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Economía

Uno de cada diez trabajadores españoles es pobre, sólo por detrás de Rumanía y Grecia

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El director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto, ha reclamado medidas para mejorar la baja calidad del empleo y los salarios en España, tras considerar que la recuperación económica no ha estado acompañada de una recuperación social aún lejana.

Con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente, Nieto ha recordado este lunes que España es el tercer país europeo con mayor porcentaje de trabajadores pobres con un 13%, frente al 9,5% de media de Europa, y solo por detrás de Grecia (un 17%) y Rumanía (24%).

Detrás de la realidad española está en buena medida el empleo parcial no deseado, ya que unos tres millones de trabajadores lo son a tiempo parcial, la mayoría mujeres que tiene esas jornadas de forma involuntaria, ha señalado el responsable de la OIT.

“En calidad y remuneración hay mucho que avanzar”, ha reclamado Nieto, quien ha recordado que la crisis hizo “mucho, mucho daño” y que, aunque se ha conseguido que los datos macroeconómicos funcionen, la recuperación social “no ha ido al mismo ritmo que la económica”.

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Respecto al trabajo de cuidados, aspecto en el que se han centrado los sindicatos en la celebración de esta jornada internacional, Nieto ha hablado de la necesidad de reconocerlos y repartirlos de forma más equilibrada entre hombres y mujeres, al tiempo que ha reclamado más servicios públicos en este ámbito.

Mejorar las condiciones en cuidados

Desde la Confederación Sindical Internacional (CSI) se ha hecho un llamamiento para que se aumente la inversión pública en cuidados, no solo para mejorar las condiciones laborales de un sector infravalorado, sino también para avanzar hacia la igualdad de género en el trabajo y en la sociedad.

La CSI destaca en su web que las mujeres asumen más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo y calcula que si los países industrializados invirtieran el 2% del PIB en el sector de cuidados se generaría un aumento del empleo total del 2,4% al 6,1%.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha recordado en rueda de prensa que en el caso de España nueve de cada diez personas que abandonan su trabajo para cuidar de un familiar son mujeres, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

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Según Antoñanzas, el que las tareas de cuidados se asuman en el entorno familiar, sobre todo por mujeres, supone una “esclavitud tangible” con gran repercusión en términos económicos, ya que el sector de cuidados podría suponer el 15% del PIB en España.

Para ello se requiere, ha dicho, mayor gasto en protección social para generar más empleo en servicios sociales y asistencia en establecimientos residenciales, y disminuir la demanda de empleo doméstico.

Coincide con ella el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que en otra rueda de prensa ha reclamado más y mejor inversión pública para dignificar el trabajo de los cuidados a las personas dependientes, porque crea empleo y es estratégico para garantizar la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer.

“Los cuidados siguen estando feminizados y es necesario que se encarguen los servicios públicos para que las mujeres puedan estar en pie de igualdad con los hombres”, ha afirmado Sordo.

La secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisande, ha explicado que si el despliegue del trabajo de cuidados de dependientes fuese completo, se podrían crear hasta 160.000 empleos, tras incidir en que la provisión de cuidados tiene que ser una “apuesta social y no de las familias”.

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Para la patronal de las agencias privadas de colocación Asempleo, la dignificación del trabajo pasa por intensificar la lucha contra el empleo sumergido y el fraude laboral, por la “lacra” que suponen para la economía y la protección social.

“El empleo no declarado, la economía sumergida, la utilización ilegal de los contratos temporales o el insuficiente control de las condiciones laborales, pueden conducir al deterioro del mercado y a la pérdida de competitividad a medio plazo”, ha señalado Asempleo en un comunicado.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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