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Tribunales

Una mujer juzgada en Pamplona fue absuelta tras por violar en tres ocasiones a su sobrino de 15 años y para la que pedían 42 años de cárcel

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Una prueba más del doble rasero en algunas resoluciones judiciales y de la degradación de la democracia española. Ocurrió en 2017. Una mujer de 24 años juzgada en Pamplona por mantener relaciones sexuales con su sobrino de 15 años fue absuelta de varios delitos de agresión sexual y abuso sexual hacia su sobrino político de 15 años de edad.

La presunción de inocencia ha prevalecido ya que no se ha podido demostrar que las relaciones sexuales tuvieran lugar por las amenazas de la mujer sobre el menor.

La joven estaba acusada de obligar al menor a tener relaciones sexuales con penetración en varias ocasiones en el domicilio familiar en la cuenca de Pamplona bajo amenazas de que le diría a la familia que era él el que la violaba.

Según sostuvo la acusación, la mujer aprovechaba para violar al menor cuando se quedaban solos o los demás miembros de la familia dormían.

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El Ministerio Fiscal solicitaba para la mujer 42 años de prisión, 13 por cada delito de agresión sexual y 3 por otro de abuso sexual, además de una indemnización de 15.000 euros.

LOS HECHOS TUVIERON LUGAR EN LA CASA FAMILIAR

Los hechos de los que se le acusaba tuvieron lugar entre mayo y agosto de 2015 cuando el menor tenía 15 años y la mujer 23. El joven vive desde hace 13 años en una localidad navarra próxima a Pamplona, junto a su padre, sus hermanos y la pareja de su padre de nacionalidad española y con la que mantiene una relación maternofilial.

Durante un breve periodo de tiempo entre mayo y agosto de 2015 fueron a vivir a la vivienda familiar el hermano del padre junto a su novia.

Un día, según el relato del menor, estaba en el salón con la pareja de su tío, a la que consideraba su tía, y ésta comenzó a hacerle cosquillas, se puso sobre él y le besó por el cuello.

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El menor le interrumpió “¿Qué haces?” Entonces la mujer le bajó los pantalones diciéndole que si les contaba algo a su padre o a su tío (pareja de la mujer) diría que la él la había violado.

La mujer, según la acusación, obligó al menor a tener relaciones sexuales con penetración en varias ocasiones. Los padres supieron de lo que estaba ocurriendo cuando, en una ocasión, el hermano pequeño entró en la habitación y los vio en la cama.

El menor, que explicó que había ocultado lo que ocurría por vergüenza y culpabilidad, le contó lo que estaba pasando a su padre. Los peritos que analizaron el testimonio del menor dieron credibilidad al joven al que han descrito como un joven sumiso que no llegaba a puntuar siquiera en las pruebas de agresividad u oposición, por lo que se daba verosimilitud a la versión del joven que no se habría opuesto ante las intimidaciones de su tía.

Los resultados de las pruebas psicológicas daban la razón al testimonio del joven y de su padre en contraposición con lo defendido por la tía, que describió en la vista oral sus meses en la casa como una pesadilla en la que habría sido forzada, violada por el joven de forma continua y amenazada de muerte por toda la familia incluso con un cuchillo.

UNAS FOTOS QUE NO APARECIERON

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La mujer, que añadió numerosos acontecimientos a su testimonio inicial durante la vista, aseguró que tenía fotos en su móvil de hematomas y heridas que mostraban que había sido forzada a mantener relaciones sexuales pero que los hermanos pequeños del menor le cogieron el móvil y las borraron.

En su turno de palabra, la joven aprovechó para reincidir en que “había sufrido una agresión, que temía por su vida y que se habían aprovechado de una persona en un país que no conocía a nadie” y que quería ” que le devolvieran las cosas que aún no le habían devuelto” que se quedaron en la casa después de que la echaran tras descubrirse los abusos. Por último señaló que “ella era la víctima”.

La familia solicitaba 50 años de prisión, 14 por cada delito de agresión sexual y 8 años más por el delito de abuso sexual además de una indemnización de 100.000 euros y una orden de alejamiento.Por su parte, el letrado de la joven solicitaba la libre absolución de su defendida tal y como se ha decretado finalmente.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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