas con discapacidad.

El Relator Especial Relator desea llamar la atención sobre el reciente informe de Mandatos sobre la aplicabilidad de la TORTURA y los MALOS TRATOS en el ámbito de la atención sanitaria (A/HRC/22/53, 1 de febrero de 2103).

Como se indica en el párrafo 18 del informe, las interpretaciones autorizadas del derecho internacional de internacionales de derechos humanos han establecido que una violación de la Convención contra la Tortura puede producirse “cuando el propósito o la intención de la acción u omisión del Estado no era degradar, humillar o castigar a la víctima, pero que, sin embargo, ese fue el resultado”.

El informe cuestiona el concepto de que la necesidad médica pueda ser utilizada para justificar una práctica de tratamiento que induce un grave dolor emocional o físico (véanse los párrafos 31-35), “Este es el caso, en particular, cuando los tratamientos intrusivos e irreversibles, no consensuados, se realizan en pacientes de grupos marginados, como las personas con discapacidad, a pesar de las alegaciones de buenas intenciones o de necesidad médica” (párr. 32).

El Relator Especial recuerda al Gobierno el párrafo 7a de la Resolución 8/8 del Consejo de Derechos Humanos, según el cual los castigos corporales, incluidos los de los niños, pueden constituir crueles, inhumanos o degradantes o incluso la tortura.

El Relator Especial también recuerda su informe al 60º período de sesiones de la Asamblea General, en el que determinó que cualquier forma de castigo corporal es contraria a la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para justificar la violación de sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional, incluida la prohibición de los castigos corporales.

El Relator Especial también reitera que en el párrafo 5 de la Observación General Nº 20, el Comité de Derechos Humanos afirmó que la prohibición de la tortura y los malos tratos debe extenderse a los castigos corporales, incluidos los castigos excesivos ordenados como castigo por un delito o como medida educativa o disciplinaria.

Por lo tanto, y en ausencia de pruebas que indiquen lo contrario, el Relator Especial determina que los derechos de los alumnos del JRC sometidos a Intervenciones Aversivas de Nivel III por medio de descargas eléctricas y medios físicos de contención han sido violados en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la TORTURA y otras normas internacionales.

El Relator Especial pide al Gobierno que garantice una investigación rápida e imparcial de estas prácticas continuas. Pide al Gobierno que proporcione información sobre la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre las posibles violaciones de las leyes de derechos civiles y que tome medidas para prohibir el uso de las Intervenciones Aversivas de Nivel III para todos los estudiantes a nivel nacional, incluyendo aquellos estudiantes que tenían un plan de tratamiento aprobado por el tribunal a partir del 1 septiembre de 2011 en Massachusetts.