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Tribunales

La injerencia de Sánchez en la Fiscalía: una clara declaración de intenciones y un mensaje al independentismo

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El Consejo de Ministros propondrá este martes que la hasta ayer ministra de Justicia, Dolores Delgado, sea la nueva fiscal general del Estado, un movimiento sin precedentes que ha despertado las críticas de la mayor parte de la carrera fiscal y de la oposición.

Tras ir anunciando durante los últimos días los nombres de los titulares de los 18 ministerios y cuatro vicepresidencias del nuevo Gobierno de coalición, el presidente, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar la sorpresa este lunes, cuando se ha conocido el relevo de la hasta ahora fiscal general, María José Segarra.

Delgado, que tendrá que dejar el escaño como diputada del PSOE, vuelve así al Ministerio Fiscal, pero esta vez a su cúspide, en el que es un movimiento inédito que solo ha tenido un antecedente similar en democracia, cuando el Gobierno de Felipe González nombró fiscal general al que había sido ministro de Presidencia Javier Moscoso.

Al frente de la Fiscalía, Delgado deberá tomar decisiones que estarán bajo permanente escrutinio, sobre todo en la causa del “procés”, en un momento en el que algunos presos ya podrán pedir permisos penitenciarios y cuando las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín están congeladas a la espera de que el Parlamento Europeo decida si levanta su inmunidad.

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Delgado deberá actuar, según marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con “plena objetividad e independencia”, algo de lo que recelan la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales y los grupos de la oposición, que ven en su mudanza un intento de injerencia del Gobierno en la Justicia.

CRÍTICAS GENERALIZADAS DESDE LA JUSTICIA

Para la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, que ve en el nombramiento “una declaración de intenciones” del poder político para “meter las zarpas en la Fiscalía”, todavía resuena una entrevista en la que Pedro Sánchez sugirió que el Ministerio Público dependía del Gobierno, palabras que matizó poco después.

También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la mayoría de asociaciones judiciales han recibido con preocupación el anuncio, que afecta, a su juicio, a la credibilidad y a la imagen de independencia de la Fiscalía.

Las buenas palabras solo han llegado de la mano de las asociaciones progresistas: Juezas y Jueces para la Democracia ha destacado su experiencia como fiscal, y la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció Delgado, ha asegurado que confía en su independencia y ha subrayado la defensa que hizo de la autonomía de la Fiscalía como ministra.

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REACCIONES POLÍTICAS

En el plano político, las reacciones no se han hecho esperar, y desde el Gobierno la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha querido dejar claro que el Ejecutivo no pretende “en ningún momento” controlar la Fiscalía con la propuesta de Delgado.

No se lo cree el presidente del PP, Pablo Casado, que se ha referido a Delgado como la “ministra número 23” del nuevo gabinete y ha anunciado que acudirá a los tribunales para recurrir un nombramiento con el que considera que Sánchez ha perdido “definitivamente las formas y el pudor”, porque “ataca la separación de poderes y el Estado de derecho”.

En esa línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, considera que la propuesta es una “prueba más” del “golpe institucional” del presidente para que el PSOE “se apodere del Estado”, mientras que Ciudadanos ve una maniobra “para politizar la justicia”, dando satisfacción a ERC y a los populistas.

Entre las fuerzas independentistas ha predominado en las primeras horas la cautela ante la propuesta. “Lo importantes son los hechos”, ha señalado el presidente del Parlament, Roger Torrent, desde Estrasburgo, donde ha arropado a Puigdemont y Comín en su estreno como eurodiputados.

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Quien no se ha pronunciado por el momento ha sido el socio de Gobierno de Sánchez, Podemos, si bien su abogado en el caso Villarejo, Alejandro Gámez, ha cargado en Twitter contra Delgado por “mentir” sobre su relación con el excomisario y ha recordado su amistad con el exjuez Baltasar Garzón, que defiende a ex altos mandos policiales imputados: “No se me ocurre peor elección para torpedear o reconducir este caso”.

El Consejo General del Poder Judicial se reunirá previsiblemente este jueves de forma extraordinaria para informar sobre la idoneidad de la candidatura. Con ese informe, el Consejo de Ministros del viernes podría ya remitirla al Congreso para que comparezca ante la Comisión de Justicia, órgano que no se ha constituido en esta legislatura y que es difícil que esté formado antes de febrero.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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