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Tribunales

Denuncian al Gobierno por su implicación en la estafa a los trabajadores que informatizó Zapatero

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José Luis Rodríguez Zapatero
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Javier Marzal.- En artículos anteriores hemos informado de la denuncia de ANVIPED contra el autoritarismo de la Seguridad Social, del Presidente de Gobierno Sánchez y su antecesor Rajoy, así como de dos Ministros de cada uno de ellos y de varios cargos nacionales y provinciales que la prensa calificó como “estafas” de la “mafia de los recortes”.

En 2007, el Gobierno de Zapatero aprobó el Real Decreto 1311/2007, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

A efectos de la denuncia de ANVIPED, cabe destacar que se mantiene la documentación necesaria para acreditar el trabajo de estos trabajadores.

El otro aspecto relevante de este Real Decreto (RD), consiste en que establece que el Instituto Social de la Marina (ISM) tenía que realizar en un año un “plan de medios” para unificar toda la documentación sobre el trabajo efectivo de estos trabajadores. Con este Plan de medios se habría acabado con el autoritarismo de la Seguridad Social denunciado. El ISM es un organismo de la Seguridad Social que interviene junto con el INSS en la tramitación de las pensiones de varios colectivos de trabajadores.

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En este año de 2007, estalló la crisis estadounidense y la gente informada, como el Presidente Zapatero, sabían que crearía una gran crisis en España, aunque negara la misma. El referido RD es de octubre de 2007 que es el mes en el que estalló la crisis en Estados Unidos.

La administración Zapatero incumplió su propia ley hasta 2011, es decir, durante tres años.

Resulta llamativo que este Plan de medios no lo hizo el Director General del ISM que estuvo durante esos tres años, sino que, como se dice en la denuncia, el actual Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez, le sustituyó por Luis Casqueiro Barreiro, mediante designación a dedo.

Según se dice en la denuncia, este Director General hizo el Plan de medios en octubre de 2011, automatizando en los ordenadores las denominadas “estafas” de la “mafia de los recortes” por dos medios de comunicación regionales, influyentes y prestigiosos, uno vasco y otro gallego. De esta forma se ignoraba parte del contenido de los documentos oficiales del Ministerio de Fomento, incumpliendo este Real Decreto, la Ley General de la Seguridad Social, las normas internacionales y la jurisprudencia española, que afirman que los documentos oficiales expedidos por el Ministerio de Fomento, son los únicos documentos que acreditan el “trabajo efectivo” de estos trabajadores.

Estos hechos inducen a pensar que el Gobierno de ZP intentó obligar al Director General del ISM a informatizar estas estafas, éste se negó y le destituyeron por ello.

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Tras nuestra reunión con un Senador del PSOE, esta formación política, entonces presidida por Sánchez, tuvo la desfachatez de registrar una Iniciativa Parlamentaria contra la entonces Ministra Báñez, a pesar de lo antedicho.

Hemos informado de esta trama al Presidente Sánchez, al Ministro de Fomento y a la Ministra de la Seguridad Social, obteniendo una respuesta donde se desentienden del asunto. La Ministra de Fomento fue invitada a participar en el programa especial de radio en RTVE que se emitió tres veces en noviembre de 2018, pero nadie del Ministerio intervino, limitándose a enviar un escrito donde mantenía la posición del PP.

La denuncia de ANVIPED incluye casos de esta trama, con sentencias judiciales, durante el Gobierno de Zapatero (PSOE), igual que en los anteriores Gobiernos de Aznar (PP) y González (PSOE), así como en los posteriores de Rajoy (PP) y de Sánchez (PSOE). No sólo son casos de los trabajadores del mar, sino también de otros colectivos.

En posteriores artículos seguiremos informando sobre otros aspectos de las 42 páginas de esta denuncia y de su tramitación.

Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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