AR.- Hay una realidad que los políticos esconden, y es que cada año se suicidan unos 4000 hombres. Son hombres desesperados a los que la Ley de Violencia de Género encarcela, a quienes se les impide ver a sus hijos y a los que se les estigmatiza de por vida. La Ley de Violencia de Género produce casos de malversación de fondos públicos, ya que hay casos en los que se mantienen las ayudas a la mujer maltratada pese al sobreseimiento del caso denunciado, mientras que se dan otros casos de víctimas de agresiones que no tienen derecho a nada. Esto es un auténtico negocio. No estamos consiguiendo dar una solución real al problema del maltrato, ya que siguen muriendo mujeres. Y también hombres.

El articulo 14 de nuestra Constitución Española afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Por consiguiente, los “inventores” de esta Ley, al crear un Juzgado de violencia contra la mujer y no contra el hombre, están violando clara y descaradamente este derecho constitucional. Ningún partido ha defendido la exigencia de responsabilidades con carácter retroactivo a los que crearon y apoyaron esa norma, que está provocando que miles de hombres entren en prisión, o que sean detenidos sin más, como si fueran delincuentes, por el solo hecho de que una mujer interponga una denuncia.

Según el plan integral de Violencia de Género, durante el periodo comprendido entre 2014 y 2018, el presupuesto fue de unos 3.900 millones de euros. Estas cifras revelan la dimensión del ‘chiringuito’ creado a partir de esta injusta y terrible Ley de Violencia de Género. Es indignante y deleznable lo que esta Ley está haciendo con los hombres. De ahí que no podamos permanecer de brazos cruzados.

Zapatero se definió, tras ganar las elecciones de 2004, como “feminista radical”. La Ley Integral de Violencia de Género de ese año despoja del derecho a la presunción de inocencia a la mitad de la población española: la masculina, a la que en la práctica se permite detener sin más prueba que la declaración de la supuesta víctima de malos tratos. Por no incidir en que se conculca el artículo 14 de la Constitución, pues considera determinadas acciones como delito si las cometen los hombres, y como falta, si las cometen las mujeres. Así arranca Diego de los Santos su libro «Las mujeres que no amaban a los hombres» (Almuzara), manual de consulta de infinidad de hombres que han sufrido denuncias falsas por parte de sus ex parejas.

La situación actual es aberrante. Miles de hombres encarcelados sin más, por una denuncia de una mujer desalmada, cabreada o enfadada, que conoce bien cómo utilizar este ‘arma’ legal contra su pareja. Y si no la conoce, enseguida el abogado de turno la informará de lo fácil y rápido que es utilizarla. Es imperativo que esta injusta Ley desaparezca de forma inmediata, y que se indemnice a las victimas que la han tenido que sufrirla. Y qué decir de los pobres niños que se quedan huérfanos y que además son manipulados para que acaben rechazando a su padre, con las mentiras que astutamente suelen utilizar las mujeres sin alma y sin compasión. Esta Ley debe desaparecer.