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Economía

Casi la mitad de las empresas españolas prevé una recesión en los próximos cinco años

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La desaceleración económica, el descenso de las exportaciones y los mayores riesgos de deuda a futuro son tres de los factores que marcan el devenir de las empresas españolas en 2019.

El nuevo Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, compañía líder en gestión de créditos y activos, apunta que el 44% de las empresas españolas encuestadas ve posible que se produzca una recesión en los próximos cinco años.

Sin embargo, esta cifra es nueve puntos menor que el promedio europeo (53%) y sitúa a España entre los cinco países más optimistas frente a la idea de una recesión, en línea con Francia.
Entre las casi 12.000 organizaciones entrevistadas en 29 países, las más positivas son las austriacas, ya que el 23% de las empresas de esa nacionalidad no prevé una recesión en los próximos cinco años. En el extremo opuesto se encuentra Grecia, donde el 93% de las compañías está preocupada por la recesión económica, bien porque considere que su país ya está inmerso en ese proceso, o bien porque cree que lo estará en los próximos años.

En la misma línea se encuentran las empresas italianas (84%), especialmente después de que, según el Instituto Nacional de Estadística (Istat), en enero de 2019 el país entrase oficialmente en recesión por tercera vez. Una situación, que, a pesar de haber sido ya superada por Portugal, continua sin calar en las empresas lusas, pues 8 de cada 10 siguen pensando que habrá una recesión a corto plazo.

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En el ámbito nacional, las compañías gallegas (52%), las castellano y leonesas (52%) y las madrileñas (51%) son las que actualmente tienen peores previsiones sobre la situación económica del país, en línea con la media europea (53%), ya que más de la mitad de sus empresas cree que habrá una recesión antes de 2024.

En lado opuesto, las compañías más optimistas son las manchegas, donde apenas un 29% de los empresarios ve factible una recesión en cinco años, seguidas de las andaluzas, vascas y catalanas, con un 38%.

¿Cómo reaccionan los empresarios ante esta situación?

Intrum también ha querido conocer cómo reaccionan las empresas ante la ralentización de la economía en la eurozona y qué medidas de protección emplean para mantener su competitividad en el mercado.
Para afrontar esta incertidumbre, tanto las empresas españolas como las europeas prefieren, en primer lugar, establecer un plan de reducción de costes. Mientras el 45% de las compañías europeas escoge esta medida, en España el 38% elige esta opción.

Por lo que respecta a las regiones españolas, Castilla-La Mancha es la comunidad más partidaria de realizar recortes. Según este estudio, el 84% de las empresas manchegas opta por ello, seguida de las murcianas (56%) y las madrileñas (49%). Unas cifras que contrastan con el 23% de las compañías de País Vasco que aplicaría recortes para afrontar una recesión o el 26% de las de Castilla y León.

No obstante, la bajada de costes no siempre va unida a un descenso de la contratación de nuevos empleados. En España, sólo el 12% de las organizaciones planea reaccionar a la desaceleración económica con una caída de las contrataciones. Porcentaje muy en línea con todas las comunidades autónomas, excepto Andalucía que registra un 25%.

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Cautela y protección ante impagos, claves ante una desaceleración

La precaución a la hora de endeudarse es una de las máximas que adoptan tres de cada 10 empresas españolas para prevenir su negocio de la desaceleración económica, mientras que en Europa recurre a ella el 36% de las organizaciones.

No obstante, para asegurar su futuro, las compañías españolas no solo eligen la prevención, también aseguran el pago de sus clientes. Máxime cuando, en el último año, las pérdidas por impago han aumentado un 1% en las organizaciones españolas hasta alcanzar el 1,7% de sus ingresos anuales.

Por comunidades autónomas, Aragón encabeza el ranking de pérdidas por impagos, con un 3% de sus ingresos, más de un punto por encima de Madrid (1,9%) y Cataluña (1,7%).

Las compañías españolas que obtienen menos pérdidas por impagos son las murcianas, a quienes sólo les supone un 0,7% de sus ingresos. Buenos resultados también para las organizaciones ubicadas en País Vasco, Castilla y León y Galicia (1,3%), con pérdidas cuatro décimas por debajo de la media española.

En cuanto a las medidas para evitar pérdidas, solo 2 de cada 10 empresas españolas toman medidas para garantizar los pagos de sus clientes y así salvaguardar su negocio de una posible crisis financiera. En este sentido, las empresas madrileñas son las que más apuestan por asegurar los pagos. Un 32% de las encuestadas asevera optar por esta solución, a la que siguen las andaluzas (25%) y las aragonesas (21%).

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Ocho puntos por encima (28%) se sitúa el promedio europeo de organizaciones que aplica medidas de protección, sobre todo, en países como Grecia, inmerso en una situación económica complicada, donde más de la mitad (51%) de sus empresas desarrolla estrategias para que sus clientes les garanticen los pagos.

El ejemplo a seguir en esta materia es, sin duda, Rumanía: el 55% de sus empresas intenta asegurar los pagos de sus clientes para mantener su negocio a flote ante un posible decrecimiento económico.
Incrementar las ventas, una salida para el 16% de las compañías españolas.

Otro aspecto que ha querido analizar Intrum es el porcentaje de empresas que buscan ser competentes en un mercado debilitado incrementando sus ventas. Una fórmula en la que se encuentran diferencias entre la media europea y España, pues el 29% de las empresas europeas plantea afrontar una posible recesión de este modo, en contraste con el 16% de las compañías españolas.

De hecho, solo 10 de las 17 comunidades autónomas encuestadas hacen referencia a las ventas como solución para hacer prosperar su negocio ante una recesión. De ellas, las compañías aragonesas (31%) y catalanas (27%) son las más propensas a reaccionar a las dificultades intentando aumentar sus ventas, frente al 5% de las castellano y leonesas o el 8% de las manchegas.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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