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Economía

La Cámara de Comercio de Barcelona quiere que sus socios no paguen impuestos a España

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La futura Cámara de Comercio de Barcelona (Cambra) preguntará a los empresarios que figuran en su censo si están de acuerdo en que esta corporación se involucre en la construcción activa de “estructuras de Estado” para “hacer efectiva la república” y si el Rey debe ser declarado persona non grata.

El candidato a la presidencia de la Cambra, Joan Canadell, que sustituirá en este cargo a Miquel Valls, ya que la lista independentista Eines de País cuenta con la mayoría absoluta del pleno, ha avanzado este lunes que ésta será una de sus prioridades en el mandato que se iniciará a finales de junio.

En concreto, la Cambra controlada por la lista soberanista tiene previsto plantear antes de acabar el año varias consultas, una vez haya llevado a cabo la actualización del censo de la corporación pública, integrada por empresarios y autónomos de toda la provincia de Barcelona, con la excepción de Terrassa, Sabadell y Manresa.

“Queremos saber si los empresarios están de acuerdo en que la Cambra se involucre para hacer efectiva la república; si, en un determinado escenario que ya definiremos, estarían de acuerdo en hacer soberanía fiscal, y si se debe declarar personan non grata al rey por haber presionado a las empresas a trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña”, ha asegurado Canadell en rueda de prensa.

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La realización de consultas a los alrededor de 400.000 empresarios y autónomos que integran la Cambra estaba en el programa electoral de Eines de País, y Canadell ha anunciado hoy que tienen previsto poner en marcha estos mecanismos lo antes posible.

El papel que debe jugar la Cambra “en el proceso de construcción de la república” es un asunto “clave” para la candidatura impulsada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

“Somos conscientes de que a las elecciones fue a votar sólo un 4 % del empresariado, por eso sería imprudente tomar decisiones sin contar con su apoyo”, ha dicho el futuro presidente de la Cambra, que ha comparecido acompañado por los que serán vicepresidentes primero, Mònica Roca; segundo, Pere Barrios; y tercera, Roser Xalabarder.

Canadell ha apuntado que, si el resultado de las consultas va en dirección contraria a los planteamientos del equipo que dirigirá la Cambra, se replantearán las iniciativas y alguna decaería, como la declaración del rey como persona non grata.

La nueva Cambra tiene también previsto varios estudios en profundidad, entre los que destaca uno sobre “los costes de oportunidad de que el Estado español no haya invertido en Cataluña en los últimos años como ha prometido”, en aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña.

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“Queremos que todo el mundo en Cataluña sea consciente de lo que hemos perdido por esa no inversión. Podremos hacer que mucha gente abra los ojos”, ha subrayado.

La nueva dirección de la Cambra, que cerrará el próximo miércoles la designación de los cargos que quedan sin cubrir del comité ejecutivo, se ha marcado como gran objetivo trabajar para que Cataluña recupere “el liderazgo económico”, lo que pasa, a su juicio, por “poner en marcha una república independiente”.

“No somos quién para hacer eso porque corresponde a los políticos, pero ayudaremos en todo lo que podamos para que sea una realidad lo antes posible”, ha insistido Canadell.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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