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Pese a su polémico discurso en favor de la inmigración ilegal, el Gobierno admite que desconoce el número de irregulares que hay en España. Es decir, que carece de cualquier dato estadístico para valorar el impacto social y económico de sus medidas.
En una respuesta por escrito al senador Carles Mulet, el Ejecutivo reconoce que “no se dispone de datos sobre el número de extranjeros en situación irregular presentes en España, ya que, por la propia naturaleza del fenómeno, no resulta posible elaborar estadísticas fiables sobre la materia”.
Sin referencias para sus medidas
Las únicas estimaciones del Gobierno se basan en unos cálculos de Eurostat, del año pasado, que cifran en apenas 44.625 el número de “ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea que fueron encontrados en situación irregular en España en el año 2017”. El Gobierno resuelve, finalmente, su “voluntad de velar por los derechos fundamentales del colectivo de inmigrantes, independientemente de su situación administrativa”.
Así pues, el Gobierno carece de cualquier referencia propia para estimar el coste de sus propuestas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció, en una de sus primeras medidas, la derogación de la reforma del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular con el fin de restablecer el derecho a la sanidad universal. La medida, que se aprobó en julio en Consejo de Ministros, supone la asistencia sanitaria gratuita para cualquier persona que viva en España, en igualdad de condiciones. Es decir, podrán ser atendidos también los inmigrantes que no estén empadronados o no tengan residencia, que dispongan de un informe de los servicios sociales.
Apenas dos semanas después de llegar a La Moncloa con la moción de censura, Sánchez afrontó su primera crisis migratoria grave, con la llegada del buque Aquarius. El desembarco de sus 630 inmigrantes fue utilizado por el Gobierno para su discurso en pro de los derechos humanos, con una puesta en escena y despliegue de medios sin precedentes, además de medidas excepcionales, como un permiso de residencia ampliado. Una gestión polémica con la que el Ejecutivo se granjeó sus primeras críticas.
Las cifras de inmigrantes que llegan a las costas españolas ha adquirido en los últimos meses tintes de éxodo. En los nueve primeros meses del año, la llamada ruta del Mediterráneo Occidental, que llega a España, registró alrededor de 35.500 ilegales, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, según Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
Los nacionales de Marruecos, Guinea y Mali representan el mayor número de llegadas en España en lo que va de año y los provenientes de países subsaharianos representan ya más de las tres cuartas partes de todos los que arribaron a territorio español, informó EFE.
“Situación de emergencia”
A finales de julio, y tras negarlo en reiteradas ocasiones, el Gobierno admitió la “situación de emergencia” por la llegada “masiva” de embarcaciones con inmigrantes y alertaba de que no se trataba de un fenómeno “temporal”. Entonces, el Ejecutivo calculaba la llegada de unos 10.500 inmigrantes en los tres meses siguientes.
En otra respuesta reciente, también al senador Mulet, el Gobierno sí ofrece datos sobre los extranjeros en situación legal en España, que asciende a 6.200.933 personas.
