Ocurrencias de Ciudadanos - ALERTA NACIONAL
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Cartas del Director

Ocurrencias de Ciudadanos

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La propuesta de Cs al PP para turnarse en la Alcaldía de Madrid es una ocurrencia que desacredita al partido naranja. La fórmula le ha funcionado con los socialistas en Albacete y Ciudad Real, pero no por eso deja de ser una iniciativa irrespetuosa con las instituciones. Cs está utilizando sus concejales en la capital como el argumento del chantaje al PP para maquillar su enésimo fracaso en el asalto al liderazgo del centro derecha. Villacís se está equivocando con el obstruccionismo a Almeida y cargando de razones a quienes diagnostican en Cs un grave problema de desorientación táctica y estratégica. Las urnas dijeron con claridad que el liderazgo del cambio en el Ayuntamiento de Madrid corresponde al PP. Es legítimo que Cs quiera alcanzar poder pero ahora le toca esperar hasta las próximas elecciones municipales. Entre tanto, deben asumir que están transmitiendo una imagen negativa de ambición por el poder que empieza a corresponderse con la realidad de un partido que siente que pierde una y otra vez las oportunidades de superar al PP.

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La lectura del tiempo que le toca vivir a Cs y a su candidata en Madrid, es la de formar una mayoría no de izquierdas que compense en los ámbitos municipal y autonómico el radicalismo de un previsible gobierno del PSOE con Podemos, apoyado por los nacionalistas y separatistas. Cs debe ahorrarse sus continuos amagos con romper la baraja con los populares y centrarse en asumir un espacio concreto en la vida pública española. El Ayuntamiento de Madrid no es un botín electoral, sino uno de los mejores escaparates de las políticas liberales, moderadas y reformistas que puede encontrar el centro derecha en España para convencer a más electores e impulsar una victoria a nivel nacional. La adolescencia puede ser hasta simpática, pero en un partido con aspiraciones de gobierno resulta decepcionant


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Contradicciones y mentiras

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El rocambolesco caso de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, pone de manifiesto que el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha abandonado cualquier atisbo de transparencia y no duda en sembrar la confusión cuando sus contradicciones salen a la luz. Más allá de los detalles de esta visita clandestina, y de las mentiras que la han rodeado, el dato evidente es que Sánchez tiene como vicepresidente a Pablo Iglesias, cuyas relaciones con la dictadura de Venezuela son más que evidentes. Las pesadillas de aquel Sánchez que no podía tener en su Ejecutivo a un defensor del chavismo se han hecho pronto realidad.

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Algunas fuentes venezolanas indican que la presencia de Delcy Rodríguez en Barajas habría sido preparada por el propio Iglesias para “compensar” y contraprogramar la visita del Presidente encargado Juan Guaidó a Madrid, a quien el vicepresidente sólo reconoce como jefe de la oposición en Venezuela, en abierta contradicción con la posición oficial del gobierno español.

Es el propio presidente Sánchez quien debe dar la cara y explicar los pormenores de este incidente, por el que ya le están pidiendo cuentas la Unión Europea y los Estados Unidos. Con este juego de ambigüedades y mentiras nos estamos jugando la credibilidad de España en Europa y en América Latina.


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Cordón fiscal del PP frente al Gobierno

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Como la culpa de todo lo que sucede o pueda suceder en España la tiene o la va a tener el Partido Popular, según la propaganda que despacha el Gobierno y aventan sus medios afines, el PP no ha tardado en mover ficha para mostrar a la opinión pública cuál es su programa y sobre qué principios se sostiene, especialmente en materia económica y fiscal. La reunión convocada ayer en Madrid, donde se citaron los consejeros de Hacienda de los ejecutivos regionales que preside el PP, responde a la necesidad de hacer un frente común ante el acoso -confesado por la propia ministra de Economía- que el equipo de Sánchez ha diseñado para poner coto a las ventajas y los incentivos fiscales con que el Partido Popular ha logrado dinamizar la creación de empresas, la generación de empleo y el bienestar social en las comunidades en las que gobierna, con Madrid a la cabeza. El igualitarismo que predica la izquierda como remedio contra las desigualdades que dice combatir se traduce en la persecución de quienes amenazan su plan global de empobrecimiento, especialidad del PSOE cuando se asienta en el Gobierno. En la diana está Madrid, pero también todas aquellas comunidades que abogan por subvertir el programa socio-comunista de subida de impuestos e intimidación empresarial anunciado por el Ejecutivo.

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Al plantar cara a estas iniciativas de forma concertada, lo que hacen las comunidades gobernadas por el PP no es una opción política basada en el frentismo, sino una obligación cívica ligada a la responsabilidad. Lo era cuando la economía española crecía en torno al 3 por ciento del PIB y lo es, con más motivo, cuando la desaceleración se va a ver agravada por un paquete de medidas fiscales que solo pueden desalentar la inversión y destruir empleo.


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Celaá quiere expropiar a los padres la responsabilidad de educar a sus hijos

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Los niños no son propiedad de los padres ha dicho la ministra de Educación tras el Consejo de Ministros, que fue ayer el último de los Consejos de Ministros de los viernes. Y lleva razón la ministra, seguramente no hay algo más evidente para quien trae a un niño al mundo, para quien lo cría y lo ve crecer que los niños no son de los padres. Pero mucho menos del Estado. Los padres tienen eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como les parece mejor para ellos. Y ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Si la ministra de Educación ha querido expropiar a los padres de su gusto y de su responsabilidad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.

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Menos mal que tenemos un Estado progresista que libera a los niños de sus padres. Hay que librar la lucha de clases en el seno de la familia. Estas declaraciones de las dos ministras han sido la reacción al acuerdo al que han llegado Vox, el PP y Ciudadanos en Murcia para poner en marcha el pin parental. El Gobierno de Sánchez va a hacer un requerimiento al Gobierno de Murcia y va a llevar el asunto a los tribunales. El caso del pin parental es un caso muy interesante y nada sencillo sobre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza que reciben los niños y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, de los que no son los dueños pero sí los responsables. Estamos hablando de los límites de los derechos y las fronteras siempre son viscosas en este campo. El pin parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres autoricen o no autoricen cualquier charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro que no están dentro del currículum. Por parte de Vox, Espinosa de los Monteros ha argumentado que tiene derecho a autorizar o no autorizar estas charlas.

Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Mal asunto. Llevamos décadas sin un acuerdo amplio sobre qué y cómo deben estudiar nuestros hijos. La Administración, el Estado, tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Lo ideal es que esos contenidos estén consensuados y sean para todos. Pero los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El conflicto se planteó en la época de Zapatero porque había una serie de padres que consideraban que la asignatura de Educación para la Ciudadanía vulneraba su libertad y debía asistirles la objección de conciencia. El asunto llegó al Supremo, que, con una sentencia muy controvertida, aseguró que no había derecho a la objección de conciencia porque la materia de esa asignatura no podía vulnerar la libertad de conciencia de los padres. Ahora, con el pin parental, no estamos en el mismo caso porque no se discute sobre un asignatura que esté en el plan de estudios impartida por profesores. Aquí estamos hablando de una enseñanza que no está incluida en el plan de estudios y que no imparten los profesores. Ya veremos qué dicen los tribunales, pero parece lógico que en una sociedad plural, los contenidos que no estén en el programa sean autorizados por los padres. Seguro que hay padres que quieren decidir sobre la asistencia de sus hijos a una charla extraescolar sobre el genocidio de Stalin provocado por la deskulakización. En una sociedad como la nuestra, tan poco dada a los consensos, incluso en aquellos contenidos que están en el programa, convendría tener prevista una fórmula para que la libertad de conciencia de los padres pueda ejercerse.

Democracia no es solo mayoría.


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