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Economía

EE.UU. impondrá este mes aranceles a China por 200.000 millones de dólares

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Estados Unidos impondrá a partir del próximo 24 de septiembre aranceles del 10 % por valor de 200.000 millones de dólares (171.000 millones de euros) a productos chinos, en el marco de la guerra comercial que libra con el gigante asiático.

Así lo ordenó este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, según un comunicado publicado por la Casa Blanca.

El mandatario destacó en el texto que esos gravámenes aumentarán al 25 % a partir del 1 de enero y advirtió de que “si China toma represalias contra nuestros agricultores u otras industrias, inmediatamente iniciaremos la tercera fase, que consiste en aranceles de aproximadamente 267.000 millones en importaciones adicionales”.

En una rueda de prensa, funcionarios estadounidenses que pidieron el anonimato explicaron que se ha decidido empezar con unos aranceles más bajos a los anunciados en agosto con el objetivo de dar más tiempo a los estadounidenses y sus empresas para buscar sustitutos a los productos chinos.

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Este movimiento busca mitigar los efectos del cambio, detallaron los citados funcionarios.

En julio, el Gobierno publicó una lista de los productos que se verían afectados por los aranceles, entre los que figuraban reactores nucleares, señales de tráfico y componentes de trenes.

Durante semanas, se ha llevado a cabo un proceso de consultas públicas que ha culminado con la decisión de conceder exenciones a varios artículos, como aparatos electrónicos que usan el sistema de conexión inalámbrica “bluetooth”, así como productos químicos para la agricultura y utensilios para hospitales, como guantes de plástico.

Algunas de esas exenciones benefician a la compañía tecnológica Apple, con sede en Cupertino (California) y que compra a empresas chinas algunos de los componentes de sus aparatos electrónicos.

La aprobación de los nuevos aranceles llega días antes de que EE.UU. y China inicien un nuevo ciclo de negociaciones comerciales que tendrá lugar entre el 27 y 28 de septiembre en Washington, según desveló este fin de semana el diario The Wall Street Journal.

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El periódico apuntó que la imposición de estos gravámenes busca dar una ventaja a Washington en la que sería su quinta ronda de negociaciones comerciales.

Las dos mayores economías del mundo están inmersas desde hace meses en una guerra comercial por los aranceles que Washington está imponiendo a las importaciones chinas.

Trump considera que el déficit comercial de su país con respecto a Pekín, que calcula en 376.000 millones de dólares anuales, es inaceptable y tiene que equilibrarse.

“Con suerte, este problema comercial se resolverá, en último término, por mí y el presidente chino, Xi Jinping, hacia quien tengo un gran respeto y afecto”, indicó Trump en su comunicado.

Los equipos de negociación chino y estadounidense ya han mantenido cuatro rondas de reuniones. La última de ellas estuvo encabezada por el viceministro de Comercio chino, Wang Shouwen, y el subsecretario del Tesoro estadounidense, David Malpass.

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Ambos países ya habían celebrado tres encuentros antes del verano: primero se entrevistaron en Pekín a principios de mayo, luego se vieron en Washington a mediados de ese mes y decidieron poner “en suspenso” el conflicto, y a comienzos de junio volvieron a reunirse en la capital china.

No obstante, ninguna de esas tres primeras citas consiguió disuadir a Trump de imponer aranceles a importaciones chinas (la mayoría del sector tecnológico) por importe de 34.000 millones de dólares el día 6 de julio.

Pekín respondió con medidas análogas que impactaban principalmente a bienes agrícolas, en particular la soja.

Posteriormente, entró en vigor una segunda tanda de gravámenes a productos chinos cuyo valor ascendía a 16.000 millones de dólares -completándose así la lista inicial que anunciaba aranceles a bienes por 50.000 millones- y China reaccionó de nuevo aplicando una medida similar a productos estadounidenses.

Tras esas represalias se han sucedido las amenazas, sobre todo por parte de Trump, quien ha llegado a decir que estaría dispuesto a imponer aranceles a bienes chinos por un importe de hasta 500.000 millones de dólares.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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